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Gustavo Márquez, dirigente de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, considera que las sanciones, impuestas por EEUU, objetivamente limitan las importaciones de alimentos, medicinas e insumos vitales, especialmente, en estos tiempos de pandemia y cuarentena, en los que esas carencias podrían significar el fallecimiento de muchos compatriotas y la caotización del país.
Enrique Meléndez
¿Está de acuerdo con la idea de que se debe suspender el intento de intervención de parte de EEUU, hasta que sea superada la pandemia del Covid 19?
Más que suspender, lo que tiene que hacer el gobierno de EEUU es cancelar su amenaza de intervención a Venezuela. Por mi parte, rechazo firmemente y siempre me opondré a cualquier intervención de EEUU, de cualquier país o potencia extranjera, en todas sus modalidades, cualquiera sea la excusa o justificación con que se pretenda violar el derecho de los venezolanos, y de cualquier pueblo del mundo, a su autodeterminación y al pleno ejercicio de su soberanía, que es la regla de oro de la convivencia pacífica entre las naciones consagrada en el derecho internacional. Los problemas y asuntos de los venezolanos los decidimos los venezolanos. Esa es la condición que hace a un pueblo libre y a una nación soberana, dueña de su propio destino. La independencia la conquistamos a un alto costo en sangre derramada por nuestros ancestros. Ellos resistieron con bravura la invasión bárbara del naciente imperio español y 300 años después, en la lucha titánica que emprendieron nuestros libertadores para liberarnos de su dominio. Un venezolano auténtico jamás podría aceptar, avalar y mucho menos promover o hacerse cómplice de una intervención imperialista como la anunciada por el gobierno de Trump, cuyo propósito es provocar un cambio de gobierno por la fuerza con el fin de reinsertar a Venezuela en su órbita de influencia geopolítica, mediante un gobierno que se subordine a sus designios. También rechazo las sanciones económicas criminales que han agravado la crisis preexistente, provocada por el pésimo gobierno autoritario de Nicolás Maduro; las cuales han aumentado aún más el sufrimiento y la precarización de la vida de los venezolanos y venezolanas. Esas sanciones objetivamente limitan las importaciones de alimentos, medicinas e insumos vitales, especialmente, en estos tiempos de pandemia y cuarentena, en los que esas carencias podrían significar el fallecimiento de muchos compatriotas y la caotización del país. Trump debe dejar de meter sus manos en Venezuela y concentrarse en la guerra que libra su pueblo contra el coronavirus; la cual, lamentablemente, está perdiendo con un alto costo social y humano, como resultado de su actitud insensata e irresponsable, siempre privilegiando sus intereses, que son los del capital que representa sobre la vida de su pueblo. El Papa Francisco, el Secretario de la ONU, Antonio Guterres, la Alta Comisionada para los Derecho Humanos, Michel Bachelet, parlamentarios e intelectuales de EEUU, están llamando a una tregua en los conflictos y a que se levanten las sanciones económicas, que le impiden a los países victimizados por el garrote imperialista del gobierno de EEUU, atender sus necesidades urgentes y esenciales, a fin de evitar una catástrofe humanitaria como podría ocurrir en el caso de Venezuela. Creo que ese llamado y el clamor del pueblo venezolano, que sufre dentro y fuera de las fronteras del país, debe ser escuchado por el PSUV y la oposición agrupada en el G-4 y dar el paso de establecer un “acuerdo humanitario por la vida”, para adelantar un plan que permita enfrentar la pandemia y sus secuelas, a través de una gestión compartida y avalada por las Naciones Unidas. Ese plan solo tendría viabilidad y eficacia, si se dispone de recursos extraordinarios en divisas, a los cuales actualmente no tiene acceso el país, debido a las sanciones impuestas por EEUU y otros países. Un acuerdo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional permitiría acceder al financiamiento de organismos multilaterales (FMI, BM, BID, CAF etc.) y recursos de la República bloqueados en cuenta en exterior debido a las sanciones, por ejemplo, a fondos de Citgo; dividendos no liquidados de la empresas mixtas de la faja, al oro depositado en el Banco de Inglaterra y en el Novo Banco de Portugal, entre otros, los cuales podrían llegar a 15.000 millones de dólares. Por cierto, hace unos días se anunció que Irán logró recuperar 1.600 millones de dólares que estaban bloqueados en Luxemburgo por exigencia de EEUU, lo cual demuestra que no es imposible lograrlo. A esto se agregaría la gestión para la devolución de activos procedentes de la corrupción confiscados por instituciones financieras de Andorra, Suiza y EEUU entre otras, los cuales de acuerdo a la Convención Internacional contra la Corrupción deben ser devueltos al país afectado. Es la hora de la verdad para el liderazgo político. Frente a esta situación lo que corresponde es asumir una actitud responsable y dar un paso al frente en defensa de la vida; lo contrario sería colocarse de espaldas al pueblo y a la historia.
