d l
Esa ha sido hasta ahora la característica dominante en la constitución de los tipos de Estado y de gobierno que se han establecido en América Latina después de alcanzada su independencia formal.
Oscar Battaglini
Lo paradójico de este resultado es que la independencia de nuestras naciones la fundaron sus realizadores (Miranda, Bolívar, Nariño, Artigas, San Martín, entre muchos otros, en las ideas de libertad, igualdad, democracia republicana, etc, emanadas fundamentalmente de la modernidad racionalista e ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII europeo.
Ahora bien, ¿de dónde derivar una explicación de esa paradoja que aún se mantiene vigente entre nosotros?; En nuestro caso particular, sin duda, del hecho que nuestra independencia política no trajo consigo o no implicó un auténtico y efectivo proceso de modernización de todas sus estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales, culturales, etc) que hubiese posibilitado el establecimiento, arraigo y estabilidad de la democracia en nuestro país. En su lugar, lo que se impuso fue un orden político que históricamente ha pendulado de la dictadura militarista a una suerte de pantomima democrática que al agotarse ha retornado inevitablemente a la dictadura militarista, tal como ocurre en la actualidad.
He ahí la dinámica política que en la sociedad venezolana se ha cumplido sin falta de 1830 a esta parte. Ese ha sido precisamente el “caldo de cultivo” del cual han salido los aventureros, los advenedizos, los oportunistas, los traficantes de la politiquería que en distintos momentos de nuestro pasado y presente histórico se han apoderado del poder político haciendo de él (como en la actualidad los resentidos):
1-una maquinaria basada en la violencia física, la coacción el chantaje y la persecución jurídico-política, en la mentira y el engaño sistematizados, en la corrupción impune y el tráfico ilícito, en el fraude electoral, etc.
2-Una autoridad dictatorial que no sólo ha despojado a la sociedad venezolana de sus derechos económicos y sociales, de sus derechos humanos, civiles y políticos, sino que se arroga la prerrogativa de imponer decisiones que contravienen abiertamente la normativa constitucional y la voluntad mayoritaria de la opinión pública. Este es el caso de las “elecciones parlamentarias” convocadas por la dictadura militarista en medio de la tragedia por la que atraviesa la sociedad venezolana, en un momento cuando en el país no existen ni las mínimas condiciones políticas que permitan la realización de una consulta medianamente justa y confiable.
Con las especificidades del tiempo histórico, se confirma con esta imposición del régimen madurista:
- que la barbarie dictatorial militarista continúa enraizada de manera determinante en la esencia más profunda de la sociedad venezolana.
2-que la precariedad y la debilidad político-institucional que la caracterizan, son los principales obstáculos que han impedido el establecimiento y estabilización de la democracia en nuestro país.
- que el vacío político-institucional creado en nuestro país por esas deficiencias, son la causa básica de la intromisión recurrente del militarismo en los asuntos del poder público con inocultables propósitos dictatoriales.
- que la brecha creada en la sociedad por tales deficiencias es la vía por donde se han infiltrado los aventureros y arribistas que actualmente usurpan el poder político en Venezuela.
De ese modo se evidencia con toda crudeza que lo que está actualmente en juego en nuestro país no es simplemente el hecho de participar con candidatos o de abstenerse de hacerlo, sino el establecimiento de un orden político y constitucional democrático (estable y plural), que, por un lado, erradique la pulsión o intencionalidad de la práctica autoritaria militarista -que históricamente ha determinado el contenido y la orientación del poder y de las instituciones en Venezuela- y por otro, propicie o establezca las condiciones (políticas, institucionales, educativas, culturales, etc) que favorezcan el cabal ejercicio de la soberanía popular; esto es, de la libre elección de los gobernantes, y de acuerdo a la normativa constitucional vigente.
El que hoy -más que en cualquier otro momento de nuestro pasado histórico- esa prerrogativa le haya sido arrebatada a nuestro pueblo por el chavezmadurismo, es lo que hace que ese derecho conculcado, se haya convertido en el centro o en el meollo del conflicto y de la lucha política por la recuperación democrática en nuestro país; despojo que, para decirlo en términos concretos, se materializa:
1-en la designación por el TSJ de un CNE integrado mayoritariamente por representantes político partidistas de la dictadura (fichas psuvistas) entrenados en la “técnica” del fraude electoral como política de Estado.
2-en el uso (y abuso) ventajista de los recursos y bienes del Estado para conseguir determinados fines políticos (particularmente electorales) mediante la práctica del soborno y el chantaje.
3-en la ilegalización de los partidos democráticos de oposición, sus principales dirigentes inhabilitados, bajo persecución policial o en el exilio.
4-en las medidas obstruccionistas puestas en práctica por el propio CNE, para impedir que los nuevos votantes se inscriban y otros actualicen sus datos como electores.
Mientras todo eso ocurre, la dictadura -con la decidida colaboración de la “oposición” de la “mesita” y de algunos “tontos útiles” de última hora-, sigue adelante con su plan dirigido a imponernos unas “elecciones” parlamentarias, en medio de los sufrimientos sin fin provocados por su nefasta gestión de gobierno, aunada al desarrollo incontenible de la pandemia del Covid-19 en nuestro país. Lo evidente en este caso, es que la dictadura madurista pretende aprovecharse inescrupulosamente de esa situación -como recientemente hicieron Putin y Lukashenco en sus países- para imponer –cosa que ya se hizo el 20/15/2018- una consulta y unos resultados electorales que, pese a su carácter espurio, le puedan servir para alardear ante el mundo y darse los visos de legalidad y legitimidad de que carece, en lo que viene siendo el cumplimiento de su plan estratégico, que no es otro que el de perpetuarse en el poder.
Frente a esos designios de la dictadura militarista, la oposición democrática liderada por la Asamblea Nacional, el G-4 y Juan Guaidó, ha puesto a rodar una hoja de ruta contentiva de cuatro puntos fundamentales:
1-la no concurrencia a un proceso electoral que además de tener como marco una crisis económica, social y sanitaria extrema, se realizaría en condiciones que han sido especialmente diseñadas para favorecer, de manera fraudulenta, a la dictadura.
2-unificar a todas las fuerzas democráticas en la lucha final contra la dictadura.
3-la elaboración de un plan concreto para enfrentar el fraude electoral parlamentario. 4-mantener la lucha por la conquista de un gobierno de emergencia, y la realización de unas elecciones libres y justas.
