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El proyecto, que establece la continuación de la extracción minera, contaría con la mayoría parlamentaria que controla el G-4 en la Asamblea Nacional
Luis Felipe Colina
Un grupo de diputados miembros de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional ha preparado un anteproyecto de Ley de Minas para la “implementación de normas y estándares de obligatorio cumplimiento, y el uso de prácticas responsables”, cuyo propósito central es dejar sin efecto la Ley orgánica de la Megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía, aprobada por la misma Asamblea el último día de sesiones del año 2018, bajo la presidencia de Omar Barboza Contreras. El grupo de diputados está encabezado por Elías Matta Wehbe (Un Nuevo Tiempo), Francisco Jose Sucre Giffuni (Voluntad Popular), Rachid Yasbek Valdez (Primero Justicia) y José Ricardo Salazar Gamboa (AD), respondiendo a los compromisos adquiridos por esos cuatro partidos del llamado “G-4”, con empresas transnacionales dedicadas a la explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco, cuyas actividades contra el medio ambiente ya habían sido condenadas ampliamente por el cuerpo legislativo.
El referido anteproyecto se encuentra en la comisión respectiva y se prepara su ingreso a la plenaria, para ser impuesto por la mayoría parlamentaria que controla el G-4.
María Iris Varela Rangel, quien ejerce el cargo de ministro para Asuntos Penitenciarios del régimen, que preside Nicolás Maduro, es descrita como un símbolo del crimen que amolda el pranato.
La ministra Varela, por su parte, asegura que en las cárceles del país no hay problemas, y que el sistema penitenciario venezolano es único en el mundo.
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De acuerdo con fuentes oficialistas, los diputados que se reúnen a altas horas de la noche con Gustavo González López, Diosdado Cabello Rondón, Tarek El Aissami, Jorge Rodríguez Gómez y Néstor Luis Reverol Torres son Henry Ramos Allup, Luis Parra Colmenares, Stalin González, acompañados del ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. ¿Temas? Desplazamiento de la presidencia de la Asamblea Nacional, como de la primera magistratura interina, a Juan Gerardo Guaidó Márquez.
Dichas reuniones se realizan a altas horas de la noche en una mansión ubicada en la urbanización La Lagunita Country Club, cuya propiedad es magnate madurista y prófugo de la justicia norteamericana Raúl Antonio Gorrín Belisario. La lujosa residencia aparece a nombre de un tercero, de nacionalidad israelita, cercano a la familia Ramos D´Agostino.
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El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, aseguró a sus más cercanos colaboradores que a los columnistas de Venezuela los tiene controlados, a través de un abogado litigante de su confianza que reside, actualmente, en EEUU.
Asimismo, Ramos Allup, conjuntamente con Henrique Capriles Radonski, se mantiene en contacto directo con el narcorégimen a espaldas del presidente de la Asamblea Nacional y jefe de Estado interino de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Insiste en que hay que cambiar la estrategia definida entre la comunidad internacional, encabezada por EEUU y el propio Guaidó.
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Entre los mercaderes de la política venezolana que, a cambio de dólares y otros privilegios, le están lanzando un salvavidas al “hijo de Chávez”, que usurpa el poder en Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se menciona a Ramos Allup, Luis Aquiles Moreno, Luis Parra Colmenares, Henriqiue Capriles Radonski, Stalin González, Enrique Ochoa Antich, Felipe Mujica, Claudio Fermín, Rafael Marín, Timoteo Zambrano Guédez, Henry Falcón Fuentes, Eduardo Semtei, Francisco (Kiko) Bautista, José Gregorio Correa y Humberto Calderón Berti.
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La Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC), conjuntamente, con fiscales federales estadounidenses, investigan las andanzas de los bolichicos de Derwick Associates S. A., empresa de maletín conformada, entre otros, por Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Guruceaga y Francisco D´Agostino (hijo), además del convicto Alejandro (El Tuerto) Andrade Cedeño, ex tesorero y albacea del difunto presidente Hugo Chávez Frías y del prófugo de la justicia de EEUU, Raúl Antonio Gorrín Belisario, protegido por el régimen que preside Nicolás Maduro Moros.
Mientras tanto, en Venezuela el secretario general de AD, diputado a la AN, Henry Ramos Allup, se mueve como un pez en el agua, para evitar que los llamados “bolichicos” sean tocados ni con el pétalo de una rosa, a pesar de las múltiples estafas que han perpetrado en contra de la Hacienda Pública nacional a través de la constructora brasileña Odrebrecht, Corpoelec, CVG y la vicepresidencia ejecutiva de la República, especialmente, durante la gestión del ex vicepresidente, José Vicente Rangel Vale.
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De acuerdo con una fuente castrense las solicitudes de baja y las deserciones de los cuatro componentes, que conforman las fuerzas armadas nacionales, están a la orden del día.
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Efectivos de la Guardia Nacional matraquean descaradamente, no sólo en las alcabalas, puestos de control, puertos y aeropuertos, sino también en las estaciones de servicio, que expenden lubricantes, gasoil y gasolina para vehículos automotores. Fuentes castrenses sostienen que la moral, la disciplina y el respeto se resquebrajaron con la llegada de la “robolución” a las unidades de servicio activo, la desaparición del bolívar soberano y la dolarización espontánea del país.