¿En qué situación, a su juicio, se encuentra Pdvsa y las empresas del Estado?
Cómo dice el dicho, “lo que está a la vista no necesita anteojos”. La situación de Pdvsa es desastrosa, para solo referir dos muestras del colapso de nuestra industria petrolera; mencionaré la caída de la producción que en poco más de cinco años ha sido del 69% al pasar de 2.373.000 barriles diarios (b/d) en 2014 a 723.000 b/d en 2019, y la parálisis de las refinerías que obligó al gobierno a la importación de gasolina, y la cual se ha paralizado, últimamente; debido a que la empresa rusa Rosneft dejó de traerla, para evitar la aplicación de las sanciones de EEUU. Sólo en 2018 Pdvsa importó 253.000 b/d de petróleo, nafta, gasolina y diésel, lo que representa un máximo histórico y un incremento de 40% en comparación con los 180.250. La capacidad nominal de procesamiento del sistema de refinación nacional es de 490.000 b/d de petróleo, pero actualmente con muchas dificultades está intentando estabilizar la producción de gasolina en la refinería de El Palito en Morón, estado Carabobo. La escasez de gasolina y gas en tiempos de coronavirus es aún más grave que en condiciones normales, debido a la necesidad profiláctica de cumplir con el aislamiento social, y la pandemia y la carencia de combustible y energía trastoca la vida social en todas sus dimensiones. A ésta situación deplorable de Pdvsa se llegó por una gestión, que por la corrupción, el burocratismo y la incapacidad se hizo estragos. En relación a las empresas básicas de Guayana el panorama es similar o peor debido a la corrupción, la desinversión, la ausencia de mantenimiento de equipos e instalaciones, éxodo masivo de personal técnico, gerencia incapaz, errática y clientelar, colapso de la infraestructura y parálisis de la producción. Son múltiples los proyectos y empresas del Estado o financiadas con recursos públicos en el sector agrícola e industrial que no terminaron en nada, repitiendo la experiencia fallida de la Corporación Venezolana de Fomento de la cuarta República; debido a la corrupción y la aplicación de políticas equivocadas, bajo una concepción estatista y clientelar, que convirtió la iniciativa el Estado, para impulsar directamente la producción agrícola, industrial y el desarrollo de los servicios, en un caldo de cultivo para el despilfarro y la acumulación mafiosa de capital, llevando el cazarentismo a su máxima expresión, dando lugar al surgimiento de una nueva burguesía fundada sobre el defalco a la nación.
¿Cómo ve usted el proceso de dolarización de la economía?
Primero, habría que aclarar que una cosa es que la pérdida de confianza y el debilitamiento de la moneda nacional haya convertido al dólar en el medio de pago predominante en la economía venezolana; desplazando al bolívar y que el referente para la fijación de los precios sea la moneda estadounidense, y otra cosa es establecer la moneda estadounidense como la moneda de curso legal, como unidad de pago, de valor y de cuenta; cuya emisión realiza la Reserva Federal de los Estados Unidos. La dolarización en su acepción estricta no solo implicaría adoptar el dólar como nuestra moneda, sino también asumir que la autoridad, que hace las veces de Banco Central de EEUU, en su carácter de emisor y regulador de la política monetaria y cambiaria de ese país, se convierte automáticamente en nuestro banco central con todo lo que ello implica. En ese caso, estaríamos renunciando a la soberanía monetaria y cambiaria que ya de suyo es una aberración, y nuestra economía, cuya escala, dinámica, desarrollo, estructura y proyección es totalmente asimétrica, respecto de la de EEUU, quedaría atada a la del coloso del Norte. Si así fuese, nuestra independencia política quedaría maltrecha y se profundizaría el modelo neocolonial, al cual estamos ligados históricamente. Ante la hiperinflación y el debilitamiento del bolívar, no es la dolarización de la economía la medida adecuada para enfrentarla, y mucho menos en tiempos de coronavirus, en los cuales se requiere desarrollar políticas activas desde el estado para enfrentar la terrible crisis que afecta a la sociedad venezolana.
¿Cree usted que el flagelo de la hiperinflación se ha agravado a raíz de las sanciones del gobierno de Donald Trump?
