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Cuando oímos la declaración guerrerista de Remigio Ceballos se confirma que la banalización del mal y el fanatismo de raíz fundamentalista, es lo que permite que ese tipo de cosas ocurran
Oscar Battaglini
Esos son algunos de los rasgos más sobresalientes de la conducta política de la camarilla civil-militar que ha monopolizado el poder en Venezuela durante más de dos décadas.
Esto significa que la dinámica general del país no ha estado guiada por los contenidos de la Constitución de la República de 1999, aprobada mediante referendo popular, sino por la voluntad omnímoda (autocrática) de quienes en el curso del tiempo señalado se han turnado en la presidencia de la república: Chávez y Maduro.
Para ser más explícitos debemos decir que durante todo ese tiempo la sociedad venezolana ha estado bajo el dominio de un régimen político personalista, arbitrario, que abusa permanentemente del poder, que no se sujeta a ninguna normativa (ni legal ni constitucional), y que ha venido tomando y poniendo en práctica de manera recurrente y contumaz medidas políticas impuestas dictatorialmente.
Estas le han producido un enorme daño a la economía nacional, a la sociedad en su conjunto, y al orden político institucional (democrático) del país.
Pero no sólo eso, se trata igualmente de un régimen político afectado por una grave y profunda crisis de legitimidad que lo ha convertido en una suerte de Estado militarista-policial, opuesto a toda forma de negociación política, y que recurre permanentemente a la represión y al fraude electoral para perpetuarse en el poder.
En esa larga caracterización no existe la más mínima exageración. Lo señalado es lo que los venezolanos hemos conocido y soportado a lo largo del tiempo que el modelo político chávezmadurista ha permanecido en el poder.
La destrucción de nuestra economía (de la actividad petrolera, de la cual provenía el 96% de las divisas del país; de las refinerías, que es lo que explica la escasez crónica de gasolina y otros derivados del petróleo; de la capacidad para producir alimentos; la destrucción de la moneda nacional, de los salarios y pensiones que ha condenado a la inmensa mayoría de los venezolanos a vivir con menos de un dólar mensual; de la seguridad social de los trabajadores y profesionales de ingreso fijo,
Asimismo, el crecimiento exponencial del desempleo, del hambre, del desamparo social, de la migración hacia el extranjero; de la delincuencia, etc; la caotización de todos los servicios públicos en medio de la pandemia del Covid- 19; la instrumentalización de todos los poderes públicos, para ponerlos al servicio servil de la dictadura; el envilecimiento de la justicia; la violación sistemática de todos los derechos civiles políticos de los venezolanos.
También la institucionalización de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura en las cárceles políticas del país, etc, son algunos de los indicadores que demuestran que en la apreciación que hemos hecho de la actual situación venezolana, no hay exageración alguna.
Es más, los elementos aquí sentados, aparecen en mayor o menor medida registrados en informes y en las actuaciones de esos informes que ha venido haciendo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación venezolana. Lo mismo puede decirse del informe presentado por la misión especial del Consejo de los derechos humanos de la ONU sobre el caso venezolano.
Ante lo ostensible de la dramática situación que presenta el país y lo incontrovertible de esos informes, el régimen dictatorial madurista ha respondido de la forma que ya es para él una posición tomada, la de negar cínicamente, con base en la descalificación de estos informes, que eso esté ocurriendo,
Y cuando por alguna razón se ve obligado a reconocer algo de esa realidad, termina, de manera prepotente y desafiante, atribuyéndole la responsabilidad por su existencia a sus enemigos externos: al imperio, a la Unión Europea, al Grupo de Lima, al Grupo de Contacto, a la OEA, ahora también a los organismos de los derechos humanos de la ONU, a la “oposición apátrida”, y cuanta acosa se le ocurre, etc.
Cabe recordar que ese mismo proceder mañoso, fue empleado por Maduro y sus representantes para hacer fracasar las negociaciones políticas de Caracas, República Dominicana, Oslo y Barbados.
En la actualidad, aunque no abandonan, el estilo mañoso, es la prepotencia y la arrogancia dictatorial (militarista-policial), lo más sobresaliente de su conducta política.
Esos rasgos y la pulsión que los determina, están:
1.- En el contenido del discurso de Remigio Ceballos, con motivo de los 15 años del Ceofan, en el que afirmó: … “tenemos fortaleza para enfrentar cualquier dificultad que se nos presente” … Cuando oímos a ese oficial hacer una declaración guerrerista como esa, en medio de la catástrofe que estamos padeciendo, se confirma más en la idea de que sólo la banalización del mal y el fanatismo de raíz fundamentalista y fascista, es lo que permite que ese tipo de cosas ocurran.
2.- En la respuesta dada por el autoritarismo madurista ante las recomendaciones y sugerencias que le hiciera la Misión de la Unión Europea que nos visitó recientemente, en las que solicitaba posponer por un tiempo prudencial, las elecciones parlamentarias; a fin de darle tiempo a la posibilidad de una negociación gobierno-oposición que diera pie al mejoramiento de las condiciones electorales y que, al mismo tiempo le permitiera a la UE, enviar en forma y de acuerdo a sus requerimientos, una misión de observación electoral.
Como es sabido, de todo eso, el régimen madurista, de manera zafia e insolente, no hizo ningún caso, lo que obligó a la misión a retirarse del país alegando que en Venezuela … “actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático”…
3- En la “Ley Antibloqueo” que el régimen dictatorial madurista pretende imponer mediante un acto de fuerza; es decir, violentando el ordenamiento constitucional, y a través de una constituyente fraudulenta y espuria. Esto mismo dicho en términos concretos significa de derecho y de hecho:
3.1- una derogatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 11, 12, 302 y 303, en los que se consagra “la soberanía plena de la República” y se establece la propiedad nacional sobre … “la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela”… empresas y servicios básicos de la República, etc. Contrariamente a lo estipulado en estos artículos, la Ley Antibloqueo crea las facilidades “legales” para que se produzca la entrega (la desnacionalización) de los activos y empresas del Estado al capital privado internacional en condiciones leoninas.
3.2- La renuncia a la soberanía jurisdiccional de la República.
3.3- Evadir el requisito de que los tratados o convenios internacionales sean aprobados y fiscalizados por el Poder Legislativo Nacional (Art. 150 y 154 de la Constitución).
Con esta “ley” pasa lo mismo que con las “elecciones” parlamentarias de la dictadura, que no será reconocida ni por la comunidad internacional, ni por la sociedad venezolana, dada la certeza que tienen sobre su ilegalidad y carácter nulo. Por lo tanto, aquí sólo vendrán inversiones de China, Rusia e Irán, y eso con muchas reservas, a pesar de que hace ya bastante tiempo vienen tratando y negociando con gobiernos fuera de la ley (de las leyes nacionales e internacionales; es decir, con Estados forajidos.
EL AUTOR es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, co-fundador del partido Liga Socialista y exrector del Consejo Nacional Electoral. Autor de los libros “Legitimación de Poder y lucha política en Venezuela” y “El medinismo, modernización, crisis política y golpe de estado”.
