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Fuentes diplomáticas no afectas a la cancillería venezolana aseguraron en forma exclusiva a La Razón, que durante la sesión de la Corte Internacional de Justicia, con motivo del tema del diferendo limítrofe con Guyana, efectuada el pasado 30 de junio en La Haya, constituyó una sorpresa la posición que adoptó la vicepresidenta Delcy Eloina Rodríguez.
Enrique Meléndez
Dicha sesión se llevó a cabo por videoconferencia y, según nuestras fuentes, la vicepresidenta Rodríguez dijo allí que su gobierno, junto con el memorándum de rechazo a la jurisprudencia de la CIJ, que le habían planteado al gobierno guyanés, habían agregado 21 puntos de propuestas, para alcanzar un acuerdo en torno al tema.
-Nosotros consideramos que eso se hizo a espaldas del país, porque no sabemos qué es lo que está proponiendo el gobierno, y bajo qué condiciones, y si la señora Rodríguez dice públicamente, en ocasión de una rueda de prensa aquí en Caracas, que se trata de un problema de interés nacional, mal puede ella entregar un memorándum por debajo de la mesa sin el conocimiento del país.
Aseguraron que eso no se puede considerar de traición a la patria; sólo que habría insinceridad de parte suya, al asomar el concepto de interés nacional; cuando no cuentan para la señora Rodríguez las universidades, las academias, las escuelas de derecho, los sindicatos y lo mismo que las series de ONG´s existentes en el país, que tienen 40 años defendiendo el tema de Guyana.
-Ese fue uno de los puntos que causó malestar dentro de los medios diplomáticos; esto es, el que nos esteráramos, posteriormente, a esta acción inconsulta del gobierno. Recordemos que en el año 1983 durante la presidencia de Luis Herrera Campins, igualmente, se planteó una solución por la delimitación de las aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, y esa hipótesis, que se conocía como la Hipótesis de Caraballeda, fue discutida en todos los sectores de la sociedad civil, y fue rechazada y, al final, cuando el canciller de la época Zambrano Velasco se la presentó al Alto Mando de las Fuerzas Armadas en el anfiteatro de la Academia Militar, también allí tuvo un rechazo. Inmediatamente, el gobierno de Luis Herrera Campins retiró dicha hipótesis.
En ese sentido, los medios diplomáticos se preguntaron que, si acaso las fuerzas armadas conocen de este memorándum con los 21 puntos sobre el tema de Guyana; porque si bien es cierto que la defensa de los intereses nacionales incumbe a todos los venezolanos, no menos cierto es que la defensa del territorio, como territorio en primer grado, corresponde a las fuerzas armadas.
-Otro punto que también fue resaltante lo constituyó la pregunta, que le formuló el magistrado de Marruecos al agente guyanés, acerca de que si se habían agotado todos los mecanismos dentro de la negociación; porque la arbitrariedad del señor Antonio Guterres, por instrucciones del anterior secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon de llevar eso a la CIJ, obliga a interrogarse en torno a la apelación de todos los mecanismos, tanto diplomáticos, como políticos.
En ese sentido, se considera que las competencias de la CIJ no contemplan mecanismos de solución práctica y satisfactoria, como lo establece el Acuerdo de Ginebra; que esa fue una decisión, como dicen los abogados, ultrapetita del secretario general que se extralimitó de sus funciones al rendir ese tema a la CIJ; donde no hay jurisdicción para Venezuela, y que ahora puso en un aprieto a esta instancia internacional en determinar si ellos tienen o no tienen jurisdicción.
-Llamó, por lo demás, la profesionalidad de la delegación guyanesa contra lo que hasta ahora venía siendo la gestión de la cancillería venezolana en este conflicto; tomando en cuenta que Guyana tiene un equipo que viene desde hace 30 años ocupándose de este diferendo limítrofe; mientras que la delegación venezolano lo que cuenta es con un personal diplomático muy improvisado, recién llegados al tema; en lugar de haber convocado a personas que han trabajado durante veinte o treinta años también, y que constituye una memoria histórica.
Indicaron nuestras fuentes que ese es un elemento asimismo que llamó la atención; como el otro elemento, que también fue objeto de análisis entre nuestros medios diplomáticos pasó a ser el relativo a la estrategia que va a seguir de ahora en adelante el régimen, en el caso de que el pronunciamiento de la CIJ se produce en estos días.
La posición de la Asamblea Nacional
Por su parte el presidente de la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, Williams Dávila, envió unas declaraciones a los medios de comunicación, respaldadas por los parlamentarios miembros de la mencionada instancia legislativa: Luis Florido, Sergio Vergara y Luis Emilio Rondón; y en donde reiteran que la CIJ no tiene competencia alguna para fallar en la demanda intentada, unilateralmente, por la República Cooperativa de Guyana con relación a la disputa del territorio en cuestión.
Los legisladores coincidieron en que es “nulo e írrito” el Laudo Arbitral de París de 1899, esto en defensa de la soberanía sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica y amparado en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “El espacio territorial de Venezuela corresponde al que conformaba la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
Dávila catalogó además de “mala fe” las acciones ejecutadas por la República Cooperativa de Guyana; una nación que “nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución política-diplomática mutuamente beneficiosa para las partes”. Denunció, en este sentido, que los guyaneses dieron concesiones a compañías internacionales y grupos religiosos para ocupar el Esequibo.
Al respecto, responsabilizaron también al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon; así como a su sucesor y actual jefe de esta organización, Antonio Guterres; por haber remitido la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo a la CIJ, a pesar de no haber agotado todos los medios de solución pacífica no jurisdiccionales previstos en el artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Finalmente la Comisión de la Asamblea Nacional expresó su rechazo a la judicialización de la controversia; a las acciones unilaterales e inamistosas que ha venido ejecutando Guyana al otorgar concesiones petroleras y autorizar campañas exploratorias en zonas marítimas por delimitar a partir del Esequibo e incluso en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. Atribuyeron la responsabilidad de que este caso llegara a la mencionada instancia internacional a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, responsabilizándolos directamente de no convocar al país en torno a este tema de Estado, y por enviar un memorándum desconocido que dio a conocer la Corte el día de la audiencia oral. «Sus actuaciones han sido letales para la integridad territorial, enviaron notas de protestas a las trasnacionales petroleras más no a Guyana para reclamar actos unilaterales violatorios del Acuerdo de Ginebra. La Fuerza Armada Nacional debe evaluar este comportamiento».