–Las sanciones del gobierno de Trump desde el 2017 han cabalgado la crisis preexistente. acelerándola, y han limitado el acceso de recursos financieros y al crédito e impidiendo la reestructuración de la deuda; provocando el default y congelando activos financieros en el exterior; lo cual generó una disminución de las importaciones e impulsó con más fuerza la contracción de la economía, reduciendo su tamaño en 2/3 en los últimos 6 años. Un factor que incide en el fenómeno hiperinflacionario es la caída de la oferta por el declive de las importaciones. En ello también han incidido de manera significativa las llamadas sanciones secundarias que afectan a empresas que comerciaban con Venezuela; como un ejemplo la empresa rusa Rosneft que interrumpió la importación de gasolina e insumos necesarios para refinarla y la reducción de las exportaciones petroleras a China y la India. Las sanciones no son la causa de la hiperinflación, porque ésta es consecuencia de las políticas erráticas y equivocadas del gobierno de Maduro, pero sí la han agravado.
¿Es Venezuela un Narco-Estado, tal como lo considera EEUU; por lo que se ofrecen 55 millones de dólares de recompensa por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Maikel Moreno, Alcalá Cordones?
–Está claro que la decisión del Fiscal Wiliam Barr de ponerle precio a la cabeza de Maduro y otros altos funcionarios del Estado, emulando las prácticas de los cowboys del “viejo oeste”, es la puesta en marcha de una de las “opciones” que tiene Trump “bajo la mesa” como él dice. Se trata de una decisión política camuflajeada, envuelta en el velo jurídico que le puso el fiscal William Barr, designado por Trup para el cargo, el mismo que siendo funcionario de la CIA cuando George H. W. Bush era el director de esta agencia de inteligencia y luego le dio el “fundamento jurídico” y la jurisprudencia a la decisión del Congreso de EEUU de aprobar la solicitud del mismo Gorge W. Bush, cuando fungía como presidente de ese país, para “justificar” la invasión a Panamá con el fin capturar al entonces presidente Noriega. El objetivo del dictamen de William Barr buscaba anular otro de 1980 el cual señalaba que “el FBI no tenía autoridad internacional para arrestar a una persona de otra nación” en correspondencia con el derecho internacional. Dicho planteamiento (1990) le dio el carácter extraterritorial y supranacional a las leyes y actuaciones de los cuerpos de seguridad estadounidense al afirmar: “Está bien establecido que ambos poderes políticos, el Congreso y el Ejecutivo tienen, dentro de sus respectivas esferas, la autoridad para anular el derecho internacional consuetudinario”. Está claro que la decisión del Fiscal Barr, se ajustó al “menú de opciones” de Trump, para provocar el cambio de régimen, dándole carácter extraterritorial y supranacional a una ley nacional; basándose en la ley del más fuerte, la del “Viejo Oeste”, la del que posee una fuerza militar poderosa para imponerse, violentar el derecho internacional, la soberanía del Estado-nación y la autonomía del sistema legal venezolano, y por ello es inaceptable. Si es verdad que el Fiscal Barr posee los indicios y pruebas que demuestra que Nicolás Maduro y los altos funcionarios del Estado, señalados de cometer delito y el sistema de justicia nacional no procesa los mismos; lo que corresponde es accionar en las instancias del sistema de justicia internacional para que sean procesados con todas las garantías; de otra manera queda al descubierto, que de lo que se trata es de justificar una invasión de EEUU a Venezuela, como ocurrió en el caso de la Panamá, por la cual claman vergonzosamente Guaidó y compañía y los “salidistas” consumados. Creo que el de Maduro es un gobierno de corte autoritario que actúa al margen de la Constitución y tiene la responsabilidad fundamental en la crisis que sufrimos los venezolanos y venezolanas, pero en mi opinión las salidas extraconstitucionales, de fuerza o a través de una intervención extranjera no son salidas; por el contrario, contribuirían al agravamiento de la crisis. Estoy convencido de que es a los venezolanos, a quienes nos corresponde decidir y el cambio político necesario debe venir a través de una vía soberana, constitucional, electoral y pacífica.
¿Qué piensa de la situación en la que se encuentra Citgo?
