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El abogado constitucionalista Edwin Sambrano Vidal y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita, dieron inicio al acto en defensa de la Constitución Nacional, realizado en el «Auditorium Azul», también conocido como Auditorio Carlos Marx, de la UCV.
Hace pocos días, en el Auditorium Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela, se dio inicio a una campaña nacional en defensa de la Constitución Nacional, iniciativa que ha sido impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas el Espacio Consenso, la Alianza Soberanía y Democracia, el Movimiento Líderes por el Cambio, el Movimiento Cultura en Democracia y el Frente de Defensa de los Derechos de los Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores.
El acto central de lanzamiento de la campaña contó con la intervención del internacionalista Luis Angarita (decano de FACES) y del abogado constitucionalista Edwin Sambrano Vidal y uno de los familiares de los presos políticos dio lectura a la “Proclama en Defensa de la Constitución”, en la que se denuncia la violación masiva del texto constitucional en especial la supresión de los derechos electorales plurales y efectivos y el carácter imparcial del Poder Electoral y Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, “así como de la Fuerza Armada Nacional que, conforme al artículo 328 constitucional, debe estar al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
La proclama igualmente hace énfasis tanto en la defensa de la Constitución como máxima Ley de la República, como en la restitución de la soberanía popular, “violentada por quienes ejercen el gobierno y tienen el control de las armas de la República, tal como ocurrió en la elección presidencial del 28 de Julio de 2024”.
Igualmente se pronuncian a favor de la libertad de todos los presos políticos, el cese inmediato de la suspensión de facto de las garantías constitucionales y el cese a la persecución y la represión contra quienes piensan de modo distinto a quienes están en el poder. Exigen igualmente el aumento del salario mínimo vital ajustado al costo de la canasta básica, aplicable a las pensiones y jubilaciones, respeto de los derechos laborales y las libertades sindicales y garantías efectivas de acceso a los servicios públicos de salud, educación, agua, electricidad y demás servicios esenciales para la población.
Bajo la consigna de “No la reformes, cúmplela”, la proclama en defensa de la Constitución advierte que “existe una presunción razonable de que la pretensión de reforma constitucional anunciada por quienes ocupan el gobierno, constituye una amenaza de extinción definitiva de la democracia y de nuestros derechos, convalidando así, la conducta antijurídica denunciada”.
Por considerarlo de interés para nuestros lectores publicamos a continuación el texto completo de la
“Proclama en Defensa en Defensa de la Constitución”:
“La historia de los venezolanos, desde el siglo XVIII, ha sido una constante búsqueda de independencia, libertad, igualdad, justicia social y democracia. En el siglo XX, esa lucha se intensificó; primero en medio de las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. luego, a la muerte de éste en 1935, se verifica el desarrollo y fortalecimiento de las ideas democráticas, nacionalistas y libertarias que conducen a alcanzar un conjunto de derechos, los cuales se asientan en la Constitución de 1947, entre ellos, por primera vez, la elección libre, directa y universal, y derecho al voto para las mujeres.
Después de un decenio dictatorial, desde finales de 1948 a comienzos de 1958, se produce la reconquista de la democracia al establecerse, en la Constitución de 1961, las bases para ello con derechos y libertades que habían sido conculcadas.
Los movimientos, conflictos sociales y políticos para hacer realidad esos derechos y libertades, y por el desarrollo socioeconómico independiente de la nación continuaron durante décadas, en diversas expresiones y planos, hasta que en 1999 la Asamblea Nacional Constituyente elaboró un texto constitucional que recoge muchos de los reclamos y aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad frente a las élites económicas, políticas y culturales. Así, en intensas jornadas de debate y participación, nace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada en referéndum nacional el 15 de Diciembre de 1999, por el voto favorable de una amplia mayoría. Esta voluntad del pueblo venezolano fue ratificada luego, mediante el referéndum popular del 2 de diciembre de 2007, frente al intento de reformarla desde el poder de turno.
PERMANENTE TRABAJO DEL PUEBLO POR SUS DERECHOS
En este largo período, los trabajadores del sector público y privado, del campo y la ciudad, los estudiantes, profesionales y empresarios democráticos; todos los sectores de la sociedad hemos trabajado intensamente para hacer respetar nuestros derechos, para poder ejercerlos con libertad y satisfacción. También hemos visto y padecido cómo, desde los poderes públicos, se imponen obstáculos y, mediante la amenaza, la persecución y la fuerza se nos impide el ejercicio pleno de las libertades y de los derechos establecidos en la Carta Magna.
