«La Circular 2792 conculcó los beneficios contractuales y el instructivo Onapre redujo el salario y eliminó las conquistas laborales», advierte el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse
Luis Felipe Colina I CARRUSEL
Crece el descontento en todo el país contra la política laboral, depredadora del salario y de las conquistas sociales y económicas alcanzadas por los trabajadores. La nueva lucha se libra en la calle e incluye a trabajadores de todas las tendencias políticas, incluyendo a la base chavista igualmente descontenta contra la gota que rebasó el agua: el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), promulgado a raíz del reciente aumento salarial del pasado mes de marzo, pero que reduce los ingresos de los trabajadores de toda la administración pública, en lugar de incrementarlos. “Hay que derrotar la política neoliberal del gobierno», señala Pedro Eusse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela(CUTV) y ex aliado del régimen madurista.
«Se trata de una política sistemática para destruir los salarios, las convenciones colectivas, los derechos de las y los trabajadores del sector público y privado», destacó el dirigente sindical. Ya en 2018 emitieron el Memorando Circular 2792 que llevó a la conculcación de beneficios contractuales, hoy es el instructivo Onapre, y seguirán con muchas otras decisiones en contra del salario y derechos conquistados en años de lucha», advierte el dirigente sindical. Para esta semana se prevén nuevas acciones de calle en todo el país exigiendo la derogatoria del referido instructivo. “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”, advierten por su parte los profesores, trabajadores administrativos y obreros activos y jubilados de las universidades autónomas nacionales quienes también han visto reducido sus ingresos.
Fuentes oficiales reportan de una guerra encendida, que se ha desatado a raíz de la aprobación del Instructivo 2022 de la Oficina Nacional de Presupuesto, que fue emitido por esa instancia, para regir el salario de los trabajadores públicos, en razón de que el mismo no sólo es cuestionado por el movimiento sindical venezolano, sino además en el seno del propio oficialismo, ya que se considera que desmejora por completo los ingresos de los trabajadores activos y jubilados.
En ese sentido, el activista proictadura Mario Silva en su programa televisivo de “La Hojilla”, en la televisora estatal, le ha hecho fuertes críticas a la ex constituyente María Alejandra Díaz, quien ha sido una de las dirigentes del PSUV, que se ha atrevido a dar la cara, a ese respecto, a través de su columna de opinión en el portal Aporrea; además de acusarla de recibir financiamiento del ex ministro y ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez. Díaz presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente y fue representante del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de DDHH.
JOSÉ LUIS Rodríguez, fue un antichavista, mayamero y “recalcitrante”. La conversión fue triangulada entre Miraflores, “El Puma” y el Grupo Cohen o Sambil, quien habría «pagado», USD 70.000,00 para cubrir las pérdidas registradas en las actuaciones del cantante, durante el presente mes de julio, en varias ciudades del país. Todo para que al ahora protochavomadurista, evadiese las sanciones OFAC -cárcel incluida- contra los ciudadanos norteamericanos -el cantante ya lo es desde hace años- que contraten con Maduro y su narcopandilla. Más detalles y nombres de otros cómplices en la enojosa legitimación de capitales, para el domingo próximo.
LA DIPUTADA Maribel Castillo, dirigente del partido “Futuro”, que encabeza el exgobernador Henri Falcón, insiste en denunciar acoso, ensañamiento, persecución y violencia por parte de miembros LGBTIQ, encabezados por Tomas Adrián, Koddy Campos y Richard Briceño.
EL JUZGADO Quinto Penal de Control de Caracas, tiene dos semanas cerrado al público, a causa de la investigación que está adelantando del hipotético magnicidio de Maduro, durante la conmemoración del pasado 5 de Julio, fecha en la que para asombro de todos desfiló un muñeco inflable bautizado popularmente como “El Monigote”.