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Autoridades estadounidenses presionan a Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, para que le dé cumplimiento al mandato de la audiencia nacional y con los tratados internacionales vigentes entre España y EEUU, a fin de que le haga entrega formal del narcoterrorista Hugo (El Pollo) Carvajal Barrios, ex jefe de la contrainteligencia militar del régimen que impera en Venezuela.
El general, como se sabe, exmiembro del Cártel de los Soles y prófugo de la justicia, lo sindican de estar incurso en crímenes del narcotráfico, blanqueo de capitales y violación de los derechos humanos.
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Fuentes de la Armada venezolana confirman la existencia del Cártel de las Anclas.
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El Cártel de Drácula con epicentro en la península de Paraguaná (Falcón) continúa operando a sus anchas. Maduro arruga ante Drácula, es el comentario generalizado en los cuerpos de seguridad dedicado a la investigación contra el narcotráfico.
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El prófugo de la justicia norteamericana Tarek El Aissami es el contacto directo con los iraníes, quienes tienen incómodo a Diosdado Cabello Rondón, así como a sus más cercanos colaboradores dentro del régimen, pues Cabello se considera desplazado, con todo y que se hizo ascender al grado de capitán, estando en situación de retiro, y ejerciendo un cargo público, como es el de diputado.
El Aissami le habría dicho a Cabello en una discusión, que tuvieron recientemente: “Capitán soy yo, y de los buenos”.
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Asdrúbal Chávez desde la presidencia de Pdvsa comenzó a realizar ya oscuras operaciones con la importación de gasolina para el Complejo Refinador Paraguaná en conchupancia con el gangster Wilmer Ruperti y el hijo de éste, José Guillermo Ruperti. Por cierto que Ruperti, hijo, de acuerdo con las fuentes, le sigue sirviendo de testaferro a Hugo (Huguito) Chávez Colmenares.
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Fuentes confiables nos aseguraron que el ruido de sables se intensifica en los cuarteles venezolanos, y que el verdadero jefe del Cártel de los Soles es Diosdado Cabello, pues nadie asciende sin su consentimiento ni es designado en ningún cargo dentro del tren ejecutivo ministerial sin su bendición.
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En el cogollo del Partido Socialista Unido de Venezuela la pelea es a cuchillo por el reparto del botín, producto del narcotráfico y el contrabando de oro.
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El culillo cunde en la cúpula del narcoterrorismo, que usurpa el poder en Venezuela al saberse derrotado por la comunidad internacional, encabezada por EEUU.
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Fuentes oficialistas aseguraron que el diputado Saúl Ortega, investigado por narcoterrorismo los EEUU, conjuntamente, con su concubina Marjorie Calderón, también conocida como la “Dama de Hierro” de los policías metropolitanos, por haber condenado a la pena de 30 años por los hechos del 11 de abril de 2002 a varios de ellos, le será dictada orden de captura por una corte federal de EEUU en breve.
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El abogado José Humberto Villareal sostiene que el Estado de derecho en Venezuela está, totalmente, vulnerado por el narco-régimen que encabeza Nicolás Maduro Moros, es decir, no existe estado de derecho en Venezuela. De allí el drama penitenciario y judicial, al frente del cual tenemos a un presidente de facto, como lo es Maikel José Moreno Pérez.
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Para el abogado Alejandro Matos, magíster en derecho penal, experto en materia penitenciaria y ex coordinador del Instituto de Capacitación Penitenciaria (Incape), ante el hambre, la miseria, la promiscuidad, el ocio, la drogadicción, el hacinamiento y la muerte que reina en la mayoría de los centros carcelarios del país, el sistema penitenciario debe ser declarado en emergencia, pues, a su juicio, la protesta que estalló hace unos días en el Centro Penitenciario de Los Llanos, ubicado en Guanare, jurisdicción del estado Portuguesa, y que concluyó en una abominable masacre, obedece al inicio de una guerra avisada, a propósito de las reiteradas denuncias sobre la crisis, que padecen más de cien mil procesados y penados en nuestros reclusorios.
“Hace unas semanas –dijo Matos- denuncié el caos penitenciario, que se vive en Venezuela. Pero, al igual que en otras áreas, el régimen no escucha; no atiende los gritos de auxilio que diversos sectores le lanzan. Dicho caos es tan grave que ha llevado a la población penal al extremo de alimentarse con gatos, perros y hasta ratas, que merodean dichos centros. Lo que, evidentemente, vulnera los artículos 43 y 46 de la Carta Magna y el artículo 15 del Código Orgánico penitenciario.
“En estas penitenciarías –agregó- la vida pende de un hilo y la muerte ronda los barrotes de las mugrientas catacumbas de la llamada revolución bolivariana, cuyos personeros, sin vergüenza, gritan ante el mundo que el mejor sistema penitenciario es el que dirige Nicolás Maduro Moros, y ejecuta su flamante ministra María Iris Varela; quienes cargan con once masacres calificadas, jurídicamente, como crímenes de lesa humanidad”.
