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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue capturado este martes 15 de febrero en su casa en Tegucigalpa y trasladado supuestamente a rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención, luego de que EE. UU. lo solicitara el lunes, con fines de extradición, por narcotráfico entre otros delitos.
Hernández fue capturado bajo un riguroso dispositivo de seguridad que desde la noche del lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña.
La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
El exgobernante fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia.
Hernández salió de su casa cubierto con una gorra azul y mascarilla del mismo color pasadas las 14.00 horas locales y, de inmediato, policías le colocaron un chaleco antibalas y procedieron a esposarlo de pies y manos.
Luego fue subido a un vehículo blindado, de varios de una caravana, y llevado a una unidad de la Policía Nacional donde estaría rindiendo su primera declaración preliminar, como parte del proceso judicial sobre extradición.
La embajada de EE .UU. en Tegucigalpa afirmó este martes que Hernández “participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares”.
La droga se movilizó “por rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos”, indicó la legación diplomática en una extensa nota dirigida a la Cancillería hondureña en Tegucigalpa, en la que confirmó la solicitud de captura de Hernández con fines de extradición hecha por Washington el lunes.
Un juez de Honduras ordenó este martes 15 de febrero la captura del expresidente (2014-2022) Juan Orlando Hernández para cumplir una petición de extradición de Estados Unidos que lo acusa por narcotráfico, según informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
JOH, EL NARCOPRESIDENTE
Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968, se autodefine como un “indio pelo parado”. Creció en el seno de una familia rural en el departamento de Lempira.
Se graduó de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y más tarde cursó en Nueva York una maestría en Administración Pública, de 1994 a 1995.
Está casado con la abogada Ana García, con quien tiene cuatro hijos.
Ingresó a la política en 1990 como asistente de su hermano Marco Augusto en la secretaría del Congreso Nacional.
Desde 1998 se mantuvo como diputado y durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), ocupó la presidencia del Congreso. Como titular del hemiciclo, JOH promovió la sustitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, los que posteriormente dieron lugar a su reelección presidencial. Creó la Policía Militar de Orden Público (PMOP) con 5,000 efectivos seleccionados de batallones militares y en 2014, ya como presidente, impulsó programas de compensación social como la “bolsa solidaria” de alimentos y programas de vivienda.
Vínculos con poderosos capos
En el marco del juicio por narcotráfico realizado en Nueva York contra su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua, un fiscal de Manhattan dijo que JOH recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.
“Esa alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula”, se defendió Hernández en aquel momento en Twitter.
En el juicio de otro narco hondureño en Nueva York, Geovanny Fuentes, un testigo narró que escuchó a JOH jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.
LO QUE LE ESPERA AL NARCOPRESIDENTE
Aunque no se ha presentado una acusación formal ante los tribunales estadounidenses, el ministro de seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, señaló que Hernández se enfrenta a tres cargos por narcotráfico, uso de armas para el narcotráfico y conspiración para usar armas en el tráfico de estupefacientes, según reportó Associated Press.
Hernández es señalado por EE.UU. de participar en «una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela», aseguró la embajada estadounidense en una carta diplomática al gobierno hondureño, filtrada a medios locales.
EE.UU. acusa al ex presidente de recibir «millones de dólares en sobornos y ganancias de múltiples organizaciones» de narcotráfico de Honduras, México y otros países, según la misiva, reportó primero el diario local La Prensa.
Los hechos indican que EE. UU. está moviéndose para presentar cargos contra Hernández en tribunales estadounidenses, dijeron expertos consultados por el portal de noticias Voz de América. El expresidente ya había sido salpicado en juicios contra narcotraficantes convictos en el país norteamericano, entre ellos el de su propio hermano.
En el anuncio de su inclusión al listado de actores corruptos, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, señaló que Hernández cometió o facilitó “prácticas de corrupción y narcotráfico” y utilizó “ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas”.
El nombre de Hernández, quien gobernó el país centroamericano por ocho años, ha salido en investigaciones judiciales a narcotraficantes condenados en EE. UU., entre ellos su hermano, el exlegislador Tony Hernández, condenado a prisión de por vida por tráfico de drogas.
En los documentos y declaraciones ante los juzgados, la justicia estadounidense vincula a Hernández con el narcotráfico. En la sentencia a su hermano, los fiscales exponen que el expresidente jugó un papel importante en una “conspiración para traficar drogas violenta y promocionada por el estado”.
Este lenguaje indica que “la DEA y el Departamento de Justicia parecen estar bastante confiados en la cantidad de evidencia que hay para apoyar las acusaciones que hacen”, dijo a VOA David Weinstein, abogado y exfiscal federal del condado de Miami-Dade.
El expresidente Hernández niega las acusaciones, asegurando que se trata de una “falsa narrativa” de los narcos.
