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El Ejecutivo pretende seguir conculcando derechos, seguir cercando e inmovilizando a quienes todavía se le enfrentan
Luis Fuenmayor Toro
En anterior artículo en este mismo semanario (pp A-6, 5-11-2017, Caracas), expresé que políticamente nos movemos en un escenario que va desde la intervención extranjera de fuerza en un extremo, hasta la continuación de Maduro en la Presidencia con o sin elecciones. Estos son los extremos. Entre ellos son infinitas las posibilidades. Pudieran darse las elecciones y no ser Maduro el candidato sino Héctor Rodríguez, pudieran perder los chavecos y ganar un candidato opositor originario de la MUD o pudieran darse salidas no democráticas, no electorales, hacia el otro extremo del espectro. Con sólo una excepción, la de un trasnochado chaveco en artículo en Aporrea, la casi totalidad de quienes lo han leído han estado de acuerdo en que es una aproximación bastante racional de la realidad. Claro, debe entenderse, que el análisis realizado fue efectuado con la información pública a la que todos tenemos acceso; no tengo información privilegiada, lo que significa que es una aproximación a lo que puede suceder.
Dentro de ese escenario están las elecciones de alcaldes, en las cuales ya el Gobierno, a través de Maduro, ha señalado que los ganadores tendrán que juramentarse ante la ANC. Es nada más ni nada menos, aunque no le guste al chaveco señalado, la ratificación de la política del Gobierno de impulsar la desesperanza en los electores, de tal manera que se abstengan y no voten por candidatos anti gubernamentales. Es interesante, sin embargo, que ha habido una respuesta dentro de quienes adversan al Gobierno, que ha enfrentado la ridícula posición del grupo de partidos opositores, que han llamado a abstenerse en estos comicios, pero a votar en los presidenciales. Con seguridad, los alcaldes que sean electos en estas difíciles circunstancias no caerán en la trampa gubernamental de rechazar juramentarse ante la ANC, que si bien es espuria y fraudulenta, tiene al poder del Estado de su lado y puede imponer ilegalidades, disparates e insensateces.
Pero el Gobierno, dueño casi absoluto del escenario interno, ante el abandono del mismo por parte de la oposición hasta ahora en la Mesa, continúa su avance de posiciones, como buen “jugador de truco” en materia política. Violando la Constitución, el TSJ y la ANC despojan de su inmunidad parlamentaria al Vicepresidente de la AN, diputado Freddy Guevara. Pero, además, los diputados gubernamentales representantes del odio ya dijeron que vendrían otros “despojados”, entre los cuales algunos piensan que podría estar el mismo Julio Borges. La actual Constitución es clara (y no hay nada por encima de la actual Constitución, como no sea el pueblo soberano) en que quienes pueden despojar a un diputado de su inmunidad son sus pares, es decir los diputados del organismo al que pertenece. La ANC no tiene esa facultad, aunque por la vía de la fuerza la pueda en este momento imponer.
Otro avance, en el juego de truco que lleva adelante el Gobierno, es la famosa Ley del Odio o ley contra el odio o, mejor aún, del odio contra el odio. Del odio de un sector gubernamental, pues no me consta que sean todos, contra el odio de un sector de la oposición, que yo bauticé hace tiempo como “restauradora”. Acaban de aprobar una Ley, de la cual hasta ahora sólo sabemos que condenará los delitos de odio con penas entre 10 y 20 años de prisión. Esta disposición incluso es exaltada como una gran cosa por sus autores. Los chavecos actuales, por lo menos los que mandan, tienen una conducta punitiva exacerbada a su máximo nivel. Todo lo quieren arreglar con unos tiros, unos planazos, unos paramilitares violentos, unas expulsiones, unos presos, unas torturas, como las que dicen ocurren en el SEBIN; unas inhabilitaciones, unas destituciones, como si el llamado “humanismo socialista” se basara en este tipo de conductas.
Con esta nueva legislación ilegal pretenden añadir un nuevo instrumento de coacción y de coerción social, para garantizar el silencio absoluto ante sus desafueros, corruptelas e incapacidades. El Gobierno pretende seguir conculcando derechos, seguir cercando e inmovilizando a quienes todavía se le enfrentan, en una forma muy similar a la utilizada por las férreas dictaduras del cono sur latinoamericano. La dictadura del siglo XXI avanza o se prepara para avanzar a un nivel superior de restricción de derechos de la población. Con esa ley podrán incluso limitar las libertades de expresión, de opinión, de prensa; limitar las expresiones en las redes sociales que, si bien en muchos casos son completamente inaceptables, hay que tratar de encauzar dentro de la civilidad y el raciocinio y no con un control autoritario que anule aún más las válvulas de escape que debe tener todo tipo de sociedad. No parece éste el régimen de “la mayor suma de felicidad posible”.
Pero la insolencia gubernamental parece estar fuera de control, ya que se anuncia incluso la posibilidad de inhabilitar a los partidos opositores que no presenten candidatos a las elecciones de alcaldes. De nuevo aparece la figura de la ilegítima ANC como instrumento a decidir esa ilegal inhabilitación. Las leyes electorales son claras en el sentido de que la no participación en dos elecciones nacionales legislativas es causal de inhabilitación de los partidos políticos involucrados. La elección venidera es de alcaldes, por lo que se trata de una elección municipal, y además sería la primera elección donde un grupo de partidos no se presentaría. Sólo a través de una decisión a todas luces ilegal, se podría inhabilitar a los partidos que decidieron abstenerse. Pero esto no es algo que detenga a un Gobierno que ya tomó la ruta de imponerse por vías distintas de las democráticas y electorales. Debe sentirse muy seguro de su poder y de la debilidad del adversario, para proceder en la forma en que está procediendo.
El gobierno parece no entender que si bien el escenario nacional es suyo, el internacional es definitivamente de los partidos de oposición más radicales, lo que significa que internacionalmente gana espacios la posibilidad de la intervención de fuerza. En lugar de utilizar las elecciones y las conductas respetuosas y democráticas, para desmontar la conjura internacional en su contra, el Gobierno parece estimularla con las decisiones señaladas.