LOS GREMIOS de la educación consideran que los pagos recibidos por los trabajadores no se corresponden con lo establecido en la contratación colectiva y con el último ajuste salarial. Exigen la renuncia de la ministra Santaella. El pasado viernes 22 de julio el Ministerio de Educación informó que se había realizado el pago, correspondiente a la segunda quincena de julio, de bono vacacional, del ajuste salarial, por un monto de 100 bolívares, y del bono recreacional por un monto de 300 bolívares para el personal jubilado y educadores del país.
De inmediato los gremios de la educación, consideraron este pago como una falta de respeto; tomando en cuenta que el depósito no corresponde con lo establecido en la contratación colectiva y con el último ajuste salarial; por lo que hacen un llamado a las autoridades nacionales a respetar el acuerdo.
NAVIERA PARAGUANÁ, cuyo dueño es Roberto Leyba, pareja sentimental de María Gabriela Chávez, hija del ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías, comenzó sus operaciones con un ferry desde Margarita a La Guaira. Por ahora sólo prestará servicios los días miércoles, con salida a las 10:00 pm, y los jueves a las 10:00 am.
DEFINITIVAMENTE, se produjo la militarización del Tribunal Supremo de Justicia, pues por primera vez ascienden a magistrados dos oficiales. Uno es el general Henry Timaure, que viene de presidir la Corte Marcial, y pasa a presidir la Sala de Casación Civil; el otro es Juan Hidalgo, que viene de ser Fiscal General Militar y pasa a presidir la Sala Político-Administrativa.
Ambos no cuentan con las credenciales suficientes, para ocupar dichas magistraturas; sólo que gozan de la absoluta confianza del poder ejecutivo; por lo que se considera que mal podría abrigarse alguna expectativa de independencia e imparcialidad, con respecto procesos judiciales en contra de la violación de los derechos humanos.
SEGÚN EL ANALISTA financiero Orlando Viloria, el BCV para evitar el disparo del dólar ha intervenido en el mercado cambiario con más de 120 millones de dólares; que en el año ha perdido 700 millones de dólares de sus reservas, para mantener, artificialmente y no tanto, al tipo de cambio. A su modo de ver, constituye una mala señal, para la meta de contener la presión de los precios.
EL INFORME de la firma evaluadora Ecoanalítica, señala que las cuatro actividades de lo que llaman la “economía negra” venezolana, es decir, robo y contrabando de gasolina, narcotráfico, contrabando de oro y coltán, y vacunas en actividades portuarias y aeropuertos, le generó al Producto Interno Bruto 9 mil 400 millones de dólares en el 2021, esto es, el 21,74%.
ANA ROSARIO CONTRERAS, secretaria del sindicato de enfermeras del área metropolitana, le exige al gobierno de Nicolás Maduro el cumplimiento de la contratación colectiva, sobre todo, en lo que atañe a las tablas salariales; cuyas cláusulas, a su juicio, que estipulan una nivelación de los sueldos de los trabajadores de la enfermería, con respecto al costo de la canasta básica, no fueron cumplidas.
Por otra parte, acusa a su colega Octavio Solórzano de haber creado un sindicato paralelo, a los fines de vender al gobierno los intereses del gremio de la enfermería, y, entre tanto, llamó a una articulación de los demás sindicatos del sector salud para llevar a cabo una serie de protestas en las puertas de los centros hospitalarios a nivel nacional, caso de no reconocer el gobierno sus exigencias.
MARCELA LEÓN, presidente de la central de trabajadores “Así Venezuela”, considera que la recién aprobada Ley de Zonas Económicas Especiales, genera una gran preocupación, con relación a los derechos humanos, laborales y sindicales. Dijo que la experiencia que se tiene en la América Latina, con respecto a la Ley de Zonas Económicas Especiales, es que éstas no han sido sino un ejemplo histórico de vulneración, precarización de derechos, irrespeto a la libertad sindical.
“No hay contratación colectiva. Los salarios son muy bajos: una esclavitud moderna. En ese contexto es muy preocupante, para el movimiento sindical venezolano, que se aplique esa ley en Venezuela. Más aún, en un contexto en que el trabajador venezolano tiene pulverizado el salario; con unas prestaciones sociales, que han sido licuadas por la hiperinflación”.