Humberto González Briceño
En el caso Carlos Lanz parece que optaron por abreviar los lapsos y abrazarse a la increíble e inaudita tesis del crimen pasional
Humberto González Briceño
En el régimen político democrático existente antes del chavismo, que nosotros preferimos llamar Estado de partidos, se cometieron numerosos excesos y abusos contra las libertades individuales y los derechos ciudadanos. La separación de poderes más o menos funcionaba para permitir una administración de justicia que aunque controlada por los partidos le rendía tributo a lo escrito en el texto legal. Quizás una de las críticas que haya que hacerle a este régimen político en Venezuela es la debilidad y blandenguería que le caracterizó para defenderse a sí mismo de sus enemigos.
En muchos casos los adversarios del sistema democrático fueron beneficiados con penas leves, sobreseimientos e indultos sin que en ningún caso el daño causado hubiese sido reparado o el arrepentimiento haya ocurrido. Por el contrario los beneficiarios de estas medidas podían regresar a sus viejas andanzas a continuar en sus empeños conspirativos usando todos los mecanismos legales provistos por la democracia.
Muchos de quienes en la Venezuela de ayer fueron incriminados por asaltar bancos y asesinar policías y militares hoy forman parte de la flamante burocracia del régimen chavista. Sus delitos cometidos en el pasado hoy son presentados como ofrendas ante la revolución porque según ellos mismos dicen con orgullo “fue por motivos políticos”. Como si al agregarse la etiqueta de “político” estuviese operando un mecanismo automático de exculpación.
De muchas cosas se puede criticar al Estado de partidos que en Venezuela antecede al régimen chavista, pero nunca se podrá decir que ese régimen político tuvo una política sistemática de violencia y terror para imponerse como tal Estado. Hubo casos de abusos que en su mayoría fueron debidamente juzgados. Por el contrario, si algo habría que cuestionar a ese Estado de Partidos es precisamente su política permisiva con sus enemigos. Los enemigos de la democracia no solo encontrarían permisividad y aliento disfrazados de hipócrita tolerancia sino amplias posibilidades para conseguir financiamiento y operar a sus anchas en las narices de los propios servicios de inteligencia.
Bien equivocados estaban quienes pensaron que los chavistas beneficiarios de esa tolerancia democrática pagarían con la misma moneda una vez en el poder. Quizás muy conscientes de todo lo que se puede avanzar en tareas conspirativas cuando son toleradas los chavistas desde el principio en 1999 adoptaron una política pragmática diametralmente opuesta al Estado de partidos. Para el chavismo resulta vital, esencial, desplegar una política de Estado basada en la violencia y el terror. Esta política adquiere diferentes modalidades pero en esencia se trata de usar las armas del Estado para imponer la política.
Las protestas pacíficas contra el régimen se movieron por diversas etapas a lo largo de estos 20 años. En cada escenario fueron confrontadas violentamente por el régimen chavista hasta llegar a una situación en la cual prácticamente han desaparecido. El aparato policial y militar del Estado chavista no está para garantizar el orden público o proteger las fronteras. Esas estructuras están dedicadas exclusivamente a perseguir a civiles y militares que por razones políticas adversan al régimen.
En el espectro de la violencia política que el régimen aplica a civiles y militares disidentes hay un espacio especial reservado para aquellos que fueron parte del régimen pero que por diversas razones se han separado o los han separado. Para estos el tratamiento incluye una campaña previa de desacreditación que ulteriormente justifique su persecución y hasta eliminación física. Los casos más emblemáticos son los de los generales Raúl Isaías Baduel y Miguel Rodríguez Torres, quienes de héroes de la revolución pasaron a ser vendepatrias.
El expediente del linchamiento moral es aplicado a aquellos que dada su significación dentro del chavismo su detención y posible eliminación podría provocar reacciones en contra por un tema de solidaridad. Sin embargo, no siempre es así. Algunas veces el régimen tiene que lidiar con situaciones sobrevenidas como la de Carlos Lanz donde pareciera que no les alcanzó el tiempo para ejecutar el linchamiento moral. En ese caso parece que optaron por abreviar los lapsos y abrazarse a la increíble e inaudita tesis del crimen pasional.
Aquí lo relevante es caracterizar el patrón de comportamiento. El uso de la violencia en diversas modalidades como política de Estado es lo que le permite al chavismo seguir en el poder. Se podrán producir kilos de papel en informes sobre las violaciones de los derechos humanos y la persecución por motivos políticos en Venezuela. Eso no cambiará mientras el régimen chavista disponga de las armas de la república para imponer su voluntad a sangre y fuego.