Además del caso contra su hermano, el expresidente también fue salpicado en los juicios contra Geovanny Fuentes y Devis Rivera, exlíderes del cártel de Los Cachiros, que traficó drogas hacia EE. UU.
Hernández y la inmunidad parlamentaria
El futuro de Hernández está ahora en manos de la Corte Suprema de Honduras quien debe decidir si aprobar o no el pedido de extradición de EE.UU., explicaron los abogados. El tribunal se reunión de urgencia el martes y designó al juez Edwin Francisco Ortez como el encargado de revisar el expediente de extradición presentado por EE.UU.
La única excepción, explicó el analista, sería que existiera un juicio ya contra Hernández en Honduras previo a la solicitud de extradición. En ese caso, “hasta que ese proceso judicial termine, tiene prioridad sobre la extradición”, explicó. Por ahora, no existe un proceso de esta naturaleza.
Días después de que la presidenta Castro de Zelaya tomara posesión como presidenta de Honduras, Hernández se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), conformado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
En el pasado, figuras políticas centroamericanas han alegado tener inmunidad por ser diputados del Parlacen ante pedidos de extradición por parte de EE.UU. El caso más reciente es el de los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Las cortes en Guatemala, donde fueron arrestados, desestimaron los argumentos de sus abogados de que tenían inmunidad al ser nombrados diputados suplentes del Parlacen y fueron extraditados a EE. UU., donde cumplen una condena por lavado de activos.
Según las leyes estadounidenses, las organizaciones internacionales reconocidas por EE. UU. —como la ONU, la OEA o la Cruz Roja—reciben los mismos privilegios que un gobierno extranjero, entre ellos cierta inmunidad ante procesos judiciales o ante el registro y confiscación de bienes.
Según los estatutos del Parlacen, sus miembros obtienen la misma inmunidad de la que gozan los “diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales” en sus países e inmunidad diplomática en los estados miembros.
El Parlacen otorga inmunidad a sus funcionarios “por actos que se realicen siendo funcionario” del organismo, según explicó Álvarez.
Es decir, si los actos de los que es acusado Hernández los cometió antes de ser diputado, no estaría cubierto por la inmunidad, aseguró el jurista hondureño.
Los estatutos del Parlacen también estipulan que se pueden retirar las inmunidades de un diputado a solicitud del país del cual es nacional. Además, dice el reglamento, “en caso de flagrante delito”, el parlamento “procederá de oficio, inmediatamente al levantamiento de las inmunidades”.
“Suficientes pruebas”contra Hernández
Según Weinstein, “parece que hay suficientes pruebas» para que el Departamento de Justicia siga adelante con un proceso contra Hernández.
La decisión de incluir a Hernández en la lista de actores corruptos y revocarle su visado due un indicio de lo que EE. UU. “está pensando y cómo entiende las acciones de Juan Orlando Hernández”, considera el analista experto en Centroamérica Eric Olson, de la Fundación Internacional Seattle.
“Se está dando a conocer que dentro del Departamento de Estado y el gobierno en general reconocen que [el expresidente] tiene vínculos bastante claros con la corrupción”, dijo el experto.
De ser aprobada su extradición, Hernández sería trasladado en custodia de las autoridades federales en Nueva York. Los cargos en su contra, aunque aún no han sido presentados oficialmente por el Departamento de Justicia, se presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, según la carta de la embajada estadounidense filtrada.
De ser encontrado culpable, Hernández se enfrenta una pena máxima de cárcel de por vida, aseguró a la VOA el exfiscal Weinstein.
En el Congreso de EE. UU., representantes demócratas aumentaron la presión en las últimas semanas para traer a Hernández a rendir cuentas frente a la justiciar estadounidense.
Los abogados de Hernández han expresado que el ex presidente tiene la intención de “seguir el proceso legal correspondiente y defender su Inocencia”, según un comunicado.
En la sentencia de Tony Hernández, condenado por traficar al menos 185,000 kilos de cocaína a EE. UU., los fiscales señalan que entre 2004 y 2019 le entregó “millones de dólares” en sobornos derivados del narcotráfico al expresidente. Los sobornos, aseguran los fiscales en la sentencia, alimentaron las campañas políticas del ex presidente en el 2009, cuando aspiraba a ser reelegido para diputado al Congreso Nacional.
En el 2013, aseguran los fiscales, Tony Hernández procuró un soborno de 1 millón de dólares del exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a Juan Orlando Hernández.
Los sobornos, que ayudaron a crear impunidad para los protegidos de Tony Hernández, ayudaron a que Honduras se convirtiera en uno de los más importantes puntos de paso de droga hacia EE. UU. y un “narco-estado decrépito”, aseguran los fiscales.
Las mismas acusaciones de recibo de sobornos por parte del ex presidente también fueron hechas por el exlíder de Los Cachiros frente a la corte en Nueva York.