–Citgo es quizás el activo más importante que tiene PDVSA en el exterior; gestionado por su filial PDVH, a quien corresponde designar su junta directiva. A partir de enero de 2019 el gobierno de Donald Trump reconoció al autoproclado Juan Guaidó como presidente interino, y decidió transferirle el control de las cuentas y activos financieros de Pdvsa, incluyendo Citgo. Antes, en agosto de 2018, la Corte del Distrito de Wilmington Delaware de EEUU había decidido permitirle a la empresa Crystalex Internacional Corp, ejecutar las acciones de PDVH por un monto de 1 mil 386 millones de dólares, resultantes de una demanda que ejerció ante el arbitraje del CIADI. La decisión de dicho tribunal se basó en la consideración de que Pdvsa es un “alter ego”, vale decir, que Pdvsa y la República son la misma entidad, para lo cual contó con el criterio favorable del abogado José Ignacio Hernández, quién actuó como “testigo experto”, dando lugar a que la demanda de Crystalex pudiera ejecutarse con bienes de Pdvsa, en éste caso, Citgo, vulnerando el principio de la inmunidad de jurisdicción de los Estados prevista en el derecho internacional y abriéndole las puertas al embargo de todos los bienes de Pdvsa en el exterior. El abogado Hernández es uno de los hombres de confianza de Guaidó, y fue designado por él como “procurador general encargado” para actuara en “defensa” de Citgo. ¡Qué descaro!…“zamuro cuidando carne”. Los fondos de Citgo están siendo manejados sin transparencia y sin rendición de cuenta. En resumen, la situación de Citgo como activo de la República está muy comprometida por el asedio de los acreedores y la gestión desastrosa del gobierno de Nicolás Maduro, las sanciones de EEUU y también por el manejo opaco y antinacional del “Clán Guaidó”.
¿Reconoce usted la Asamblea Nacional presidida por Luis Parra?
–Cómo dice el dicho “ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario”. La Asamblea Nacional está conformada por todos los diputados, que forman un solo cuerpo asambleario expresión de la soberanía popular. Por ello, ninguna de sus dos fracciones, ni la de San Francisco que lidera Parra ni la itinerante que lidera Guaidó tienen legitimidad. Esa fragmentación del parlamento nacional ha contribuido a profundizar la crisis políti-institucional; lo lógico sería seguir la ruta que propuso Enrique Ochoa en el recurso que introdujo en el TSJ, reclamando el derecho de los venezolanos a elegir, es decir, que reconstituyan el cuerpo con todos los diputados y luego de constatación nominal de quorum procedan a designar la Junta Directiva. Eso es lo que espera el país nacional, que la asamblea nacional funcione para avanzar en un diálogo político que permita en primer lugar, impulsar un programa de emergencia consensuado para enfrentar la pandemia y sus secuela, y en segundo lugar, cuando las condiciones lo permitan, designar un Consejo Nacional Electoral por consenso que garantice la cofiabilidad del sistema electoral y le devuelva a los venezolanos la confianza en el voto como herramienta para impulsar el cambio político y social.
¿Apoya usted la idea de disolver la Asamblea Nacional Constituyente?
–Como lo he expresado muchas veces, considero que esa ANC no tiene legitimidad de origen; primero, porque según el 348 de la Constitución y la jurisprudencia del TSJ, la iniciativa de su convocatoria le corresponde al pueblo a través de un referéndum consultivo y no al Presidente de la República; segundo, porque ya han transcurrido casi tres años del proceso electoral y aún no se conocen sus resultados tal como se evidencia al consultar el portal del CNE; tercero, debido a que en el proceso participó una sola parcialidad política, tal como se ha demostrado en la práctica, su dinámica da lugar a un debate cerrado entre copartidarios y no abierto a todas las corrientes de pensamiento y acción social y política, como debería ser, para que en sus debates se expresen todos los puntos de vista y visiones que existen en la sociedad venezolana; cuarto, por asumirse como el poder constituyente originario, siendo realmente un órgano delegado resultante del único poder originario, el que reside instransferiblemente en el pueblo, tal como dice el artículo 5 de la Constitución. Partiendo de esta premisa sin fundamento jurídico ni político, la ANC se autoproclamó, como lo hizo luego Juan Guidó también al margen de la Constitución, el poder “supraconstitucional” con capacidad de hacer “leyes constituyentes”; una figura jurídicamente inexistente, con el propósito de sustituir la función legislativa que le corresponde a la Asamblea Nacional como poder constituido que es. De esa manera el gobierno de Nicolás Maduro baipaseó a la Asamblea Nacional legítima haciendo trisas la Constitución. Finalmente, el balance que podemos hacer de la ANC es totalmente nulo, solo sirvió para “validar”, mediante leyes constituyentes”, los contratos petroleros y de la explotación depredadora del Arco Minero del Orinoco.
