La oposición anunció este sábado que envió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, un informe sobre los supuestos abusos cometidos por efectivos de la FANB en la población de La Victoria
Los enfrentamientos armados en el estado Apure, entre grupos disidentes de las FARC-EP y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), amenazan agravarse durante los próximos días y con complejas consecuencias sociales.
Los analistas señalan que es el evento bélico más grave que experimenta Venezuela en muchos años. Los habitantes reportan asesinatos, incendio de viviendas, bombardeos, presencia de la guerrilla, desplazamientos forzados y minas antipersonales.
El coordinador del Observatorio de Defensa de los DDHH de la ONG FundaRedes, Juan Francisco García, denuncia que las familias que residen en esta región llanera padecen graves violaciones de DDHH en lo económico y lo social.
“En Apure la violencia se ha apoderado de comunidades enteras, por ser el corredor de frontera más extenso”, explica. “Somos víctimas directas del conflicto armado de organizaciones como FARC, el ELN y FBL”, indica.
Este sábado los habitantes de la localidad de La Victoria realizaron asambleas con la finalidad de abordar esta problemática que ha generado temor en la población.
En la reunión, los lugareños le reclamaron al alcalde del municipio José Antonio Páez, José María Romero, de ser testigo complaciente de las actuaciones de la FARC, ELN y de las violaciones cometidas esta semana por la FANB y también la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
En tal sentido, diversas organizaciones exigen investigar la actuación de la FANB en el estado Apure durante los recientes días. En tal sentido, la ONG FundaRedes divulga el video de una persona identificada como Yanilce que denuncia que su familia fue masacrada en La Victoria por el ejército venezolano por portar cédula colombiana.
“Una tanqueta del ejército llegó a la casa de mi hermano (…) por el simple hecho de que mi hermano, mi cuñada y mi sobrino, llevaran cédulas colombianas se los llevaron y dijeron que eran guerrilleros de las FARC. Le pusieron armamento, uniforme y botas (…) El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia cuando yo le trabajé durante 18 años. El pago que me da es masacrar a mi familia”, afirma.
Por su parte, el periodista Junior Parra publica en su cuenta @JuniorParra19, en la red Twitter, el testimonio de Raiza Isabel Remolina quien asegura ser familiar de una de las personas asesinadas el 25 de marzo en Apure supuestamente durante actuación del FAES.
Remolina asegura que estas personas no eran guerrilleros y que se dedicaban al trabajo del campo. “El FAES los sacó de su casa (Barrio 5 Julio) y aparecieron muertos en El Ripial con ropa de guerrilleros, armas y granadas”, afirma.
Asimismo, Fabiola Álvarez denuncia que sus suegros y cuñados fueron asesinados en El Ripial. “Luego crearon un falso positivo haciéndolos pasar por guerrilleros”, denuncia.
Al respecto, el abogado Enrique Aristeguieta escribe en su cuenta @EAristeguieta que las acusaciones contra el FAES y su conducta criminal en Apure no debes quedar sin respuesta ni sanción.
Por su parte, este sábado el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, ofreció una rueda de prensa para denunciar que el gobierno de Colombia ha entregado sus fronteras a grupos delincuenciales, cuya actividad económica es el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
Explica que el objetivo de esta entrega es hacer de los territorios fronterizos teatros de operaciones para atentar contra la seguridad y la soberanía de Venezuela.
“La creación de las llamadas Fuerzas Especiales de Duque trabajan en alianza con estos grupos armados con el fin de agredir a Venezuela”, aseguró.
De igual modo, indicó que los ataques contra la FAN por parte de los medios de comunicación social y matrices generadas a través de las Redes Sociales buscan generar cajas de resonancia para la narrativa promovida por los grupos armados provenientes de Colombia.
“Las declaraciones tendenciosas del Comando Sur en torno a lo ocurrido en la frontera colombo-venezolana dejan claro la alianza entre el gobierno de Iván Duque y los grupos armados de Colombia”, añadió.
Asimismo, la oposición anunció este sábado que envió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, un informe sobre los supuestos abusos cometidos por efectivos de la FANB en la población de La Victoria.