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“Mediante el IVA, el Estado perverso que va en contra del bolsillo de los trabajadores”, afirma Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de los Trabajadores (Únete)
Carlos Díaz
El 40 % del incremento salarial que el 7 de septiembre decretó el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional no fue depositado esta quincena en las cuentas de los 3.500.000 trabajadores de la administración pública, denuncia Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de los Trabajadores (Únete), en entrevista con “La Razón”.
“No vimos el incremento aunque el presidente había ordenado que se haría efectivo entre el viernes y lunes siguiente”, apunta. “La situación es mucho más crítica para 1.300.000 trabajadores de las gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados, quienes todavía están cobrando el mismo salario de enero”, agrega.
Indica que el salario mínimo desde 2008 hasta 2017 ha sido incrementado 171 veces y 373 el ticket de alimentación, mientras que la inflación ha escalado 2.500 %. “Uno de los principales problemas con el acceso a la comida ha sido que se le ha entregado a grupos de militares corruptos la distribución de la comida”, asegura.
“El plan del Gobierno es que todos seamos más pobres y más dependientes de él con sus políticas de hambre y miseria”, asevera. “Solo el 20 % de la población come 3 veces al día, el 80 % solo 2 veces, hay un alto índice de pobreza, enfermedades y altos índices de inseguridad personal”, añade.
Asimismo, señala que instituciones públicas como Ipostel tienen 20 años sin discutir su convención colectiva y en el caso del sector salud hubo la irregularidad de que el contrato marco fue impuesto, y, por tanto, generó molestia en los trabajadores porque los sindicatos no participaron en la discusión.
Desde 2008 hasta 2017 el salario mínimo ha sido incrementado 171 veces y 373 el ticket de alimentación
¿Cómo está la prestación del servicio de HCM? ¿Los trabajadores están siendo atendidos en las clínicas?
—Los mayores problemas, en ese sentido, lo han sufrido los trabajadores de las gobernaciones y alcaldías, debido a que todavía están percibiendo el salario mínimo de enero; y la acción del Gobierno se ha focalizado en dirigirlos a empresas de seguros dirigidos por militares como en el caso de La Previsora. Se han presentado entonces enormes deudas de esos seguros con las clínicas, y, por tanto, no son atendidos. Algunas instituciones manejan fondos autoadministrados pero en algunos casos ha fracasado y en otras ha habido éxito. Como vemos, el Estado no está garantizando el derecho a la salud.
¿Cuánto percibe diariamente el trabajador por concepto de ticket de alimentación? ¿Le sirve al trabajador para comer diariamente?
—El ticket alimentario es un derecho que ha sido símbolo de lucha, especialmente en la discusión de las convenciones colectivas. Critico que Nicolás (Maduro) haya tomado ese ícono de la lucha de la clase trabajadora para ahora cambiarlo de manera irresponsable. A manera referencial, en marzo de 2008 los tickets eran de 506 bolívares y el salario mínimo de 799 bolívares, y en septiembre de 2017 el salario es de 136.000 y los tickets de 189.000. Esto significa una perversión en contra de los derechos de los trabajadores que obliga, entre otras cosas, el uso de las prestaciones sociales para comprar comida. Todas estas acciones empujan a los trabajadores a depender más del Gobierno.
“El Estado no está garantizando el derecho a la salud de los trabajadores”
CAE EL PODER ADQUISITIVO
¿Qué impacto han tenido los incrementos salariales? ¿Han beneficiado realmente a los trabajadores?
—Hasta el jueves de la semana pasada se había producido una pérdida de 1.500.000 puestos de trabajo debido a los incrementos salariales y de tickets de alimentación, y después de la primera quincena de septiembre estamos seguros que muchos empresarios no podrán pagar el decreto salarial del 7 de septiembre y despedirán a muchos compañeros trabajadores. En el caso de la administración pública, la política ha consistido en jubilar a los trabajadores, es decir, mandarlos a la horca porque percibirán una pensión igual o por debajo salario mínimo: es decir, un trabajador que laboró 30 o 35 años en una empresa del Estado va a ganar lo mismo que alguien que recién ingresó. La política salarial y de bonificación es de hambre, y es parte de un plan estratégico para que todos dependamos más del Estado.
¿Qué opina del plan “Chamba juvenil”?
