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Señalan que la conducta de la Alta Comisionada genera desconfianza en los familiares de las víctima, y también coloca en tela de juicio el trabajo científico de la misión independiente de la ONU para determinar la violación de los derechos humanos en Venezuela que Bachelet creó e impulsó
Las risas y regocijo que Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, compartió con Nicolás Maduro durante reunión virtual esta semana son un irrespeto a las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por organismos policiales del Estado venezolano.
Así lo señala el ex diputado, abogado defensor de los derechos humanos y coordinador de la ONG Derechos Civiles, Rafael Narváez, quien recuerda que Bachelet, durante su reciente visita al país, constató violaciones graves tales como detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecuciones extra judiciales
Al respecto, indicó que en estos delitos han sido señalados integrantes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Comando Nacional Antisecuestro (Conas), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Indica que se agrega la vulneración sistemática contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, persecución y cárcel contra la disidencia opositora, las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el despojo de las tarjetas a los principales partidos políticos de la oposición.
Narváez reitera que Bachelet les debe una explicación a las víctimas de violación sistemática de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. “El porqué de su alegría e inmensa cordialidad con alguien que ella misma ha impulsado una investigación en instancias internacionales por violaciones graves contra los derechos humanos”, asevera.
Indica que estas denuncias han sido replicadas por otras instituciones internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI). “Hasta la fiscal Fatou Bensounda de la CPI hizo un pronunciamiento, según informe en fase 3, donde destacó que existen razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad”, indica.
El abogado expresa que la conducta de la Alta Comisionada genera enorme desconfianza en los familiares de las víctimas. Agrega que también coloca en tela de juicio el trabajo científico de la misión independiente de la ONU para determinar la violación de los derechos humanos en Venezuela que Bachelet creó e impulsó.
El defensor por los derechos civiles exigió a los miembros de la oficina de la ONU, instalada por la Alta Comisionada, a rendir informe sobre sus acciones en materia de los derechos humanos en Venezuela.