DE ESTADO PROTECTOR A TRANSGRESOR
El Estado está obligado a favorecer el ejercicio de los derechos y también a respetarlos; sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un Estado Transgresor que, al encontrarse denunciado y descubierto en sus violaciones, recurre a una pretensión involutiva de reformarla y hacer desaparecer de la Constitución el fundamento de la Autodeterminación y la Soberanía Nacional, el cual es la Soberanía Popular, es decir, el poder del pueblo para darse el gobierno que decida mediante elecciones libres, universales, directas, secretas y verificables.
LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES
La Constitución de 1999 contiene los derechos fundamentales de quienes habitamos el país, en el contexto de un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia. Establece que la Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (art. 5), y a ella están sometidos los órganos del Poder Público, en un sistema de separación de poderes como uno de los más firmes límites al poder estatal y a las tendencias tiránicas de su ejercicio.
Se establecen, junto al sistema integral de DDHH; civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y étnicos, claras obligaciones al Estado para promover su ejercicio y garantías para que no sean burlados; de eso se trata el inviolable derecho al debido proceso con todas sus garantías.
EXISTE UNA MASIVA Y SISTEMÁTICA AGRESIÓN A NUESTROS DERECHOS
No obstante lo anterior, quienes detentan el gobierno y otros poderes públicos, incurren en sistemáticas violaciones a los derechos. Estas violaciones se evidencian, entre otras agresiones, en las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, torturas y malos tratos; en los ataques a la libertad de expresión y opinión. La privación del derecho a la manifestación y reunión pública, a la asociación y organización social.
De igual manera, la supresión de los derechos electorales plurales y efectivos. Se viola también el carácter imparcial del Poder Electoral y Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, así como de la Fuerza Armada Nacional que, conforme a al artículo 328, debe estar al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.
Se ha perpetrado la imposición de una serie de leyes manifiestamente inconstitucionales que menoscaban los derechos civiles, políticos, económicos y laborales en favor de la arbitrariedad del Poder político, económico, policial y militar. Todo ello configura la imposición de facto de un estado de excepción con restricción, incluso, suspensión de todas las garantías constitucionales, violando los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción vigente.
DEFENDER LA CONSTITUCIÓN PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA Y NUESTROS DERECHOS
Por todo lo anterior, existe una presunción razonable de que la pretensión de reforma constitucional, anunciada por quienes ocupan el gobierno, constituye una amenaza de extinción definitiva de la Democracia y de nuestros derechos, convalidando así, la conducta antijurídica denunciada.
NO LA REFORMES, CÚMPLELA!!
En consecuencia, de lo que se trata es de reforzar nuestra voluntad de defenderlos y hacerlos respetar, individual y colectivamente, en el marco de las potestades y acciones cívicas y pacíficas que la misma Constitución y las leyes otorgan. La Defensa de la Constitución como máxima Ley de la República es esencial para restituir la Soberanía Popular, violentada por quienes ejercen el gobierno y tienen el control de las armas de la República.
UN LLAMADO NACIONAL
Desde este recinto de la «Casa que vence la Sombra», quienes nos identificamos con la Carta Magna como referencia válida de una libre y digna convivencia de la nación venezolana, nos proponemos emprender una Campaña Nacional por la Defensa de la Constitución y llamamos a que en todo el país se constituyan grupos de ciudadanos con el propósito cívico y no violento de exigir el cumplimiento de nuestros derechos y rechazar la reforma que se pretende imponer.
HACEMOS ESTAS EXIGENCIAS URGENTES
1) Que se respete la Soberanía Popular mancillada al desconocer su libre, mayoritaria e incuestionable expresión de cambio de gobierno en la elección presidencial del 28 de Julio de 2024
2) Libertad de todos los presos políticos; hombres y mujeres, civiles y militares.
3) Cese inmediato de la suspensión de facto de las garantías constitucionales y, por lo tanto, cese de la persecución y la represión contra quienes piensan de modo distinto a quienes están en el poder.
4) Aumento del salario Mínimo vital ajustado al costo de la canasta básica, aplicable a las pensiones y jubilaciones.
5) Respeto de los derechos laborales y las libertades sindicales.
6) Garantías efectivas de acceso a los servicios públicos de Salud, Educación, agua, electricidad y demás servicios esenciales para la población.
¡No la reformes, cúmplela!
En la Ciudad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central de Venezuela, el 24 de abril de 2025”.
