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De haberse consumado en esa oportunidad el plan malevo adelantado por el madurismo con respecto a la nueva composición del TSJ, hubiese quedado al descubierto ante la presencia del fiscal Khan la verdadera intencionalidad que persigue Maduro
Oscar Battaglini
El hecho mismo de que desde hace ya algún tiempo el régimen madurista está siendo sometido a una investigación formal por la Corte Penal Internacional (CPI) bajo la grave presunción de haber cometido crímenes de lesa humanidad; y de que ahora se abra en nuestro país una oficina de este tribunal internacional para darle continuidad in situ a dicha investigación, es una clara demostración de la existencia de suficientes elementos de juicio o de convicción que pudieran conducir a la confirmación de esas presunciones y a la apertura de un proceso legal contra los principales responsables (materiales e intelectuales) de tales crímenes, así como de sus cómplices internos. De eso están conscientes tanto Maduro como sus adláteres que, sin embargo se vieron forzados a aceptar el establecimiento de esa oficina en nuestro territorio, porque negarse a ello hubiese sido interpretado como un intento de ocultar las imputaciones de que son objeto y que han dado pie para el inicio de la mencionada investigación. En cambio con haber aceptado aunque a regañadientes, la apertura de esta oficina de la CPI, con la denominación eufemística de una oficina para la “cooperación técnica”, en relación a la investigación en curso, además de disimular lo más punzante de la presencia escrutadora del organismo internacional en nuestro país, logra ganar tiempo para intentar algunas maniobras dirigidas a aparentar, como ya lo viene haciendo através de la Fiscalía y el actual fiscal de facto, que actúa con apego a la normativa que internacionalmente regula el respeto y el estricto cumplimiento de los derechos humanos y políticos de los venezolanos; derechos que como todos sabemos y es harto conocido, han venido siendo violados y conculcados sistemáticamente por la dictadura madurista.
Llegado el momento de ser imputados por la CPI (supuesto negado) por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato, dirán, como en el caso de las sanciones, que todo forma parte de una conspiración del imperialismo yanqui para continuar agrediéndolos a ellos y a la “revolución bolivariana”.
A lo que más le teme la burocracia dictatorial en el poder es al hecho de que, a partir de ahora las ONG y las propias víctimas tendrán y dispondrán de un directo y libre acceso a esa oficina para formular sus denuncias y para hacer entrega de las pruebas irrefutable sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, así como de los crímenes de lesa humanidad que aquí se han cometido y que continúan cometiéndose bajo el amparo de la violencia policial y militar.
En relación con esto último es preciso tener en cuenta que la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura madurista, no son sólo los que tienen que ver con la violación de los derechos políticos de la población; entre ellos el derecho de asociación; de expresión de sufragio libre; la libertad personal; el respeto a su integridad personal (el no ser sometido a penas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas; a ser juzgado por sus jueces naturales, (para que no se siga practicando la aberración de civiles que son juzgados por tribunales militares); etc, sino todos aquellos relacionados directamente con el derecho a la preservación de la vida de la ciudadanía, como son: el derecho a la salud pública que, como se sabe, también ha sido destruido por la administración dictatorial; el derecho a la seguridad social, del cual han sido despojados todos los trabajadores y profesionales dependientes del Estado; el derecho a devengar un salario suficiente, que les permita vivir con dignidad y “cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales de los trabajadores y sus familiares”. (Artículo 91 de la Constitución de la República).
Pero como su esto fuera poco, el ejecutivo madurista tomo la decisión de eliminar la prerrogativa constitucional (Artículo 89, numeral 1), en el que se establece que ninguna ley ni disposición alguna podrá alterar… “la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”. En consecuencia, se trata de una decisión gubernamental que al hacer más precarias las condiciones de vida de los trabajadores, de los profesionales y sus familiares, coloca al sector mayoritaria de la población venezolana en una situación de real exterminio, tal y como este hecho se describe en el estatuto de Roma.
Hasta donde se conoce la campaña emprendida por la CPI ha centrado su atención en el establecimiento de la cadena de mando bajo cuya responsabilidad se cometieron los crímenes de lesa humanidad que han sido registrados tanto por la Alta Comisionaduría para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como para la Comisión Especial para la determinación de hechos, de la propia Naciones Unidas.
Cabe destacar que todos esos crímenes fueron cometidos con la anuencia cómplice de la Fiscalía accidental y el TSJ chavista, hoy en proceso de recambio de sus magistrados por otros de su misma condición política-partidista, es decir, más de lo mismo.
El que eso no haya ocurrido aún se debe a dos razones: 1- en un primer momento, a la presencia en el país del Fiscal de la Corte Internacional Karim Khan, en la ocasión en la que tanto él como el organismo bajo su dirección, le han estado exigiendo al régimen madurista el establecimiento de un equilibrio en la composición política y profesional del máximo tribunal de la República. Se comprende perfectamente que de haberse consumado en esa oportunidad el plan malevo adelantado por el madurismo con respecto a la nueva composición del TSJ, hubiese quedado al descubierto ante la presencia del fiscal Khan la verdadera intencionalidad que persigue Maduro con la renovación de la composición interna del TSJ, que no es otra que mantenerlo como un organismo (un instrumento) que le legalice (como de hecho ha sido hasta ahora) todas las atrocidades que en materia de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad se cometen en el país; y en segundo lugar, como un mecanismo legal-punitivo en contra de la oposición democrática.
2-La otra razón son las pugnas que internamente se desarrollan en el chávezmadurismo por el control omnímodo de ese aparato político-judicial.
