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Descifrado/ La posibilidad de que la Corporación Andina de Fomento –ahora llamada CAF Banco de Desarrollo de América Latina – pueda conceder nuevos préstamos a Venezuela está cerrada debido a los incumplimientos en los pagos de capital e intereses por préstamos que acumula la administración de Nicolás Maduro; y esa situación impide que ese organismo multilateral conceda un crédito de emergencia para atender la crisis del sector eléctrico como ha estado planteado desde finales del año pasado.
Venezuela acumula una deuda con la CAF por el orden de 3.514 millones de dólares, de los cuales las tres cuartas partes se corresponde a préstamos aprobados para proyectos de la administración de Maduro, entre los que se encuentran ayudas financieras al Banco Central de Venezuela por 400 millones de dólares más 500 millones de dólares para el proyecto “Apoyo al equilibrio macroenómico”, que fue aprobado y desembolsado para afrontar la caída de los ingresos petroleros.
Los resultados indican que Venezuela no logró el equilibrio macroeconómico que tuvo la ayuda de la CAF y más bien lo que ocurrió a partir de 2019 fue que empezaron a sumarse los incumplimientos de pago.
En tal sentido, el presidente de ese organismo multilateral, Luis Carranza, se vio obligado a presentar a consideración de los otros países miembros lo que se llama el Programa de Apoyo y Gestión de Liquidez en Situaciones Excepcionales, que plantea la liquidación de las acciones del país deudor con el fin de saldar la morosidad.
“El porcentaje máximo de acciones susceptibles de ser vinculadas al programa será de 20% del total de las acciones pagada de capital ordinario de la serie B de la CAF”, indica el documento del organismo. “Se aplicará automáticamente cuando el país miembro presente más de 60 días de atraso en el pago de cualquier suma debida a la CAF por causa o con ocasión de cualquier contrato de préstamo”, añade.
Con respecto a la posibilidad de nuevos financiamientos, el documento señala que el país deudor –en este caso Venezuela- debe comprometerse a readquirir las acciones que están sujetas al programa especial en un plazo de 6 meses porque de lo contrario no tendrá accedo a operaciones crediticias.
A finales de 2019 un conjunto de asociaciones civiles, coordinadas por el Grupo de Boston Venezuela, introdujo ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley de endeudamiento público especial por 350 millones de dólares de dólares para atender el proyecto Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico, que de aprobarse serían desembolsados por la CAF.
En el desglose de los montos se especifica que 66% del financiamiento (231,5 millones de dólares) se concentran en el estado Zulia para incorporar 390 megavatios de generación, le sigue la región andina a la cual se dirigen 64,7 millones de dólares para sumar 480 megavatios en esas entidades, 14 millones de dólares para el estado Nueva Esparta donde se esperan agregar 126 megavatios, 12,3 millones de dólares para las unidades de generación de la ciudad de Caracas donde se esperan añadir 201 megavatios. En total se espera añadir 1.071 megavatios.
A principios de 2020, la solicitud de este crédito no fue aprobada por la Asamblea Nacional en primer lugar por razones políticas porque implica un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición, y luego porque entre las advertencias que recibieron los diputados estuvo que el referido crédito tendría aspectos que podrían contravenir la Orden Ejecutiva 13.884 del gobierno de los Estados Unidos y la Licencia General Nº 31 otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) que beneficia al parlamento venezolano.
No obstante, el financiamiento nuevamente ha sido tomado en consideración luego del acuerdo suscrito entre el ministro de Salud, Carlos Alvarado, y el representante del parlamento para el tema de la pandemia del coronavirus, Julio Castro. Sin embargo, la decisión de la CAF de enajenar acciones de Venezuela en ese organismo hace inviable un apoyo al sector eléctrico del país.
