Humberto González Briceño
No hay negociación ni garantías posibles para persuadirlos que dejen el gobierno bajo la promesa de que una justicia, bien sea transicional o transaccional, sería justa y benevolente con ellos.
Humberto González Briceño
La ilusión electoral, que flota en el aire como transparente y frágil pompa de jabón, de vez en cuando se encuentra con la punzante e hiriente realidad que revienta la burbuja, nos baja de la nube bruscamente y nos pone con los pies en la tierra.
En una Venezuela deprimida y depauperada en lo material y emocional la popularidad de María Corina Machado es el mejor vehículo para reivindicar a un liderazgo corrupto y anquilosado como el de la MUD y además, lo más importante, renovar la fe en el voto bajo las condiciones chavistas como el método idóneo para salir del régimen. La corrupción del interinato de Juan Guaidó ha quedado perdonada y justificada con el abrazo de María Corina a Fredy Superlano en aras de la “causa democrática».
Y el articulado e impecable discurso de Machado en contra del voto en tiranía, que fue la causa histórica de su vertiginosa popularidad, ha sido dejado a un lado para asumir una nueva postura que justifica votar en las peores condiciones que se hayan visto en estos 25 años.
Acompañada por un ejército de operadores mediáticos, beneficiarios del fracasado Interinato que hasta ayer la despreciaban y la ridiculizaban, María Corina Machado es presentada hoy como la nueva mesías capaz de domar la más testaruda realidad y hasta cambiar el curso de los ríos. Con esa nueva aura y encarnando su nuevo rol mesiánico María Corina apela por un hábil slogan para inyectar optimismo a una sociedad que lejos de ser pesimista lucha por ser realista y no perecer en el intento. La promesa de María Corina es “llegar hasta el final”, esto es hasta los confines donde sus predecesores no pudieron o no quisieron llegar.
La promesa es seductora y ha cautivado a no pocos con el auxilio de una formidable campaña de medios en redes sociales que sin rubor presenta el intento como una épica segunda venida de Jesús a la tierra. La ilusión electoral es un fuerte narcótico que aliena a la sociedad de su propia realidad. El carnaval de ilusiones ha banalizado la lucha política hasta el punto de intentar hacernos creer que la transición está a la vuelta de la esquina, donde encontraremos a un régimen dispuesto a entregar el poder luego de admitir su derrota electoral.
Frente a la evidencia histórica de estos 25 años que anuncia la madre de todos los fraudes electorales para este 28 de julio, la única racionalidad que se ofrece es el simplismo voluntarista de “voto mata fraude”, insinuando que una masiva votación podría superar e imponerse por encima de las trampas. Esto literalmente equivale a jugarse a Rosalinda o a la patria entera en un lance de dados con la esperanza que un golpe de suerte defina el futuro. Se trata de una apuesta que pone todo su peso en la disposición que tenga el régimen de anunciar y aceptar unos resultados electorales desfavorables. Es mucho esperar de quienes han demostrado estar dispuestos a linchar físicamente para seguir en el poder.
El informe de la ONG Provea en materia de derechos humanos en Venezuela difundido hace unos días revela la naturaleza de un régimen político muy distinto al que se ofrece en las pompas del jabón electoral. En un sentido este reporte hace el papel de la afilada y odiosa astilla que rompe la burbuja y nos recuerda la realidad. Y esta no es otra que Venezuela hoy es gobernada por un Estado chavista dispuesto a asesinar y torturar en forma masiva y sistemática para mantenerse en el poder.
Y si aún quedan dudas del grado de perversión que puede alcanzar el chavismo el informe de Provea las despeja todas al confirmar que en un periodo de 10 años el Estado chavista ha perpetrado aproximadamente 10 mil ejecuciones extrajudiciales. Esto significa que 10 mil venezolanos fueron linchados físicamente por las fuerzas del estado por razones políticas.
Al tratarse de ejecuciones por motivos políticos no resulta difícil establecer la cadena de responsabilidades materiales e intelectuales que van desde los funcionarios que perpetraron el linchamiento hasta llegar al Presidente de la Republica, quien habría ordenado esa política “por razones de Estado”.
Es una irresponsable ingenuidad decir o siquiera sugerir que un régimen, cuyos operadores políticos y militares en su mayoría están incursos en delitos contra las personas según el derecho penal venezolano, va a aceptar una derrota electoral o a entregar el poder. No hay negociación ni garantías posibles para persuadir a estos esbirros que dejen el gobierno bajo la promesa de que una justicia, bien sea transicional o transaccional, sería justa y benevolente con ellos.
Aferrarse al poder a sangre y fuego sin duda tiene un costo pero es mucho menor que la incertidumbre de entregarlo y enfrentar un inevitable ajuste de cuentas, incluso a la luz de su propia legalidad. Esta es la dramática realidad que se nos revela. Una que trata de ser disimulada por las falsas apariencias que se esconden en las burbujas electorales.
El autor es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto
California State University