—Es otra política de precarización laboral, donde no hay una retribución salarial significativa. Son 200.000 o 300.000 muchachos que van a ingresar a la administración pública y solo serán utilizados para asistir a las marchas del Gobierno.
¿Qué están haciendo los trabajadores para comer?
—Cuando un trabajador cobra su salario debe realizar las mayores hazañas para que le rinda. Vemos, por ejemplo, que ahora las cajas de ahorro casi no tienen capital porque los trabajadores les están dando palo, ya que la mayoría de sus socios han pedido préstamos para poder comprar comida, y es también el caso de las prestaciones sociales. Los trabajadores no están ahorrando porque todo lo estamos dedicando a comprar comida. Es también lo que pasa con los bonos vacacionales: la gente los utiliza para comprar comida y los útiles escolares, o pagar el colegio. Hay mucha tensión y preocupación en los trabajadores porque se la están viendo muy difícil ante la merma significativa del poder adquisitivo y además con una inflación violenta en las calles. Los trabajadores están necesitados de una solución que permita que su salario pueda rendir y que no signifique esto una preocupación adicional. Es una situación crítica.
“Trabajadores del sector público no vimos el incremento del 40 % esta quincena”
IVA PERVERSO
¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la situación laboral y económica del país?
—Una de nuestras principales propuestas es que el salario no sea impuesto sino que sea producto de la discusión no a través del tripartismo como se hacía en los gobiernos anteriores, sino con seriedad y frente a los trabajadores, los empresarios y las organizaciones sindicales, para construir así juntos políticas sociales que nos permitan salir de esta catástrofe laboral. Por ejemplo, en ese espacio debe considerarse el tema del IVA, porque ahora cuando compramos el arroz en 20.000 bolívares por cada kilo de arroz, el mismo Estado también le quita a los trabajadores 2.500 bolívares por concepto de IVA. Eso es algo perverso que va en contra del bolsillo de los trabajadores.
Además, están las deducciones obligadas que realiza el Gobierno del salario mensualmente, el bolívar cada vez vale menos, el salario le queda en 75 % porque lo demás se lo come el Estado. El Gobierno también participa de esta economía perversa, por tanto, el salario se diluye frente a estas políticas y el descontrol de la inflación.
“El plan del gobierno es que todos seamos más pobres”
¿Las cajas de los Clap están llegando a la clase trabajadora?
—Ha habido muchos problemas con las bolsas Clap, por ejemplo, en diciembre del año pasado más de 2.000 trabajadores del Ministerio del Trabajo compraron las bolsas de los Clap y no se las entregaron. Las bolsas Clap son un plan mediocre, de miseria y solo se las entregan a quienes asisten a las marchas. Es una acción controlada por el Gobierno.
¿Cuáles es la solución para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora?
—La salida es recuperar el país, aceptar que ha fracasado la política económica y aumentar la producción y no la corrupción —como lo ha hecho el Gobierno—, y revisar el modelo económico para elevar el poder adquisitivo del salario, y crear una alianza que proteja los derechos de los trabajadores y no solo montar shows. Debemos unirnos en la construcción de un gobierno de unidad nacional.
“Las bolsas Clap son un plan mediocre, de miseria y solo se las entregan a quienes asisten a las marchas”
“Enviamos una carta al papa Francisco”
¿A cuáles instancias han denunciado la situación de los trabajadores venezolanos?
—Centrales sindicales como Únete, CTV y Codesa, enviamos a la Organización Internacional del Trabajo los informes sobre los convenios ratificados en donde indicamos los altos índices de pobreza en el país, la cantidad de pérdidas de puestos de trabajo y también señalamos las políticas de hambre y miseria del Gobierno. También denunciamos a través de estos informes los amedrentamientos y amenazas que reciben los trabajadores por parte del Gobierno, despidos por razones políticas y por haber participado en el plebiscito (de la oposición), y detenciones como en el caso de Omar Escalante quien es el presidente de Fetracarabobo, Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros y Omar Rojas, profesor de la Universidad de Carabobo. También le dirigimos una carta al papa Francisco, la cual le entregaron en Colombia, en donde le solicitamos sus buenos oficios para que de forma urgente convenza al Gobierno para suplir la falta de alimentos y medicamentos.
