La explotación carbonífera en la Sierra de Perijá dejaría sin agua a varias poblaciones zulianas y desplazaría a los Wayuú, Yukpas y Barí
Patricia Marcano
“¿Cómo vamos a entrar a una era carbonífera ahora si eso quedó en el siglo XIX? Nosotros no tenemos ninguna necesidad de generar electricidad a través del carbón teniendo tanto gas, tanto viento y tanto sol. Incluso petróleo. Mientras los países se están adecuando a una era de energías limpias, ¿nosotros vamos a apostar por la energía más sucia y contaminante que existe?”.
La respuesta a esa interrogante planteada por el profesor de Antropología y Filosofía de la Universidad del Zulia, Lusbi Portillo, está plasmada en el Decreto 1606, de rango presidencial, publicado en la Gaceta Oficial 40.599 del 10 de febrero de este año.
El presidente Nicolás Maduro autorizó en dicho decreto “la exploración y explotación de carbón y demás minerales asociados a éste, que se encuentren en el área que comprende las extintas concesiones denominadas: Corpozulia 7, Corpozulia 8, Corpozulia 11, Corpozulia 12 y Lote I, ubicadas en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, conformadas por una superficie total de 24.192 hectáreas”, dice textualmente el artículo 1 del decreto.
Aunque la explotación de carbón en esa región zuliana no es nueva, no ha sido aceptada por las comunidades que hacen vida en la zona, ni por los defensores del ambiente y de los derechos de los indígenas. Con lo establecido en el documento oficial, varias organizaciones denuncian el error de ejecutar esas acciones mineras que acabarían con los Wayuú, bosques y ríos.
Con los chinos
Quienes han defendido a la Sierra de Perijá recuerdan las palabras del entonces presidente Hugo Chávez, en agosto de 2006. “Si no hay un método que asegure el respeto a las selvas y a las montañas que tardaron años en formarse, en la Sierra de Perijá, donde está ese carbón, un método que me demuestre de verdad, verdad que no vamos a destruir la selva, ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, si no me lo demuestran, ese carbón se queda bajo la tierra. No lo sacamos de ahí, que se quede bajo la tierra”.
Un año después, Chávez reiteó que no se explotarían esos yacimientos y como resultado las empresas privadas que extraían carbón se retiraron.
“En el municipio Páez está la mina Norte y en la Guajira está la mina Paso Diablo. Hasta mediados de 2008 se explotaban 8 millones de toneladas de carbón, y a raíz del pronunciamiento de Chávez los capitales privados de ambas se fueron. Ahí quedó Carbones del Zulia o CarboZulia, que es del Estado, y hoy se saca menos de 1 millón de toneladas”, indicó Portillo, quien también es coordinador de la ONG Sociedad Homo et Natura, que defiende los derechos humanos de los indígenas y la ecología.
Las 24.192 hectáreas mencionadas en el Decreto 1606 abarcan no solamente esas dos minas viejas sino otras nuevas, en un espacio cuyo lindero norte limita con Colombia y el sur con el río Socuy.
Portillo detalla que en esos espacios pretende desarrollarse un viejo proyecto que, asegura, quiso implementar Francisco Arias Cárdenas cuando fue gobernador del estado Zulia entre 1995 y 2000, de construir una carboeléctrica, una vía ferroviaria y un puerto para la extracción de carbón. “Nosotros advertimos durante su campaña electoral para la gobernación que él retomaría el proyecto. Detrás de este decreto está Arias Cárdenas”, expresó el profesor.
Así, y con base en documentos oficiales de Pdvsa, Gobernación del Zulia y del Ministerio del Ambiente que han podido obtener, explica que el carbón no saldrá en gandolas como hasta ahora sino por una vía férrea que se levantará desde esas minas hasta Pararú, un pueblo Wayuú, atravesando zonas de pastoreo y asentamientos de la etnia, y que en esa localidad se construirá un puerto hacia el Mar Caribe.
“Piensan utilizar parte de ese carbón para generar electricidad en una termoeléctrica a base de carbón. Eso es un exabrupto porque en 2012 se inauguró en la Guajira un parque eólico que comenzó a funcionar con 12 generadores en la etapa A, y faltaba la etapa B, que consistiría en la conexión con el sistema nacional para generar 25.000 megavatios. La carboeléctrica generaría 1.000”.
[quote_center]“Mi temor es que haya una masacre allí porque ya algunas comunidades han manifestado que van a luchar hasta la muerte para no permitir ese chantaje del carbón»[/quote_center]
Aunque el artículo 2 del decreto presidencial señala que el derecho de exploración y explotación de carbón queda a cargo de la empresa Carbones del Zulia, S.A, filial de Pdvsa, Homo et Natura y otras ONG saben, también por documentos oficiales, que CarboZulia firmó hace años un convenio con la empresa china Sinohydro (ha levantado varias termoeléctricas en el país), para la construcción de la planta.
El profesor de la Universidad del Zulia informó que el plan de la empresa china es explotar el carbón en un lapso de 30 años y hace una advertencia: las minas Norte y Paso Diablo tienen carbón hasta el año 2022, aproximadamente, lo que obligará a abrir la mina Socuy, ubicada en la cuenca del río del mismo nombre y el cual lleva agua a Maracaibo, La Concepción, San Francisco, La Cañada, El Tablazo y Mara.
“Ellos piensan explotar primero al norte del río, luego al sur y finalmente en el lecho del río Socuy, que además va a ser desviado. Si hacen ese desvío y explotan esas minas nos vamos a quedar sin agua”, sentenció Portillo.
