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Venezuela tendría que verse en el espejo de la Colombia de los años ochenta, donde las mafias se encargaron de poner en jaque al Estado.
El sombrío asesinato del diputado Robert Serra y de María Herrera debe ser investigado y resuelto con celeridad y transparencia por parte de las autoridades. El ensañamiento que acabó con la vida de estos dos venezolanos es una muestra más de la descomposición de una sociedad que día a día ve cómo sus madres deben enterrar a sus hijos, en casos que se cuentan por centenares cada semana. Es la violencia en pleno la que se apodera de la vida, y la impunidad la que logra que los asesinatos encuentre terreno fértil.
Desde el gobierno se ha asomado la tesis del sicariato político como móvil del crimen que acabó con la vida del parlamentario más joven de la Asamblea Nacional, una teoría que, de ser cierta, abre una oscura etapa de la dinámica del país. Venezuela tendría que verse en el espejo de la Colombia de los años ochenta, donde las mafias se encargaron de poner en jaque al Estado, en una guerra que cobró muchas vidas. En pleno el país decente debe rechazar ese tipo de acciones que ponen en peligro a la paz de la nación toda. Con contundencia, sin parpadeos.
Para ello el gobierno y los órganos competentes tienen que realizar una investigación profunda, que dé con los autores materiales del doble crimen y sus autores intelectuales, de haberlos. Maduro debe hacer valer su palabra y probar así que se trata de un sicariato, deteniendo a los asesinos, comprobando su subordinación con quienes lo planificaron y encontrando elementos que demuestren que hubo un pago por el encargo macabro, parafraseando al ministro Rodríguez Torres. Todo de cara al país, mirando de frente a los venezolanos.
En otras oportunidades el gobierno ha pifiado. Ha jugado posición adelantada. Ha tenido que contradecirse. En principio, la versión del sicariato fue con la que se etiquetó el caso de Mónica Spears. Luego el propio Rodríguez Torres tuvo que desmentir a Maduro al aclarar que el móvil fue el robo. Lo mismo con la muerte de Eliézer Otaiza, de quien Maduro lanzó la hipótesis del asesinato con tintes políticos. El tiempo, las investigaciones, demostraron otra cosa. Y entonces, desde el poder han bajado los decibeles, sin hacer mucho ruido. La justicia debe llegar en el caso de Serra, en el caso de Herrera, emblemáticos por su notoriedad. Pero no debe ser exclusiva para ellos y sus familiares. La justicia plena es una necesidad para todo el país. Debe cesar la impunidad.
