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Lo percibido por los trabajadores al servicio del Estado como remuneración no es salario, porque no cumple con los requerimientos pautados en artículo 91 constitucional.
Oscar Battaglini
Últimamente tanto Maduro como algunos voceros de la dictadura han venido haciendo gárgaras alrededor de la recuperación y crecimiento que supuestamente se estaría dando en la economía nacional. La verdad es que eso es más aparente que real.
En realidad se trata de exclamaciones optimistas que no se corresponden con la verdad objetiva de los hechos, en razón de la magnitud y la profundidad del proceso de destrucción al que ha sido sometida la economía nacional por las “políticas económicas” puestas en práctica por la dictadura a lo largo de 23 años que tiene usurpando la dirección político-administrativa del país.
Durante ese tiempo la economía nacional no sólo se redujo en más de la mitad de lo que era antes de la llegada de Chávez al poder, sino que su Producto Interno Bruto (PIB) cayó en más de un 75%, lo que quiere decir que apenas queda en pie un 20 0 25%, de tal manera que, de haberse producido algún crecimiento efectivo de la economía, ha sido sobre ese 25%, lo cual es extremadamente insignificante, y por consiguiente, no tiene ningún efecto en la recuperación y crecimiento del proceso económico. Esto se evidencia todavía más si se tiene en cuenta que la inversión en Venezuela está prácticamente paralizada; en primer lugar porque estamos en presencia de un Estado muy disminuido económica y financieramente; todo ello como consecuencia de la catastrófica caída de la producción y exportación de petróleo e hidrocarburos en general, y también por el abrupto agotamiento de sus reservas internacionales.
En segundo lugar, por efecto de la imposición por parte del Banco Central de Venezuela, de un “encaje bancario” que limita considerablemente la libre inversión de capitales. Posteriormente esta medida experimentó una reducción de su severidad o rigor, pero eso no significó en ningún caso, una recuperación significativa de la inversión en los principales sectores de la actividad económica productiva nacional; esto es, en la agricultura y en la actividad industrial interna.
Las elecciones sindicales y la contratación colectiva están bloqueadas por la dictadura»
En lo fundamental se mantuvo la severidad del encaje que pasó de 12 mil millones de dólares a trecientos millones de dólares.
En esas condiciones se comprende perfectamente, no la posible, ni la recuperación, ni el crecimiento efectivo de la economía. Esto mismo, dicho en otras palabras, quiere decir que dentro del marco de la dominación chavista versión madurista, la economía venezolana está condenada a permanecer en recesión recurrente y en un estado de estancamiento permanente.
Son diversas las razones concurrentes:
1-El hecho de que se está ante un Estado quebrado económica y financieramente, y sin posibilidad alguna de superar tal situación. Esto es lo que está en la base y en el contenido del drama que se vive en la actividad petrolera nacional, la cual pasó de una producción de 3 millones y medio de b/d, a una producción de menos de un millón de b/d. De manera que iniciar un proceso de recuperación se ha convertido en un objetivo imposible de alcanzar, en razón de que, como se ha dicho, el Estado no dispone de los ingentes recursos requeridos para el logro de tal objetivo. Recursos que según los especialistas se calculan en una cifra no menor a 25 mil a 30 mil millones de dólares, para producir entre 300 mil o 400 mil, b/d por año. Eso por un lado, y por el otro, la circunstancia de que ningún inversionista petrolero internacional va a invertir en un país que no ofrece confianza ni garantías jurídicas y que además está bajo el peso de sanciones económicas, financieras y políticas que podrían afectarles a ellos gravemente.
2-El hecho de que el régimen dictatorial madurista ha sido excluido del sistema financiero internacional por haberse declarado en default y por las acusaciones en su contra, de ser un régimen político autoritario y violador de los derechos humas, razones que le impiden acudir a ese sistema en procura de nuevos endeudamientos que, en general, se aproxima a los 200 millones de dólares.
3-La renuncia del capital internacional a invertir en este país por las razones señaladas.
4-El acoso y la persecución al sector empresarial, las expropiaciones, el cierre de industrias y comercios; la caída en la productividad en términos generales como consecuencia de ello.
5-El conflicto permanente con los trabajadores y los profesionales al servicio del Estado. Todo ello como consecuencia de la política anti-obrera y anti-laboral en general, practicada en su contra; política que ha arrasado con los salarios, con las pensiones, con la seguridad social, con las prestaciones sociales, con la contratación colectiva, con el derecho a la salud, con el derecho al estudio, etc, y que ha conducido al grueso de los trabajadores y profesionales dependientes del Estado, a una situación caracterizada como pobreza de ingreso o pobreza crítica.
Se trata de una situación económica, social y política, de una enorme conflictividad, y que no sólo se hace cada vez más explosiva por los elementos de paralización que se han introducido en la actividad productiva y de servicios, sino que ha colocado al régimen madurista ante unas demandas económicas y sociales que no ha estado, no está, ni estará en capacidad de satisfacer, y que posiblemente lo lleven a apelar de nuevo a la represión masiva para intentar contenerla y derrotarla.
No se está entonces ante una situación en que lo dominante en el ámbito de la economía sea un impulso hacia la recuperación y crecimiento significativo del ciclo económico nacional; en todo caso lo que se percibe es, en primer lugar, la imposibilidad de que un impulso económico como ese pueda desarrollarse en estos momentos, para bien de todos los venezolanos y del país mismo; en segundo lugar, la expansión de una actividad comercial de “bodegón” con bienes importados con divisas sobrevaluadas; y en tercer lugar un conflicto social y político en desarrollo, que enfrenta al conjunto de los trabajadores y profesionales a un régimen hambreador y opresor, y que por ello amenaza con radicalizarse y convertirse en un conflicto social y político que tenga como resultado final la recuperación democrática del país.
