Humberto González Briceño
El reciente secuestro y asesinato del Teniente Ronald Ojeda puede revelar las pistas que vinculaban al régimen chavista con el crimen organizado con propósitos políticos.
Humberto González Briceño
Desde los comienzos del régimen de Hugo Chávez se establecieron afinidades con bandas criminales venezolanas que, con el tiempo y el respaldo del Estado, se transformarían en megabandas, verdaderos ejércitos para perpetrar acciones criminales con gran eficiencia y capacidad logística. A esto contribuyeron las políticas de zonas de paz auspiciadas por el entonces Viceministro de Seguridad Ciudadana José Vicente Rangel Ávalos que consistió en ceder territorios específicos a grupos criminales.
A la par de estas bandas que vienen del hampa común surgieron otras alentadas por el Estado chavista y el PSUV que son las denominadas” colectivos” o bandas armadas que actúan para amedrentar y linchar físicamente a los adversarios del chavismo. En ambos casos, tanto las megabandas como los colectivos, han crecido bajo los auspicios del Estado chavista con un sistema policial y judicial que tolera y justifica su actuación.
Esta política de tolerancia y alianza directa con mafias del crimen derivó en convertir a los centros penitenciarios de Venezuela en verdaderas fortalezas paramilitares y centros de operación del crimen organizado. Muchas veces la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela fue a estos centros de reclusión a celebrar la próspera alianza del chavismo con el hampa.
La misma política de aliento al crimen fue impuesta en las Fuerzas Armadas chavistas donde las diferentes ZODI y REDI tienen que negociar con las megabandas locales las rutas para el traslado de material ilícito y el reparto de las ganancias. Mención especial debe hacerse sobre las que operan en la frontera ya que a estas ha correspondido entenderse con grupos guerrilleros y paramilitares cuya asociación para tareas comunes de carácter ilegal son muy comunes. Los auxilios del régimen chavista a diferentes grupos de la guerrilla colombiana por ejemplo fueron usados como parte de la política exterior del chavismo para presionar a gobiernos no amigos en el lado colombiano.
Igualmente desde que el chavismo llegó al poder Venezuela ha experimentado un alarmante aumento en las desapariciones sin rastro y los asesinatos de personas vinculadas a la actividad política que son identificadas como enemigas del régimen. Para esto el régimen chavista no solo dispone de sus propias estructuras policiales y militares sino que también es frecuente el crimen por encargo cuando se quiere eliminar cualquier evidencia que vincule al Estado chavista.
Una de las megabandas que se ha beneficiado del régimen chavista ha sido precisamente el Tren de Aragua cuyos vínculos con el chavismo son públicos y notorios. No solo el Tren de Aragua ha participado con sus motorizados en las caravanas de Nicolás Maduro sino que también muchos de sus miembros aún trabajan como supuestos dobles agentes en organismos policiales y militares, mientras otros son los escoltas de personalidades del régimen.
Con más de 8 millones de venezolanos forzados a abandonar su territorio es muy probable que tanto el régimen chavista como el Tren de Aragua hayan infiltrado sus operadores en esas olas migratorias. Mezclados en comunidades de venezolanos de bien, estos operadores han desplegado sus actividades criminales a escala internacional incluso ofreciendo sus servicios como contratistas privados al régimen chavista de Venezuela.
Esto explica la inusual y alarmante ola delictiva que hoy recorre las Américas de norte a sur y las cada vez más frecuentes operaciones de secuestro de militares y civiles venezolanos en diferentes países que luego aparecen en Venezuela en manos del régimen.
El reciente secuestro y asesinato del Teniente Ronald Ojeda puede revelar las pistas que vinculaban al régimen chavista con el crimen organizado con propósitos políticos. Este caso que aún se encuentra en fase de investigación tiene todas las características de un crimen político por encargo donde no es difícil establecer las primeras hipótesis sobre el móvil y su autoría intelectual.
Primero, la relevancia política del Teniente Ojeda era reconocida tanto por Chile como por Venezuela. El gobierno chileno le habría concedido asilo político en el 2023 y en enero de 2024 el régimen venezolano lo presentaría en una lista de oficiales degradados por “traición a la patria”.
Tampoco parece casual o involuntaria la lentitud de las autoridades chilenas (cuyo gobierno es afín políticamente al de Venezuela) a la hora de reaccionar ante la información del secuestro. Esos días de pasividad y duda institucional les dieron una valiosa ventaja a los secuestradores para ejecutar la misión y abandonar el país. Luego, lo primero que hace la Fiscalía chilena es imponer una ley mordaza sobre el caso alentando con esto todo tipo de especulaciones ante la ausencia de una versión oficial. La divulgación de los videos grabados por cámaras en el edificio del Teniente Ojeda se hizo a pesar de la Fiscalía y fue lo que permitió entender el diseño sofisticado del secuestro. Sin esos videos quizás hoy estaríamos hablando de hampa común local.
El nivel de preparación, elaboración y audacia de esta acción revela que no se trata meramente de crimen organizado internacional. El hecho mismo de que los secuestradores jamás hicieron contacto con la familia del Teniente Ojeda ni exigieron recompensa es el mejor indicio que la motivación fue más bien de tipo político. Los recursos, económicos y logísticos, necesarios para este tipo de operación comando solo los podrían tener organizaciones más complejas (como un Estado, por ejemplo) por lo cual no se puede descartar un nivel de coordinación de funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Chile para apoyar logísticamente la ejecución de un crimen contratado con una sucursal del Tren de Aragua.
Todas las hipótesis deben seguir en la mesa porque existen serios indicios que apuntan a Miraflores como la sede principal de una suerte de sicariato internacional.
EL AUTOR es abogado y analista político, con especialización en Negociación y Conflicto en California State University.
