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La campaña contra la corrupción dentro del Gobierno chino está arrastrando a importantes figuras del poder ligadas al Partido Comunista Chino (PCCh), lo que no ha impedido que surjan dudas de si lo que se está adelantando realmente son purgas entre facciones rivales.
El presidente chino, Xi Jinping, enarboló la bandera anticorrupción tras asumir el poder en 2012, y tal estandarte le ha permitido impulsar su poder e influencia no solo dentro del partido sino con la población, que exigía una respuesta a esta ya desbordada crisis, tal como lo destaca la web de El Universal.
En consonancia con esta realidad, el pasado 29 de julio se dio a conocer una investigación al ex jefe de policía y seguridad, Zhou Yongkang, miembro del comité permanente del buró político del PCCh hasta 2012, por «graves violaciones disciplinarias», una expresión que suele hacer referencia a hechos de corrupción en ese país.
En 2013 doce altos funcionarios de empresas estatales y políticos poderosos fueron procesados por delitos de corrupción. Para eso, el gobierno chino quiere que la población «sienta» que las autoridades trabajan contra este delito.
Zhou, de 71 años, es el miembro más importante del PCCh en ser investigado desde el juicio en 1980 de la «banda de los cuatro», los dirigentes de la revolución cultural (1966-76), entre los que se encontraba la viuda del fundador Mao Zedong, Jiang Qing, como ha referido la prensa de Hong Kong.
Entre sobornos, sexo, asesinatos, mujeres y dinero, los casos que la Comisión de Disciplina del PCCh investiga generan malestar entre la población que ve crecer las desigualdades.
Con Bo Xilai, exsecretario del PCCh y antiguo miembro del Politburó, la cúpula de poder vio caer a uno de sus «príncipes» por un sonado caso de corrupción que lo sepultó en 2012.
En ese sentido, la caída en desgracia de Bo y Zhou representa el fin de dos políticos de peso pesado aunque vinculados a una misma facción del poder en China, lo que en muchos casos aísla la tesis de que la campaña anticorrupción es una purga entre enemigos.
«Ambos son políticos de peso pesado. Ambos son parte de la facción del exsecretario general Jiang Zemin. Al mismo tiempo hay diferencias importantes. Bo no era bien conocido por la corrupción, pero Zhou era. Bo era el jefe de un movimiento con una gran cantidad de apoyo público. Zhou no representa un movimiento, y no tiene un oleaje de apoyo por parte del público. Eso hace que su caso más fácil de tratar», explicaba Cheng Li, director del John Thornton China Center, con sede en Estados Unidos.
Para Xi era urgente atajar los sonados casos de corrupción que estaban afectando la estabilidad interna del partido a medida que el desequilibrio entre ricos y pobres era evidente, sobre todo en un país que apuesta a ser la primera economía del planeta.
El Ministerio de Comercio chino sostiene que entre 1978 y 2003 unos 4.000 altos cargos corruptos salieron del país y se llevaron 50.000 millones de dólares.
Muchos de ellos enviaron primero a su familia al exterior, como primer paso en la huida, y luego les mandaron remesas con altas cantidades de dinero ilegalmente obtenido, informaba Efe.
Más de 2.000 altos cargos provinciales de la provincia sureña china de Cantón tienen esposa o hijos en el extranjero que son utilizados con frecuencia para evadir capitales, informó esta semana la prensa oficial, una señal de que el PCCh está expandiendo los controles hacia los sectores más pequeños del país pero con alto valor estratégico.
Li sostiene que «la corrupción está arruinando el PCCh, causando una crisis de legitimidad seria. Este es el año del 25 aniversario de los sucesos de la Plaza Tiananmen. ¿Si se produce un evento similar el pueblo y los militares apoyarían al partido? No, porque son demasiado corruptos. Así que desde el primer día, el presidente Xi hizo la lucha contra la corrupción la principal prioridad».
Se trata en todo no de que el gobierno ataque casos puntuales de corrupción entre sus elites, sino que la transparencia de la información sea clave.
El cuarto pleno del PCCh -una reunión clave prevista para octubre- se ocupará de las reformas legales. Reglamentos que exigen la divulgación de los ingresos oficiales y de la propiedad, poniendo coto a los conflictos de intereses que representaría un avance importante.
En China hay más de 5.000 funcionarios a nivel de viceministros o de cargos superiores. Hasta ahora, sólo 35 han sido arrestados. «Eso es alrededor de 0.7% del círculo de poder», advierte Li. En todo caso, lo que está ocurriendo es suficiente para cambiar el comportamiento de los funcionarios, pero no para llevar al Gobierno a un punto muerto, por lo que las purgas anticorrupción apenas están comenzando.
