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Por Gabriela González
En ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos y el 66º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por tal motivo, el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela para convocó este miércoles a un panel de especialistas de la academia, organizaciones no gubernamentales y a la prensa para discutir la situación de los derechos humanos en el país.
En el evento coincidieron Pedro Nikken, Magaly Vásquez, Feliciano Reyna, Román Duque Corredor, Carlos Ayala Corao, Marco Ruíz y Humberto Prado, quienes hicieron un balance de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente sobre las violaciones registradas durante 2014.
En el tema carcelario, Humberto Prado se refirió al caso de Uribana, sobre el que manifestó que la muerte de 48 prisioneros, supuestamente víctimas de intoxicación, constituye una evidencia más de la indolencia del Estado frente a la crisis penitenciaria. Señaló que en esa misma cárcel murieron 54 reclusos en enero.
Además indicó que han muerto alrededor de seis mil trescientos venezolanos en las cárceles del país.
A juicio de Prado, en Venezuela existe una pena de muerte de hecho y quien la aplica es el Estado. Fue tajante al decir que el Estado venezolano ha fracasado en materia carcelaria.
En el acto se condecoró con la medalla Rómulo Gallegos, en su primera edición, a los panelistas y a la jueza Afiuni, como un reconocimiento a su labor en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los familiares de las víctimas de Uribana hicieron las entregas.
Caso Afiuni
En el evento hizo acto de presencia la juez María Lourdes Afiuni, que precisamente este miércoles cumplió cinco años bajo proceso penal por acatar un dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
Su abogado José Amalio Graterol indicó que un año después de que el Ministerio Publico interrumpió el juicio y de tres diferimientos se demuestra que el poder judicial tiene un antes y un después del caso Afiuni.
Graterol señaló que para la audiencia fijada este 10 de diciembre estaban presentes las partes y, a pocos minutos de iniciar, el secretario del tribunal informó que por órdenes de la Presidenta del Circuito Judicial, Signia Briceño -que se postula como Magistrada- no se podía realizar el juicio porque esto violentaría el principio de inmediación.
Graterol explicó que la Presidenta del Circuito no tiene funciones jurisdiccionales generales y que dicho principio de inmediación se violenta cuando un juez distinto está o entra a juicio que ya inició. En el caso de Afiuni, el juicio iba a iniciar de cero. El abogado dijo que quisieron dejar constancia en el acta pero el secretario informó que también, por órdenes de la Presidenta del Circuito, la jueza Afiuni no podía declarar en esa acta y en su propia causa.
Para Graterol “es una muestra fehaciente de que en Venezuela no hay autonomía de poderes”. El abogado además explicó que nadie en Venezuela puede tener medidas de coerción personal que excedan al limite mínimo de la pena del delito más grave que pueda imponérsele, en este caso el delito más grave es el de corrupción que va de 3 a 7 años, delito que por cierto el Ministerio Publico desvirtuó al reconocer que no hubo dinero ni promesa de dinero. Graterol indicó que la Presidenta del Circuito no los atendió ni se fijó nueva fecha de audiencia.
