Justificación ético-política del poder #Análisis #OscarBattaglini

El autoritarismo militarista que ha permanecido tejido a la estructura del poder político que ha regido en Venezuela a lo largo de su historia republicana

Oscar Battaglini

De acuerdo a lo establecido y aceptado universalmente, el ejercicio del poder político requiere estar plenamente justificado ética y políticamente.

Justificación que deviene fundamentalmente de la aceptación (del consenso) de la mayoría (relativa o calificada) de la población, de la sociedad, aceptación que a su vez se concreta en la práctica, mediante la plena realización de la soberanía popular que se efectúa a través de la institución y la figura del voto libre, directo, universal y secreto.

De todo esto, es entonces, de donde dimana la legitimación de origen que todavía necesita de la legitimación de desempeño para que el ejercicio del poder alcance su completa y definitiva justificación ético-política.

Cuando se revisa el paso del modelo político chavista por el poder, y de su gestión política-administrativa durante más de dos décadas; nada de eso o muy poco, aparece en su haber, lo cual se debe, básicamente al carácter autoritario-militarista inherente a ese modelo político, y al hecho demostrado de no representar una real y verdadera opción de cambio social y político en el seno de la sociedad venezolana, todo lo contrario.

El autoritarismo militarista que ha permanecido tejido a la estructura del poder político que ha regido en Venezuela a lo largo de su historia republicana»

En consecuencia, el chavismo no es otra cosa que la manifestación de un arcaísmo o anacronismo que se hizo recurrente en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX venezolano. Concretamente nos referimos al autoritarismo militarista que ha permanecido tejido a la estructura del poder político que ha regido en Venezuela a lo largo de su historia republicana.

El chavismo combina en el poder ese rasgo reaccionario y antidemocrático con una práctica política populista propia de lo que ha sido denominado: “populismo de segunda ola o de segunda generación”, que tampoco ha introducido cambios sustanciales en la estructura social tradicional existente, pero que a diferencia del “populismo de primera generación” busca construir su clientela en el seno de los sectores más deprimidos socialmente (incluidos los grupos delictivos) para utilizarlos como cuerpos de choque contra la protesta social y política tal y como ha venido ocurriendo en Venezuela.

A eso se debe fundamentalmente que el régimen chavista no haya adelantado un plan general (nacional) dirigido a introducir cambios progresistas y democráticos en la estructura económica, social y política de la sociedad venezolana.

Contrariamente lo que hemos presenciado es una acción gubernamental en la que los problemas sociales existentes no solo no se han resuelto, sino que han dado paso a otros aún más graves que han generado el cuadro catastrófico que actualmente exhibe el país.

La migración hacia el exterior de más de seis (6) millones de venezolanos y la indignidad que representa un salario mínimo de 15 centavos de dólar»

De estos problemas cabe destacar la exacerbación del autoritarismo militarista y policial que hoy invade todos los espacios de la sociedad venezolana; la hiperinflación que ya tiene más de 40 meses de duración, lo que significa que en el mes de julio del año en curso, habremos sobrepasado el tiempo de duración de la hiperinflación de Grecia, y hacia finales desplazaremos a Nicaragua como el país de la mayor hiperinflación en el mundo.

También la caída descomunal de la producción petrolera (que según el economista Asdrúbal Oliveros, determinó que el soporte fiscal de Pdvsa fuese cero (0) en el año 2020), agrícola e industrial; el saqueo del BCV y de Pdvsa a través del Fondem, organismo que de acuerdo a la reforma de la Ley del BCV (2009) se le otorgó la potestad de percibir parte significativa de las divisas que Pdvsa debía entregara al Banco Central, para gastos del gobierno.

Se calcula que a este organismo ingresaron más de cien mil millones de dólares (104.860 millones, para ser más exactos), que fueron gastados sin control, ni de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), ni de la Asamblea Nacional, ni de la Contraloría de la República; el caos de los servicios públicos; la migración hacia el exterior de más de seis (6) millones de venezolanos; la indignidad que representa un salario mínimo de 15 centavos de dólar; 96% de pobreza de ingreso (Encovi); más de 90% de desnutrición, de la cual no escapa ningún sector de la población, ni ningún grupo etario.

Llegados a este punto, surge la pregunta: ¿Qué sentido tiene y cómo puede justificarse ética y políticamente, que los representantes de un gobierno responsable de esa catástrofe, persistan en su obcecación de permanecer en el poder? La respuesta es diversa, lo primero que hay que decir, es que no existe una sola razón ni ética, ni moral, ni política, ni lógica, que justifique esa pretensión.

El interés que tiene la burocracia chavista de mantener el control político del Estado venezolano, es para continuar usufructuando los beneficios derivados de las actividades económicas de la llamada economía subterránea»

En segundo lugar, diremos que tal pretensión se corresponde plenamente con la conducta moral mostrada por la burocracia chavista en el ejercicio del poder; conducta esta en la que aparecen de bulto los rasgos del inmoral (la mentira, la simulación, el engaño, el chantaje, la manipulación, etc), el cual intenta ocultar su vileza, mediante el cinismo y el descaro.

Pero, en la que también aparecen los rasgos del amoral, que como el psicópata, no tiene noción o sentido de la culpabilidad, porque, simplemente esas cosas le tienen sin cuidado; por lo que banaliza la maldad, y la práctica de manera “absoluta como política”, de la forma como acaba de descubrirla el profesor Ángel E. Álvarez (ver: pellsitoall 24/3/2021).

En tercer lugar, se explica ese comportamiento por el interés que tiene la burocracia chavista de mantener el control político del Estado venezolano, para, desde esa posición continuar usufructuando, los beneficios derivados de las actividades económicas de la llamada economía subterránea.

En cuarto lugar, por el temor a perder el poder y tener que enfrentar ante los tribunales internacionales, los cargos por crímenes de lesa humanidad (que, por cierto, no prescriben) que esa burocracia ha cometido reiteradamente en el ejercicio del poder, tal como aparecen registrados y constatados por la Comisión de Comprobación de hechos de la ONU, en los Informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ese organismo internacional, y que actualmente están siendo procesados por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, del cual se está en espera de su veredicto final.

En quinto lugar, se explica esa pretensión por la vana ilusión, o el cálculo totalmente descontextualizado que siempre se hacen los regímenes totalitarios en medio de su crisis terminal, de que mediante la violencia armada (militar y policial), lograrán conjurar la crisis y mantenerse indefinidamente en el poder. Esto, como es harto conocido, no se ha cumplido nunca en ninguna parte, sino, todo lo contrario; y con toda seguridad nosotros no nos convertiremos en la excepción de esa regla.

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