Edwin Sambrano Vidal
En la conducta de Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y Diosdado Cabello, nos encontramos con el rostro desnudo deL régimen de facto que ocupa el poder en Venezuela
Edwin Sambrano Vidal
¿Por qué, si hay una estructura eficaz para la represión de los ciudadanos, perseguirlos, encarcelarlos, herirlos o matarlos?
¿Por qué no hay una eficaz organización y dirección de protección y defensa civil, de salud de emergencia, asistencia y recuperación?
¿Por qué hay patrullas, tanquetas y motos para atemorizar y reprimir, y no hay vehículos ni máquinas para remover escombros y salvar vidas?.
¿Por qué no hay contingentes adiestrados, disciplinados y equipados para atender a la población necesitada en casos ordinarios o de desastres, mientras sí hay personal de sobra para agredir a los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales?
En reafirmación de lo que expresamos, hemos visto y está documentado en videos, o sea que son públicos y notorios, reiterados casos de agentes uniformados de la GNB y la PNB participando en actos que pueden consideraré saqueos o apropiación de objetos en situación de desastres, lo cual está tipificado en el Código Penal como un delito.
Además de lo anterior vimos la intervención pública del Ministro de Interior y Justicia, declarando que a partir de las 8 de la noche del viernes 26 estaba prohibido el paso para el Estado La Guaira, antes Vargas y que para hacerlo se requería un permiso o autorización previo registro de la persona en el Poliedro de Caracas, lo cual suspende inconstitucionalmente el derecho constitucional al libre tránsito. Es una medida restrictiva lesiva de otros derechos constitucionales ,ya que muchas personas viven en ese Estado pero trabajan en Caracas o simplemente viajan a Caracas a realizar actividades correspondientes a sus necesidades y a la libertad de transitar.
Si relacionamos esto con el hecho de que el día sábado se observó una inmensa soledad en el Estado La Guaira y la suspensión prácticamente de las tareas de rescate de las personas atrapadas, lo cual fue confirmado por el ciudadano Ing. Carlos Azuaje, ex preso político, en entrevista pública hecha en vivo por la periodista Sebastiana Barráez en su programa del Sábado 27/06/26, nos encontramos con una decisión de quienes ocupan el poder ejecutivo, directamente perjudicial para las víctimas de los terremotos, realizada por personas que ejercen de hecho la autoridad y que están obligadas a tener la mayor diligencia para lograr salvar vidas en este desastre.
Igualmente se ha hecho publica la información de que los contingentes de rescatistas que vienen del exterior con importantes cantidades de ayuda han si do retenidos en los aeropuertos y, también, la ayuda humanitaria que se ha recolectado en ciudades del interior del país, se ha impedido su paso hasta Caracas.
Varios individuos que ocupan cargos de Gobernador y Alcalde han manifestado que se persiga o se impida la entrega de la ayuda humanitaria surgida de la solidaridad ciudadana y que sólo quienes estén autorizados por el gobierno pueden realizar entregas de ayuda.
Por todas estas circunstancias, debe abrirse una averiguación por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo para determinar los hechos y las responsabilidades que competan a los funcionarios de cualquier nivel en la causa de daños, incluso de muertes en esta situación de desastre. Por otra parte, los organismos internacionales y la ONU con competencia en estos casos de desastres naturales y manejo de la ayuda humanitaria deben realizar una investigación independiente para determinar todas las circunstancias que han sido denunciadas. Para ello deben asistirse con las organizaciones no gubernamentales existentes que cumplen una función de defensa de los DDHH, tales como Provea, Justicia, Encuentro y Perdón, Laboratorio de Paz, Acceso a la Justicia, Espacio Público, Caritas, Fe y Alegría, entre otras, quienes además deben hacer sus propios pronunciamientos en torno a este desastre y la conducta negligente criminal de quienes detentan cargos ejecutivos en el país.
¡La seguridad de nuestra población y la defensa de sus derechos así lo exige!
@edwinsambranov
EL AUTOR es abogado defensor de derechos humanos y laborales. Ex Diputado al Congreso de la República. Integrante de los equipos de coordinación de Espacio Consenso por un Nuevo País, la Alianza por la Soberanía y la Democracia/ASD y el Comité Nacional Promotor en Defensa de la Constitución: Cúmplela y de la Coalición de organizaciones civiles Lazos Guayana, entre otras organizaciones sociales
