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El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, podría solicitar en cualquier momento órdenes de detención si considera que hay fundamentos razonables. Y los hay.
Humberto González Briceño
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga desde 2018 los crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato estatal venezolano. No se trata de excesos aislados, sino de una política sistemática: torturas, desapariciones, persecuciones. El caso «Venezuela I» está formalmente en fase de investigación, con víctimas entrevistadas, videos revisados y documentos acumulados que configuran un patrón de violencia estructural.
En febrero de 2024, la Sala de Apelaciones rechazó el último intento del chavismo por frenar el proceso. La Fiscalía abrió una oficina técnica en Caracas, en un gesto que algunos interpretan como apertura, y otros como una forma más sutil de control y dilación. El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, podría solicitar en cualquier momento órdenes de detención si considera que hay fundamentos razonables. Y los hay.
ONG como CASLA han exigido arrestos contra oficiales del DGCIM, del SEBIN, y hasta contra el propio Maduro. Pero la CPI, tribunal sin policía propia, depende de la voluntad política de los Estados. Esa debilidad estructural se convierte, en casos como este, en un argumento para no actuar: ¿para qué emitir una orden si no podrá ejecutarse?
El contraste es grotesco. Las órdenes contra Putin o Netanyahu se emitieron con rapidez; pero cuando el acusado es Maduro, todo se vuelve cautela geopolítica. Se teme “afectar negociaciones”, “tensar alianzas”, “cerrar espacios”. Se teme, en fin, que hacer justicia tenga consecuencias políticas. Como si la justicia no fuera, por definición, un acto de ruptura con lo establecido.
Mientras tanto, el régimen sigue su curso represivo. Simula investigar, coopera a medias, y administra el tiempo como un recurso estratégico. Sabe que el paso de los días, en ausencia de decisiones, es funcional a la impunidad. Pero también sabe que la presión crece. Las víctimas no olvidan, las ONG insisten, y la comunidad internacional —por momentos tan tibia— empieza a perder la paciencia.
El fiscal Niang tiene en sus manos más que un expediente: tiene la oportunidad de hacer historia. El artículo 58 del Estatuto de Roma le da las herramientas. Lo que falta no es prueba, sino voluntad. Porque la justicia internacional, como el poder, también se paraliza por miedo.
¿Vendrán órdenes de detención contra el chavismo en los próximos meses? Tal vez. O tal vez no. La lógica del tribunal no sigue calendarios políticos, sino ritmos probatorios y ecuaciones de viabilidad. Pero el tiempo se agota. No solo para las víctimas, sino para la propia CPI, que arriesga su credibilidad si convierte este caso en otro archivo sin consecuencias.
Y si eso ocurre, quedará una lección amarga: que el crimen, si se ejecuta con uniforme y respaldo diplomático, todavía puede salir gratis.-
EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.
