Humberto González Briceño
El ciudadano queda, otra vez, atrapado entre una justicia interna sometida al poder y una justicia internacional que llega tarde, mal y, a veces, se va.
Humberto González Briceño
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierra su oficina en Caracas por “falta de progreso real” y el régimen responde acusando “colonialismo jurídico” y preparando la retirada del Estatuto de Roma. Traducido del lenguaje diplomático: la Corte admite que en Venezuela no hay justicia que sirva ni para simular, y el chavismo decide romper el espejo antes de que refleje demasiado.
La oficina en Caracas nunca fue un templo de esperanza. Era una vitrina: presencia técnica, fotos, declaraciones, promesas de cooperación. Pero cuando el fiscal reconoce que no hay avances reales, lo que certifica es que el sistema de justicia venezolano no está incapacitado: está capturado. No investiga porque no quiere, no porque no pueda.
La reacción del régimen es reveladora. Acusa a la Fiscalía de incumplir acuerdos, de operar sin personal, de ignorar la narrativa oficial de las “sanciones como crimen de lesa humanidad”. El victimario reprochando al juez que no lo escucha como víctima. Y el Parlamento, obediente, responde con lo único que sabe hacer: fabricar una ley para huir de la jurisdicción que lo incomoda.
Salir de la CPI no borra el expediente venezolano ni protege a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos mientras el país fue parte del Estatuto de Roma. Pero al chavismo no le interesa la técnica jurídica, sino el relato político. Necesita decirle a su base que rompe cadenas coloniales, cuando en realidad solo quiere asegurar que nadie desde afuera cuestione su derecho a reprimir sin testigos.
El cierre de la oficina de la CPI sigue la misma estela de la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. No es una anécdota: es una política de Estado. Primero se invita a los organismos internacionales para lavar la cara del sistema; cuando dejan de ser decorado y empiezan a estorbar, se les acusa de injerencia y se les muestra la puerta.
Tampoco la CPI es inocente en esta historia. Tardó años en admitir lo evidente, administró tiempos con una timidez que las víctimas sintieron como abandono, y confundió la prudencia con parálisis. Ahora reconoce que no hay “progreso real”, cuando la falta de voluntad del régimen era visible desde el primer preso político torturado con absoluta impunidad.
El ciudadano queda, otra vez, atrapado entre una justicia interna sometida al poder y una justicia internacional que llega tarde, mal y, a veces, se va. Durante años se alimentó la ilusión de que La Haya haría lo que los tribunales venezolanos ya no podían o no querían hacer. Hoy, esa ilusión se reduce a un expediente que seguirá abierto lejos del país, mientras aquí se siguen cerrando puertas.
Lo que realmente se cierra no es solo una oficina. Se clausura, a la vista de todos, la pretensión de que el régimen estuviera dispuesto a aceptar algún límite. Se cierran memorandos, se derogan leyes, se insulta a fiscales y expertos, se construye el discurso de la “soberanía” para encubrir lo que es, en esencia, la defensa de un sistema de poder que necesita impunidad para sobrevivir.
La señal es nítida: el chavismo prefiere convertirse en paria jurídico antes que tolerar una rendija de control internacional. Y la comunidad internacional, con sus ritmos y cautelas, ha terminado contribuyendo a prolongar esa farsa, confiando en mecanismos que el régimen maneja mejor que nadie: el tiempo, el desgaste, el simulacro.
Al final, el cartel que cuelga la Fiscalía de la CPI –“cerrado por falta de progreso real”– podría ponerse, sin ironía, a la entrada de la justicia venezolana. La diferencia es que aquí no se trata de falta de progreso: es un proyecto de poder. Y contra eso no basta una oficina, ni en Caracas ni en La Haya
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
