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Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, informó que serán presentadas las acusaciones contra los responsables de la masacre de Cantaura, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que fueron asesinados 23 jóvenes luchadores sociales, integrantes del Frente Américo Silva (FAS), del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja.
«Para este mismo año esperamos presentar la acusación contra los responsables de este hecho, así como la concreción de las órdenes de aprehensión libradas», escribió la fiscal en su artículo de opinión Construyendo La Memoria, publicado este martes en el diario Últimas Noticias.
Este sábado 4 de octubre se cumplen 32 años de la masacre de los 23 luchadores -muchos de ellos estudiantes universitarios- perpetrada por 400 funcionarios y efectivos los organismos de seguridad del Estado del gobierno de Luis Herrera Campíns. En la operación intervinieron aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea, desde donde lanzaron bombas y dispararon artillería pesada contra el campamento guerrillero que celebraba el pleno del frente, en la zona de Changurriales, cerca de Cantaura, municipio Freites, estado Anzoátegui.
«Este trágico suceso es una muestra de nuestro oprobioso pasado. Durante décadas, entre 1958 y 1998, el país vivió bajo la ignominia de la violación a las garantías fundamentales. Se delineó desde altas instancias del Estado una política para aniquilar a la disidencia política, irrespetando los distintos pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho internacional humanitario que se aplica para la protección de personas que no se encuentran incursas en los conflictos armados», subrayó la fiscal.
Mencionó que es así como hoy el Ministerio Público, como parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, adelanta una investigación penal para dar con los responsables de este hecho, «que pese a su gravedad no atrajo la atención de organismos internacionales y ong´s (organizaciones no gubernamentales) defensoras de los derechos humanos».
La fiscal señaló que actualmente se han logrado individualizar responsabilidades penales a través de un trabajo técnico, científico y jurídico de los fiscales de Protección de Derechos Fundamentales, en el que participan además equipos de científicos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, así como lo destaca AVN.
