Humberto González Briceño
Para que haya un castigo efectivo, países influyentes como los Estados Unidos tendrían que tomar la decisión de asumir el papel de administradores y ejecutores de esa suerte de justicia internacional
Humberto González Briceño
En los últimos días se ha difundido el informe de la misión de la ONU dirigida por Marta Valiñas sobre las violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen chavista. Aunque el informe examina exhaustivamente casos ocurridos entre el 2017 y el 2019 resulta evidente que se trata de una práctica sistemática que comenzó con la instalación del Estado chavista y aún se mantiene vigente hoy.
No es la primera vez que una instancia internacional documenta el uso de la violencia por parte del Estado chavista para mantenerse en el poder. Ya antes hemos visto informes suscritos por la propia Michelle Bachelet demostrando cómo el chavismo usa la violencia en Venezuela con fines políticos. Además de los centenares de casos que han sido rigurosamente documentados de acuerdo a los estrictos cánones del Estatuto de Roma hay cientos de miles de casos que han sido denunciados por las víctimas y sus familiares en medios y redes sociales.
Desde el punto de vista de la justicia bastaría un solo caso caracterizado como delito de lesa humanidad para generar una sentencia condenatoria y la aplicación de las penas y castigos correspondientes. Sin embargo, como la justicia internacional es una ficción que justifica decisiones tomadas en el ámbito de la geopolítica y la dialéctica de Estados no es realista esperar que alguna de estas instancias internacionales o incluso la propia Corte Penal Internacional actúen contra el sujeto perpetrador del delito que este caso es el Estado Chavista.
En otras palabras, a pesar de la contundencia de los hallazgos documentados en el último informe de la misión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela esto difícilmente conducirá a un castigo de sus responsables. Para que haya un castigo efectivo, países influyentes como los Estados Unidos tendrían que tomar la decisión de asumir el papel de administradores y ejecutores de esa suerte de justicia internacional y esto es una decisión que trasciende el terreno de la justicia para ir directamente a la geopolítica.
El planteamiento entonces sería una vez conocidas las atrocidades cometidas por los órganos armados del Estado chavista en contra de la población civil ¿qué acciones va a tomar los Estados Unidos y los países de la Unión Europea? ¿Están dispuestos estos países a replantear sus relaciones políticas, económicas y diplomáticas con el régimen chavista a partir de estas últimas constataciones?
En la práctica ha ocurrido un ablandamiento de las sanciones económicas contra el régimen chavista que solo necesita ser sancionada oficialmente por lo que resulta improbable un regreso a la política de sanciones aún en medio de la confirmación de los crímenes cometidos por Estado chavista para mantenerse en el poder.
El Estado chavista que ante los ojos de los venezolanos y del mundo es un estado terrorista y criminal es el mismo con el cual los Estados Unidos quiere entenderse para asegurar suministro confiable de petróleo al tiempo que privilegia su papel en su confrontación con Rusia. El Departamento de Estado norteamericano ha llevado de la mano a los operadores de la falsa oposición y del interinato a insistir en sentarse a negociar con el Estado chavista a pesar de su demostrada naturaleza criminal.
Se trata del mismo Estado con el cual la falsa oposición está dispuesta a entenderse e ir a otro fraude electoral aun a sabiendas que el régimen ha usado y seguirá usando la violencia sistemática y selectiva para conseguir sus objetivos políticos.
Una verdadera oposición, honesta y con sentido de historia se plantearía la resolución del tema de la violación de los derechos humanos y las garantías políticas en Venezuela como una condición previa para luego abordar lo electoral. Un frente de lucha social apoyado en gremios y sindicatos sin caer en las tentaciones electoreras y cortoplacistas con el objetivo de enfrentar por todos los medios al terrorismo del estado chavista podría lograr valiosos aliados internacionales esenciales para derrotar a régimen.
Pero mientras la falsa oposición siga siendo aceptada como la única oposición al chavismo todo seguirá girando en torno a la superficialidad de lo electoral, desplazando lo esencial del debate que es la caracterización del Estado chavista como una entidad que usa la violencia sistemática para imponerse sobre la población civil desarmada.
¿Para qué otra cosa podría servir el último informe de la ONU sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado chavista en Venezuela sino es para entender de una buena vez que lo que tenemos que buscar es un cambio definitivo de régimen político y no un mero cambio de gobierno mediante maromas electorales?
