razonnet
La nación venezolana, el país, el pueblo, la democracia y el desarrollo nacional, están ausentes y seguirán marginados de las decisiones trascendentales
Luis Fuenmayor Toro
Sobre este tema escribí en “Continuidad y Cambio” (Nº 98, septiembre 2017), revista virtual del Movimiento “De Frente con Venezuela”, y lo retomo ya en la víspera de las elecciones de gobernadores, las cuales, sin lugar a dudas, son parte de un acuerdo entre los polarizados, independientemente de las mentadas de madre que se echen entre sí. Recordemos que Gobierno-PSUV y MUD son los actores principales de la tragicomedia que sufrimos los venezolanos. Otro elemento claro del consenso es la limitación de las facultades de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo totalmente sustituido por un puño de dirigentes chavecos, que hasta ahora no ha hecho nada de lo que se suponía con excepción de quitar a la brava a la Fiscal, algo que era casi inevitable. De resto, allí sigue la Asamblea Nacional, con sus diputados gozando de inmunidad parlamentaria; allí continúa Julio Borges, pese a los alaridos y amenazas de Maduro; allí está Leopoldo López en su “casa por cárcel”, allí están todos los organizadores y máximos líderes de la insurgencia abril-julio 2017 y también están las conversaciones en República Dominicana.
Este diálogo y el habido desde hace tiempo para acá no son, aparentemente, del mismo tenor de las anteriores. La realidad actual nacional e internacional ha presionado en forma implacable, para que se llegue a un acuerdo real y permanente entre las fuerzas en pugna. Las presiones no han sido sólo sobre el Gobierno, sino también sobre la oposición de la MUD. Lo lamentable es que los términos del acuerdo nada tienen que ver con los intereses de la nación venezolana, ni en lo que respecta a las condiciones de vida de sus integrantes, ni en lo atinente a las posibilidades de iniciar un despegue del subdesarrollo donde nos encontramos. El famoso diálogo busca únicamente disipar la tensión existente entre las dos mafias que se han repartido el país durante estos 19 años, de manera que se cree un ambiente menos conflictivo, de menos ofensas y amenazas, con menos muertos, heridos y detenidos, y donde el reparto de la renta petrolera entre ambas se haga en forma más equitativa que la habida hasta ahora. Pero sobre todo se busca garantizar la alternabilidad, de manera que quienes no mandan hoy puedan mandar mañana.
En la medida que nos acercamos a la finalización del período constitucional de Nicolás Maduro, nuevos retos y necesidades aparecen en el escenario de los bandos polarizados. Para la Mesa es imprescindible un acuerdo sobre las elecciones presidenciales, pues son los supuestos ganadores de estos comicios, por lo que tienen que realizarse (primera exigencia), ser transparentes, tener supervisión internacional y el resultado ser respetado por el Gobierno, que debe entregar su mandato al ganador de la oposición. Ya en las declaraciones de jerarcas de distintos países está presente, en forma destacada, el punto de la elección presidencial. Para el Gobierno, también es imprescindible referirse a este tema en las negociaciones con la MUD. El PSUV tiene que garantizar su existencia y desempeño políticos, más allá del probable cambio de gobierno que pueda ocurrir en 2019. Deben acordar las reglas de coexistencia con quienes estarán en el Gobierno, así como determinar el futuro inmediato de la Fuerza Armada Nacional, la protección de sus mandos y de los cuadros militares en ascenso.
Pero además, si ocurriera una sorpresa y el PSUV no perdiera las elecciones, el Gobierno debe asegurarse de que la MUD también reconocería y acataría el resultado, situación que estaría enlazada al nuevo trato que recibiría la oposición de la Mesa, en forma parecida a como ocurría en el pasado producto de los acuerdos entre Acción Democrática y COPEI. Otros temas estratégicos tendrían que ver con la suerte y administración de PDVSA y de otras empresas del Estado, el manejo de la Faja Petrolera y del Arco Minero, ambos del Orinoco, y las contrataciones ya firmadas por el Gobierno con empresas transnacionales de todo el mundo, en la que Venezuela comparte en forma claramente antinacional e inconstitucional la propiedad de sus activos del subsuelo. Otro tema sería el de las modificaciones constitucionales que se van a producir por acción de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales deben tener el consenso de ambos y apuntar en la dirección de los acuerdos que se alcancen.
Pero como falta todavía más de un año para ese proceso electoral y en esta ruta existen elecciones que han sido diferidas, como la de los consejos legislativos regionales y la de alcaldes y concejos municipales, es imprescindible determinar las reglas de las relaciones que llevarán los polarizados, desde este momento hasta la elección del Presidente en diciembre de 2018. Se trata de las situaciones a corto plazo, en las que la MUD estaría interesada en la limitación de las decisiones o poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, para de esa forma prevenir la toma de decisiones desagradables, y el Gobierno interesado en la coexistencia tolerante de ambos organismos legislativos, en el entendido que, ante las entidades financieras internacionales y la mayoría de los gobiernos, la Asamblea Nacional es la reconocida como poseedora de la legitimidad electoral necesaria. De allí la necesidad de que la Asamblea Nacional entre a funcionar dentro de la mayor normalidad, lo cual debe ser acordado, y proceda a efectuar las autorizaciones requeridas para efectuar determinadas contrataciones y solicitudes de financiamiento externo.
Otras cosas se hablarán y se concertarán también en lo inmediato, las cuales rebajarán la tensión política existente e irán permitiendo paulatinamente una “normalización” de la vida política venezolana, que aleje además las amenazas belicistas del loco norteño y sus seguidores colombianos. Habría que elaborar los cronogramas de las elecciones pendientes ya señaladas y de los comicios presidenciales, acordar las medidas económicas que permitan ir superando la crisis actual, incluyendo la aprobación de un nuevo régimen cambiario, y el establecimiento de subsidios directos a la población, de los cuales ya habló uno de los candidatos a gobernadores del PSUV. La creación del Senado y la distribución paritaria de sus plazas entre el PSUV y la MUD, como resultado de la modificación constitucional que se efectuará, en un acuerdo como el de AD y COPEI, que niega la proporcionalidad electoral establecida en la Constitución vigente, para garantizar la polarización bipartidista y dejar fuera a otros actores. Concertarían adicionalmente cambios en el TSJ y el CNE, que garantizarían la equivalencia representativa de los polarizados en ambos organismos.
Esta es la dirección de los acuerdos impulsada por Rodríguez Zapatero, según Leopoldo Puchi, exsecretario general del MAS, y de otros analistas políticos, que gozaría de la aprobación de la mayoría de la cúpula gubernamental y la mayoría de la MUD. En el camino podrá haber cambios o incluso frustrarse el acuerdo total o parcialmente. Pero en cualquier caso, la nación venezolana, el país, el pueblo, la democracia y el desarrollo nacional, están ausentes y seguirán marginados de las decisiones trascendentales. No habrá industrialización del petróleo, ni aguas abajo ni aguas arriba, ni desarrollo de otro tipo de industrias; ni crecimiento científico y tecnológico, ni los cambios educativos para tener una población instruida y capacitada, capaz de desempeñar empleo formal calificado bien remunerado. Seguiremos exportando materia prima sin mayor valor agregado, continuaremos sin proporcionalidad electoral, sin inmunidad de jurisdicción, sin garantizar nuestra integridad territorial, con unas fuerzas armadas que dan lástima y con ciudades precarias.
