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Advierten que niños siguen muriendo en el hospital JM de los Ríos mientras esperan por trasplantes
El abogado y defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, afirma que el Estado venezolano es indolente, de manera sistemática, con el sufrimiento de la población a raíz de la crisis económica que afecta al país.
“El pueblo sigue soportando la crisis económica devastadora que aniquiló totalmente los miserables salarios y pensiones, ya de hambre, y colocando en el mayor grado de indefensión los hogares venezolanos”, destaca.
Indica que es inhumano no contemplar en las agendas de diálogo y negociación el sufrimiento de las víctimas de la crisis del sector salud, dejando pérdida de vidas y especialmente en quienes sufren enfermedades crónicas.
Indica que niños siguen muriendo en el hospital JM de los Ríos mientras esperan por un trasplante de medula ósea. Señala que esta situación incumple con los convenios internacionales para proteger la salud de la población.
Resalta que la cantidad de vacunas que ha llegado es insuficiente para detener la cadena de contagios del Covid-19. Recuerda que la Academia de Medicina indicó que solo el 7 % de la población ha sido vacunada.
Por otra parte, señala que el desplazamiento de venezolanos a otras naciones pudiera llegar a 6 millones de acuerdo con estudios de Acnur. “Estos ciudadanos huyeron del país sobrevivir pero encontraron desprecio, xenofobia, deportación y muerte”.
“El Estado debe asumir su obligación de proteger a los connacionales con su equipo diplomático como lo establece la Convención de Viena. El diálogo en México es demostración de esta indiferencia, desprecio e indolencia. No se buscan soluciones urgentes para el bienestar social de los que más sufren en nuestro país”, afirma.
Rafael Narváez expresó que el Estado sigue vulnerando los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Añade que su prioridad es acumular más poder sin importarle quien sufre en la población.
Afirma que mientras la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral siguen en la carrera desenfrenada con un presupuesto millonario destinado al poder político, no se destina un centavo para resolver el problema de la salud y la vacunación contra el Covid-19.
“La única esperanza es la Corte Penal Internacional porque el Estado ha cometido violaciones graves contra los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no prescriben», concluye.
