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Denuncian que el Estado administra justicia con venganza, odio y resentimiento
El director de la ONG Derechos Civiles, abogado y exparlamentario Rafael Narváez, afirma que el Estado venezolano se convirtió en el principal violador de los derechos humanos de la población.
“El Estado mantiene a la justicia politizada y paralizada vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa y presunción de inocencia de 365 presos políticos”, señala.
Indica que estas personas continúan detenidas en los centros que calificó como de “torturas” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Están recluidos en estos centros sin un trato humanitario y despreciados por un sistema de justicia inhumano”.
El abogado reitera que el Estado venezolano sepultó los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos en fosas comunes que denomina como “clandestinas”.
“La vida de los venezolanos es decidida por los grupos de exterminio del FAES (Fuerza de Acciones Especiales); la alimentación por la hiperinflación; la salud por el Covid-19; la libertad de expresión por Conatel; y las garantías constitucionales y el debido proceso es decidido por los poderes públicos”, enfatiza.
El director de la ONG Derechos Civiles afirma que el país está en presencia de la tragedia más grande en la materia de los derechos humanos. “Los derechos humanos han sido víctima de un Estado que sigue estando impregnado de venganza, odio, resentimiento y que los desprecia”.
Narváez también señala que la población venezolana es víctima del hambre por causa de una hiperinflación que está resultando indetenible. Al respecto, explica que los “salarios miserables”, que apenas alcanzan para adquirir un cartón de huevos o un kilo de queso, están provocando el desplazamiento de miles de venezolanos a otras naciones.
Agrega que en estos países los venezolanos son víctimas de la xenofobia y el desprecio y, en este sentido, recordó el reciente caso de 24 venezolanos, incluidos16 niños, que fueron deportados por Trinidad y Tobago sin que la Cancillería de Venezuela asumiera su defensa.
