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La ONG Provea se niega a revelar al gobierno los nombres de las personas beneficiadas con sus programas. Acusa directamente a Nicolás Maduro y su cúpula de poder de buscar el control sobre el trabajo que realizan las ONG y los defensores de los derechos humanos en Venezuela
Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en Venezuela denuncian al gobierno de Nicolás Maduro de ejercer acciones para controlar estas instituciones y defensores de los derechos humanos a través de regulaciones legislativas.
El pronunciamiento es realizado por las ONG, a través de un comunicado divulgado este jueves 15 de abril y remitido al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y donde rechazan la persecución a organizaciones de la sociedad civil, ONG y personas defensoras de derechos humanos.
Indican que estas instituciones y personas ejercen legítimamente su derecho a la libre asociación en Venezuela para atender a grupos vulnerables en medio de la compleja emergencia humanitaria que se ha agravado a partir de la pandemia global.
“El Estado no cumple con sus obligaciones de protección y garantía de derechos básicos como la salud, la alimentación, y el acceso a la justicia; sin embargo persigue a las organizaciones y defensores de derechos humanos que exigen que se respeten y protejan los derechos humanos”, indican.
Alertan que el gobierno intenta la criminalización del financiamiento desde el exterior y, al respecto, señalan que esta acción es parte del derecho humano a la asociación y el mismo se encuentra protegido por los pactos y tratados internacionales a los cuales está sujeta la Constitución.
Al respecto, señalan que en el año 2020 fueron registrados más de 300 eventos que comprometieron la integridad y el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Explican que estos hechos inician con señalamientos públicos, continúan con declaraciones de altos funcionarios y avanzan con campañas de descrédito.
Afirman que adicionalmente en estos ataques también se han registrado acciones de fuerza pública. Destacan que en 2021 dos organizaciones fueron víctimas de allanamientos en sus sedes y lo cual limitó la entrega de medicamentos y artículos de salud a personas de bajos recursos. Acotan que en enero las ONG registraron 100 ataques e incidentes de seguridad contra los defensores de los derechos humanos.
Resaltan que el 12 de enero fueron detenidos cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, organización que tiene más de 10 años apoyando a personas con VIH y otros grupos vulnerables en regiones remotas del estado Zulia. Indican que estas personas fueron excarcelados con medidas cautelares casi un mes después.
“La acción contra estos activistas son una muestra de la acción estatal contra quienes ayudan a otros, documentan violaciones de los derechos humanos en Venezuela y transmiten la información a los sistemas internacionales de protección”, señalan.
En el comunicado, las ONG también se dirigen a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que rechace públicamente esta persecución y las medidas judiciales y administrativas para amenazar, limitar y afectar la labor humanitaria.
“Nicolás Maduro y su cúpula de poder quieren controlar el trabajo de las ONG y la sociedad civil venezolana, a través de una reciente regulación para obligarnos a revelar los nombres de nuestros cientos de beneficiarios”, advierte la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de Twitter.
Al respecto, Provea responde que se niega a esta medida. “Nos negamos. Rechazamos los ataques y amenazas”, indica.
En siguiente tuit, destaca que la asociación para defender los derechos humanos es un derecho humano protegido por la Constitución de Venezuela. “Funcionario de Maduro criminalizan la labor de las ONG, vitales para ayudar a otras personas”, añade.
