razonnet
El proceso de los 243 detenidos tras el desalojo de los campamentos en Chacao y Baruta es uno de los más impactantes de la historia venezolana por la cantidad de personas aprehendidas y las irregularidades suscitadas.
Por Gabriela González
El 9 de mayo, desde tempranas horas de la mañana, se agolpaban en la puerta del Palacio de Justicia los padres de los 243 detenidos, tras los desalojos de los campamentos en Caracas, la madrugada del jueves 8 de mayo.
La confusión reinaba tanto fuera como dentro de palacio. La única noticia confirmada era el traslado de los 36 jóvenes del campamento Javu de la Plaza Bolívar de Chacao. Sin embargo, el traslado y las audiencias de los jóvenes de los campamentos frente a la ONU y la plaza Alfredo Sadel se definió pasado el mediodía.
Dentro de Palacio hubo mucha presión. Se pretendía trasladar los tribunales hasta el Comando Regional Nro. 5 de la Guardia Nacional Bolivariana en Tazón y allí realizar las audiencias de estos dos campamentos. Es decir, mudar dos tribunales civiles a una instancia militar para presentar a civiles.
Tras largas horas, se decidió el traslado de todos los jóvenes a Palacio. Alrededor de las 3:30pm comenzó un fuerte despliegue policial y militar con apoyo de la Policía Nacional Bolivariana y Guardias Nacionales antimotines, que establecieron un perímetro de seguridad tal que obligaron a los familiares a retirarse y a los negocios de la zona cerrar.
A las 6:40pm, los abogados de los 36 detenidos del campamento Javu en Chacao a penas veían el expediente. A las 11:20pm la juez del Tribunal 51 de Control solicitaba 40 minutos de receso para la decisión. Mientras esto ocurría, jóvenes del campamento Sadel esperaban el pasillo del Tribunal 2do de Control y los de la ONU en los calabozos de Palacio. Tanto el Tribunal 2do de Control, que conocía la causa del campamento de la Sadel, como el 48 de Control, a cargo del campamento de la ONU, decidieron diferir la audiencia.
Pasada la medianoche, la juez del Tribunal 51 de control entró para dar su decisión sobre los 36 detenidos y acusados, bajo los cargos de obstrucción de vías públicas, tenencia de artefactos incendiarios y explosivos e instigación pública, y para quienes la Fiscalía solicitaba medidas cautelares.
La jueza descartó el acta procesal de aprehensiones pues consideró que las mismas se dieron en flagrancia. Hay que destacar que todos los detenidos fueron capturados mientras dormían en sus carpas. Extraña entonces que se hable de flagrancia.
Finalmente, la jueza decidió otorgar medidas cautelares de presentación cada 15 días para 31 detenidos. Los otros cinco deberán ir a un centro de rehabilitación por dar positivo en consumo de drogas. El centro asignado fue el Negra Hipólita, ubicado en Quinta Crespo.
La mañana del 10 de mayo, el escenario no fue distinto al del día anterior: una fuerte presencia militar y accesos cerrados al Palacio.
Desde las 8:00am se había producido el traslados del resto de jóvenes detenidos en los campamentos. Cerca de las 3:00pm el Tribunal 2do de Control solicitó hora y media para dar su decisión. Mientras que a las 5:00pm el Tribunal 48 solicitaría una hora. Ninguno de estos plazos se cumplió.
Los abogados denunciaron presiones hacia los jueces para dar las decisiones conjuntas. Aún se desconoce si las presiones fueron reales o no. Lo cierto es que sí se dieron al mismo tiempo. En ambos tribunales, la Fiscalía imputó los mismos delitos tanto para quienes quedaron con medida cautelar de presentación, como para los que quedaron con privativa de libertad.
Los delitos imputados a aquellos a quienes se les estableció cautelares de presentación fueron: asociación para delinquir y agavillamiento. Para los 108 jóvenes del campamento de la ONU la presentación se fijó cada 15 días, mientras que para los 48 jóvenes del campamento de la Sadel (acusados bajo los los mismos cargos) se fijó una presentación cada 30 días.
A tres jóvenes del campamento de la ONU se les fijó como medida la consignación de un fiador que devengue un salario mensual de 101 UT (12.827 Bs.F). En el caso del campamento Sadel, una joven quedó con la misma medida, pero su fiador debe ser de 105 UT (13.335 BsF.), lo más alto que se ha solicitado en tres meses de protestas.
En cuanto a las privativas de libertad, los fiscales del Tribunal 2do de Control y del 48 imputaron los delitos de asociación para delinquir, agavillamiento, instigación pública al delito y uso de menores de Edad para delinquir a 11 jóvenes.
Así, del campamento de la ONU quedaron privados de libertad: Abril Tovar (UCV-Nutrición), Dioris Albarrán (UCV-Administración), Nixon Leal, Gerardo Resplandor, Gerardo Carrero, Anderson Briceño, Carlos Pérez y Ángel Contreras.
Mientras que del campamento Sadel quedaron privados de libertad: Sairam Rivas (UCV-Trabajo Social), Manuel Alejandro Cotiz y Cristian Gil Villanueva
Tras la decisión, los jóvenes que quedaron en libertad condicional se negaban a dejar a sus compañeros por lo que la Guardia Nacional entró al Palacio de Justicia, los rodeo y los comenzó a sacar de uno en uno, escoltados por dos funcionarios militares, hasta donde se encontraban sus familiares. Una modalidad nunca vista desde que comenzaron las protestas.
A medida de que pasaban las horas, los grupos que iban saliendo ascendieron hasta siete pero siempre escoltados por guardias.
A los que quedaron privados de libertad se les dictó como sitio de reclusión el Sebin del Helicoide. Allí deberán permanecer 45 días mientras duran las investigaciones.
A juicio de los abogados presentes y de especialistas en Derechos Humanos, involucrados en el apoyo de los detenidos, las jornadas del 9 al 11 mayo constituyen uno de los procesos judiciales más impactantes de la historia venezolana, por el número de detenidos y por la cantidad de irregularidades ocurridas desde el momento mismo de las detenciones.