Desalojo y retroceso
La explotación de carbón en los municipios Mara y Guajira, como autoriza el decreto presidencial 1606, se traduce en el desalojo de varios poblados indígenas como hicieron cuando abrieron las minas Norte y Paso Diablo, así como en la destrucción de bosques, contaminación del aire y del agua.
El antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosonyi, rector de la Universidad Indígena del Cauca, aclara que en esa zona viven comunidades Wayuú, Yukpas y Barí, por lo que serían miles los afectados.
“Mi temor es que haya una masacre allí porque ya algunas comunidades han manifestado que van a luchar hasta la muerte para no permitir ese chantaje del carbón. El carbón es el peor tipo de minería, el más sucio, el que más contamina. Además no es compatible con ningún tipo de agricultura y menos con los conucos indígenas, que responden a técnicas milenarias”, expresó Mosonyi, quien considera que la aprobación del decreto 1606 “es una contradicción dentro del mismo gobierno”, por la posición fijada y reiterada por Chávez de no explotar esa zona.
Hace 9 años, cuando el Presidente venezolano pidió dejar el carbón bajo tierra, la entonces ministra del Ambiente, Jacqueline Faría, ordenó hacer varios estudios que revelaron afectaciones y lo contraproducente de su extracción, recuerda Lusbi Portillo.
“El ministerio confirmó que el río Guasare estaba contaminado. Cuando se fueron las transnacionales quedaron varias fosas mineras abandonadas y se llenaron de agua. Ahora el ministerio del Ambiente está dando permiso para que esos millones de metros cúbicos de agua, que según estudios de la Universidad del Zulia están contaminados con metales pesados por la explotación carbonífera, vayan al río Guasare”, denunció el profesor.
El informe del Min-Ambiente también indicaba que en Paso Diablo y Norte el aire estaba contaminado con una cantidad de partículas que excedía por dos y hasta seis veces más el límite establecido en las Normas sobre calidad del aire (el tope es 75 microgramos por metro cúbico y se registraron cantidades mínimas de 110 y hasta 478); que por cada tonelada de carbón debían extraerse 5 toneladas de suelo, y que el ingreso por carbón apenas aportaba 0,3% al Producto Interno Bruto del país.
Frente a esto, Portillo agrega que el polvo del carbón causa enfermedades en la piel y pulmones, una de ellas llamada neumoconiosis, y que no tiene sentido asumir tantos riesgos y desastres ambientales cuando Venezuela es el cuarto país del mundo con mayores reservas de gas.
Mencionó la existencia de un proyecto para llevar gas desde el Oriente del país hasta América Central, pasando por Falcón, Zulia, Colombia y Panamá. Comentó que China, uno de los países que consume más carbón porque no tiene otra opción, está comprando gas a Rusia para sustituir sus termoeléctricas de carbón por gas. Y que el G-7 dijo que este era el último siglo de la energía fósil y que ahora viene la energía limpia.
“¿Entonces nosotros vamos a vender gas, que es una energía limpia, y vamos a consumir carbón a lo interno? ¿Vamos a vender el lomito y nos vamos a quedar con el hueso? Es una locura que el estado venezolano quiera impulsar la energía a base de carbón teniendo tanto gas, tanto sol en la Guajira y tanto viento. Además, si todas las minas se cierran no le pasará nada a la economía”, insistió.
El artículo 4º del Decreto 1606 le exige a CarboZulia presentar un plan de extracción en el primer trimestre de 2016 y en el 5º le encarga al Ministerio de Petróleo y Minería ejecutar la norma presidencial.
«Deben derogarlo”
El especialista en Derecho Político Alexander Luzardo, ex senador y autor de las normas ambientales de la Constitución Nacional, advierte que el Decreto 1606 es una concreción del Plan de la Patria 2013-2019, presentado por Hugo Chávez hace tres años. En el objetivo 3.1 plantea consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial, explotar nuevos yacimientos en la Sierra de Perijá (y otras zonas), duplicar las reservas de carbón y conformar empresas mixtas para su extracción.
Por ser contradictorio con el quinto objetivo del programa gubernamental, que habla de preservar la vida en el planeta, Luzardo asegura que tanto el Plan de la Patria como el Decreto 1606 son ecocidas y que pueden tener consecuencias genocidas en su aplicación. Por ello, y porque además el decreto viola los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución, considera necesario derogarlo.
Pero Luzardo no es el único que lo plantea. Varias ONG se han encargado de difundir esa exigencia a redes sociales, con la etiqueta #NicolásDerogaElDecreto1606Ya.
[quote_center]“Los habitantes no quieren esa explotación sino el desarrollo del parque eólico de la Guajira”[/quote_center]
Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia, añade que no existe ningún método que permita explotar carbón sin contaminar, como lo planteó Chávez, por lo que debería respetarse su exigencia y anularse el documento. “No pueden privilegiarse los intereses económicos de un pequeño grupo”.
Informó que las comunidades indígenas no fueron consultadas sobre el decreto y que tras su publicación, representantes de las empresas involucradas comenzaron a visitar a las comunidades para hablarles del plan, dijo Portillo. “Los habitantes no quieren esa explotación sino el desarrollo del parque eólico de la Guajira”, recalcó.
El rector de la Universidad Indígena del Cauca, Esteban Mosonyi, también apoya esa iniciativa pero además propone decretar 2 años de moratoria de la exploración y explotación de minería y petróleo en esa zona, y solicitar la restitución inmediata de las tierras a los indígenas.
Los especialistas piden a los venezolanos unirse a la defensa de la Sierra de Perijá, y a estar atentos a posibles manifestaciones en Caracas.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a patricia@larazon.net
