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«Señores autoridades rectorales está en sus manos resolver positivamente las demandas hechas por más de 1300 profesores» aseguran los afectados
Así lo señalan los profesionales de la educación mediante un comunicado, el cual publicamos a continuación:
Los profesores de la Universidad Central de Venezuela exigen utilizar los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la UCV (FONJUCV) para su seguridad social .
Así lo señalan los profesionales de la educación mediante un comunicado, el cual publicamos a continuación:
Más de mil trescientos profesores le solicitaron al Consejo Universitario ampliar la cobertura de Sistema de Atención Médica y Hospitalaria Integral (SAMHOI) y concretar un bono humanitario en medio de la pandemia derivada del COVID-19. Esto no es una petición en espera de una respuesta dadivosa, al contrario, es una decisión de los legítimos propietarios del FONJUCV, en consecuencia, a las autoridades rectorales de la UCV les señalamos que:
1. Deben abandonar el lamento sostenido ante cada crítica o solicitud de información de su gestión. Ocupan cargos de liderazgo institucional y por tanto, es legítimo el examen y valoración pública de su gestión. En vez de ocupar energías en victimizarse, deben dirigir sus acciones a dar respuesta a las demandas de los profesores.
2. Deben respetar al profesorado, quien con su esfuerzo sostiene la institución abierta. Decir que quieren ayudarle, pero que a pesar de que los docentes les transfirieron cerca de 17 millones de dólares del FONJUCV en el 2015, su respuesta es que «quieren ayudar» pero no saben cómo, dado que un agente de las cuentas bancarias, cuya identidad debería ser pública, les indica que “la cuenta está bloqueada”. Si eso fuera verdad, ¿En qué instituciones están esos recursos? ¿Qué diligencias hacen para superar tal situación? Sin muchas palabras, ¿De qué se ocupan para responder por unos recursos que no les pertenecen? Los invitamos a acudir al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, quien autorizó la emisión de la Licencia General 34 A de la OFAC, para solicitar las causas del supuesto bloqueo, ya que no es la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) la que puede aportar las respuestas necesarias. Ojalá, no reediten la tristemente célebre frase de aquel presidente que, luego de cuatro años de conversaciones con sectores financieros internacionales para acordar administrar recursos de todos los venezolanos, afirmó “me engañaron”.
3. Es un insulto a la inteligencia, y en la universidad hay bastante, que afirmen que el Instituto de Previsión del profesorado dela UCV ( IPP) ha incumplido con sus obligaciones ante la universidad por concepto del acuerdo de cofinanciamiento de SAMHOI. El ex Vicerrector Administrativo, profesor Bernardo Méndez, quien representaba a la UCV en ese acuerdo, entregó 11 informes al Consejo Universitario, los cuales se construyeron atendiendo una metodología acordada entre las partes, los cuales se presentan mensualmente en los primeros 5 días de cada mes. Eso a la fecha no presenta demora alguna.
4. Es una mentira tendenciosa que afirmen que el IPP se ha excedido en gastos. Decimos mentira y no desconocimiento, porque ustedes saben que no ha sido así. Resulta oportuno recordarles que cada parte que conforma el acuerdo de cofinanciamiento del Plan Complementario de SAMHOI da un aporte por adelantado para cubrir la siniestralidad. Al final del trimestre, cada institución coloca el diferencial de lo ejecutado. Si el monto es menor de lo aportado, el diferencial se deduce de los recursos que se transfieren para financiar el trimestre siguiente. Si lo ejecutado, supera lo aportado, cada institución a partes iguales debe adicionar al aporte del trimestre siguiente, según lo convenido. Eso no es nuevo, ustedes lo han hecho. En el caso del IPP nunca hay deuda, porque es quien paga los siniestros directamente. En varias ocasiones, le ha tocado aportar lo que le corresponde y es responsabilidad de la UCV.
