La dictadura de Maduro enfrenta el momento más crítico y agónico de la industria petrolera venezolana, desde que fue nacionalizada el 1 de enero de 1976 durante el primer gobierno del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez.
Después de 22 años de un discurso oficial basado en la supuesta defensa de la industria petrolera, la administración de Nicolás Maduro avanza en los pasos que considera necesarios para la privatización progresiva de Pdvsa.
En Caracas se vienen realizando reuniones entre ejecutivos de diversas regiones del mundo y la dictadura de Maduro. Los inversionistas vienen atraídos por la riqueza en el subsuelo y las posibilidades de acordar nuevos negocios.
En esta nueva ola, las inversiones podrían provenir de pequeñas compañías, tomando en cuenta que grandes corporaciones como Chevron (Estados Unidos, Total (Francia) y ENI (Italia) estarían guardando cautela ante las sanciones del gobierno estadounidense contra Venezuela.
Estas primeras inversiones se concentrarán entonces en pequeñas compañías petroleras que, amparadas en la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en octubre de 2020, perseguirán la evasión de las sanciones decretadas por Estados Unidos.
La dictadura de Maduro enfrenta el momento más crítico y agónico de la industria petrolera venezolana, desde que fue nacionalizada el 1 de enero de 1976 durante el primer gobierno del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez.
La producción de crudo y refinación actual se ha desplomado a niveles históricos. Salarios de hambre, condiciones laborales de riesgo, falta de repuestos y fuga de cerebros han paralizado a Pdvsa a extremos peligrosos.
Vale agregar además la pérdida de importantes activos en el extranjero, siendo uno de los más importantes precisamente Citgo, y el cual le aseguraba presencia en un porcentaje del mercado automotor de Estados Unidos.
Por tanto, el dinero fresco que podrían aportar los inversionistas, mediante los mecanismos de privatización que sean acordados, le vendrá bien al gobierno para los propósitos de no permitir el derrumbe total de la estatal.
La crisis de la industria ha permeado en la realidad diaria de los venezolanos, a través de la escasez de gasolina y diesel para el mercado interno venezolano. En un país azotado por la hiperinflación, el transporte de alimentos, medicinas e insumos se realiza a través de las carreteras y autopistas.
La Ley Antibloqueo le servirá al gobierno para los propósitos de iniciar la privatización progresiva y cumplir a mediano plazo con la meta de elevar la producción de 300.000 a 1,5 millones de barriles diarios.