CARNETIZACIÓN PARTIDISTA con recursos del Estado

Enrique Ochoa Antich: Los delitos de ayer se quedaron en pañales frente a los delitos de hoy: Aquellos 24 Jeep regalados por Blanca Ibáñez a las 24 seccionales de AD, es un juego infantil comparado con el uso masivo de los recursos públicos para la carnetización del PSUV

Enrique Meléndez

         Enrique Ochoa Antich, miembros de la Alianza por el Referéndum Consultivo, solicitó ante la Fiscalía General una medida cautelar, a los fines de que no se siga usando la plataforma pública mipatria.com por parte del PSUV, con motivo de su proceso de carnetización, mientras avanzan las investigaciones, para demostrar lo que, a su juicio, constituye un delito protuberante.

         ¿En que consiste la solicitud hecha por usted en la Fiscalía General de la República?

         -Solicitamos una medida cautelar, con base en la denuncia que introdujimos el 27 de enero, con relación al uso de la plataforma pública mipatria.com; que es pública, que es de todos los venezolanos, porque por allí se tramitan las misiones, CLAP, para el proceso de carnetización del PUSV.

         -Esa carnetización por la campaña de este partido constituye, no solamente un delito de peculado, sino también una violación del artículo 145 de la Constitución, que establece que los recursos y los funcionarios están al servicio del Estado, y no de una parcialidad; menos una parcialidad política.

         -En vista de que revisamos esa plataforma el sábado pasado, y hemos notado que allí se sigue usando la plataforma para el proyecto de la campaña de carnetización del partido oficial, estamos demandando ahora, agregándole a nuestra denuncia, que la Fiscalía interponga ante los tribunales la solicitud de una medida cautelar, para que se prohíba el uso de la página web de esa plataforma por parte del PSUV; mientras avanzan las investigaciones, para demostrar lo que es un delito protuberante.

         -Pero en todo caso insistimos en que el uso de recursos públicos, de manera tan flagrante, para ponerlos al servicio del Estado, como la convocatoria a campañas para la carnetización en instalaciones de la CANTV, de Corpoelec, usar misiones, campañas que hay en el interior, a propósito de lo cual entregamos a la Fiscalía un conjunto de datos para las campañas en Bolívar y Mérida, los mercados que hace el gobierno; para ponerlas al servicio de la carnetización del PSUV.

         -Eso es inaceptable, y es lo que estamos esperando, que la Fiscalía pueda lograr suspender dicho proceso político, y esto mismo se lo hemos dicho a funcionarios del alto gobierno, haciéndoles un llamamiento a que den una prueba de testimonio mínimo democrático y suspendan este hecho que se trata de un delito flagrante.

         ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la Fiscalía?

         -La respuesta es que se ha levantado un documento, y el cual ha sido remitido a la Dirección Jurídica, que están haciendo un análisis pormenorizado, para presentarlo al Fiscal General; con quien me he comunicado; para las recomendaciones del caso. Hoy me reuní con el director anticorrupción, el señor Ángel Fuenmayor, le entregué la correspondencia, y su respuesta fue que se va a hacer ese análisis jurídico, tomando en cuenta que en este caso están involucrados altos funcionarios, entonces ellos tendrían que revisar con cuidado lo que van a hacer.

         -De todas maneras, esta medida cautelar, yo esperaría que la respondan de inmediato. Porque, al final, la Fiscalía puede estar tomando la decisión, cuando la campaña de carnetización termine. Pues entonces no servirá de nada, será una justicia tardía, que, como sabemos, no es justicia.

         Ellos alegan que estamos en tiempos de revolución, y, en ese sentido, los bienes y funcionarios del Estado están al servicio del proceso. ¿Qué piensa usted?

         -Sí, ese es exactamente uno de los problemas: ese discurso “revolucionario” (comillas solicitadas), que permite justificar e incluso sublimar ante sus propias conciencias, la comisión de este delito. Porque se considera que el Estado y el partido es lo mismo. Ya en el pasado existía una cierta tendencia, por ejemplo, en Acción Democrática uno notaba alguna tendenci,; al poner al servicio de sus propios intereses partidistas a las instituciones.

         -Yo recuerdo el escándalo que se formó, a raíz de la decisión de Blanca Ibáñez de regalarle 24 Jeep del gobierno a las 24 seccionales de AD, y eso fue titular de primera plana, y ameritó una investigación parlamentaria y, al final, creo que se tomaron decisiones, para castigar a los responsables. Pero, independientemente de eso, los delitos de ayer se quedan en pañales frente a los delitos de hoy, pues el episodio de aquellos 24 Jeep es un juego infantil, comparado con el mal uso masivo de los recursos públicos.

         -En todo caso, efectivamente, ese discurso revolucionario permite justificar la idea, de que si yo soy la revolución, yo soy el pueblo, yo soy la patria, entonces tengo derecho a que mi partido se posesione de las instituciones del Estado, eso lo que hace es que las instituciones sean ocupadas por fichas del partido gobernante, y así sea difícil que se pueda realizar el proyecto democrático mismo, que está en la Constitución.

         -Los chavistas maduristas, que están en el poder, se deberían dar cuenta de eso y, en consecuencia, detener esa tendencia totalitaria; que niega y contradice el espíritu democrático de la propia Constitución.

«Los chavistas maduristas, que están en el poder, deberían detener esa tendencia totalitaria, que niega y contradice el espíritu democrático de la propia Constitución»

LAS DOS DIRECTIVAS

         Según sus estimaciones, ¿en qué va a parar la demanda que usted introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a la definición del problema, que se presentó con la elección de dos directivas en la Asamblea Nacional?

         -Yo también estuve en el TSJ hace unas dos semanas, precisamente, introduciendo una aclaratoria. Porque, precisamente, viendo algunos twitter que publicó el presidente del TJS, me preocupó que ellos vayan a pensar que la solicitud, en lo personal la mía que teóricamente fue admitida, aunque ahora me han dicho que lo que está es en una especie de pre-admisión.

         -Bueno, el hecho es que está allí, y ellos ya le pidieron la documentación a la directiva de Parra. No sé si ya lo han hecho con la directiva de Guaidó. En todo caso, les aclaré que yo no estoy pidiendo que el TSJ legitime ninguna de las dos. Lo que estoy pidiendo; como creo que pide la inmensa mayoría de los venezolanos, es que se vuelvan a reunir los diputados; que nombre por nombre y apellido por apellido se vuelva a votar, lo que llaman una verificación nominal de la votación; para que podamos saber donde está la verdad.

         -Yo creo que los venezolanos debemos saber la verdad. Porque a alguno de los dos nos está mintiendo; dos mayorías no pueden haber. Es decir, es imposible que haya dos mayorías. Entonces queremos saber cuál es la verdadera mayoría; independientemente de la opinión, que le amerite a uno cualquiera de los dos.

         -Entiendo que el TSJ va a seguir avanzando en esa discusión interna sobre qué hacer. Creo que la decisión es relativamente fácil. Y si los diputados consideran eso como una intromisión del TSJ; bueno, que los propios diputados convoquen a una sesión de la AN, conjuntamente, las dos fracciones, y decidan quien tiene la mayoría. Yo incluso estoy proponiendo que esta sesión la preside Henry Ramos Allup; tomando en cuenta que fue el último presidente antes de la declaración del desacato.