5. Sobre la cuenta conjunta IPP-UCV, es una pésima recomendación de quien les sugirió esta forma de emprender una huida hacia adelante. Cuentas conjuntas es cogestión, no cofinanciamiento, es intervención del IPP, es decir, eso excede el acuerdo del cofinanciamiento del Plan Complementario de SAMHOI y por tanto, debe ser tratado por la Comisión de Seguros que estipula nuestra Acta Convenio. Por cierto, a viva voz, le indicamos al profesorado que la propuesta de abrir una cuenta conjunta, no fue presentada en reunión alguna de la comisión de cofinanciamiento. La presentaron directamente ante el Consejo Universitario, obviando que si es “conjunta”, obviamente requiere la aprobación de las partes. No puede el CU aprobar la apertura de tal cuenta y dar por un hecho que el IPP debe acatar tal resolución. A menos que consideren que nos podrían llevar forzadamente a las agencias bancarias, por cierto cerradas, para firmar obligados. Por favor, seriedad, les demandamos seriedad, por respeto a los docentes ucevistas. Sobre este tema añadimos, menos mal que nada de eso se ha concretado, porque la historia de la teórica «imposibilidad para ejecutar los recursos» no les proporciona el mejor aval. Lo decimos por razones estrictamente financieras y en ese campo, la confianza es un asunto medular.
6. Sobre el Centro de Estudio para la Vida (CEDIVI) , dejen de desviar el debate, ustedes no le consultaron al IPP ni al Consejo de Profesores Jubilados sobre su adquisición, desde hace varios meses le hemos solicitado el acta de la sesión del Consejo Universitario en la cual se aprueba su compra y no la han podido presentar. Lo que les corresponde es responder sobre ¿Por qué ocultaron esa compra a la APUCV si querían una alianza con el IPP? ¿Por qué no consultaron al Consejo de Profesores Jubilados, el otro ente fundante del FONJUCV? y lo más importante, ¿Por qué compran una institución por casi tres veces más de lo que su avalúo recomendaba?. Para nadie es un secreto que los precios reales en este país, como en cualquier otro, los fija el mercado. De nada les sirve pretender engañar al profesorado haciendo alusión de manera extemporánea a los montos que el vendedor le fija a su propio inmueble. Cada vez que hablamos de este tema nos duele nuestra Universidad, pero no somos ni seremos parte de esa decisión en forma directa o indirecta.
7. Les corresponde ir con prisa, la que requiere la responsabilidad institucional con los legítimos propietarios del FONJUCV. “Liberar los recursos» de este fondo en beneficio de los profesores es un imperativo social y ético. A manera de ejemplo y para ser concretos, si hacen lo que le solicitamos, al día siguiente de recibir la transferencia del acuerdo de cofinanciamiento, el profesor y los miembros de su grupo familiar podrían tener una cobertura de SAMHOI que, dado el diferencial cambiario, podría estar como mínimo entre en 250.000.000 y 300.000.000 millones de bolívares y cada profesor pudo haber recibido, cuando menos, un bono de ayuda humanitaria, que solo como ejemplo, en el caso de los docentes a dedicación exclusiva sería de Bs. 4.870.000 y decimos cuando menos, porque ustedes afirmaron que el bono que aportó la APUCV es insuficiente. De pronto, logran superarlo. Eso sería una buena noticia.
8. Sobre el aumento salarial y las propuestas que aprueba el Consejo Universitario, debemos recordarle que lo mismo hicieron el 2015, a proposición de la APUCV, pero esto solo es una formalidad sino se disponen a luchar en favor de lograrlo, hablamos de calle, conflicto y presión para alcanzarlo. Esto supone sacrificios y riesgos que desde la junta directiva de la APUCV siempre hemos estado dispuestos a asumir. Esperamos por ustedes.
9. Por último, con base en el artículo 27 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones, les conminamos a abrir una cuenta conjunta allí donde realmente corresponde; para la coadministración del FONJUCV, de pronto, además de recuperar la legalidad, nos daría pie a ahorrarnos la mitad de los inconvenientes que padecemos.
10. Los colegas profesores de la UCV, que conocen perfectamente lo que la APUCV ha comunicado por medio de sus mecanismos informativos, saben muy bien que jamás ha empleado la actual Junta Directiva términos irrespetuosos o personalmente descalificatorios. Sobre las recientes controversias con las autoridades rectorales y el CU, excepción hecha de los representantes profesorales, hemos aportado nuestros puntos de vista con sindéresis y argumentos, siempre defendiendo, como lo seguiremos haciendo, los derechos de nuestro gremio con firmeza.
Señores autoridades rectorales está en sus manos resolver positivamente las demandas hechas por más de 1300 profesores, no nos respondan a la junta directiva de la APUCV, denle respuesta a ellos, al final son los propietarios de los fondos que ustedes afirman estar bloqueados.
