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Destrucción institucional y corrupción de la justicia

Los daños provocados por el chavismo gubernamental a la estructura Institucional del país, pueden ser calificados sin exageración, de catastróficos.


Por Oscar Battaglini

Estos hechos conjuntamente con la destrucción de la economía nacional, son otros de los efectos desastrosos que arroja el chavismo a su paso por el poder político en Venezuela.

El camino seguido por el chavismo oficial para llegar a ese resultado es como sigue: de entrada no intenta cambiar sustancialmente nada, sino que desde un principio se dedica a “cabalgar” la vieja estructura burocrático-institucional formada a lo largo de nuestro proceso histórico, pero sobre todo constituida durante el período puntofijista (rasgo este que caracteriza toda la actuación del chavismo en el ejercicio del poder). Es cierto que el chavismo gubernamental le ha hecho algunos agregados y afeites a la estructura de poder que nos ha regido hasta ahora, pero tales cosas no han logrado cambiar o modificar efectivamente dicha estructura.

De esos agregados el que más llama la atención es el que ha elevado los poderes del Estado de 3 a 5, pero que en la práctica se reducen a uno solo debido a que han sido privados completamente de su autonomía y están íntegramente sometidos a los designios y mandatos del Poder Ejecutivo. Esto ha hecho, que las instituciones del país se hayan instrumentalizado de tal manera que han dejado de ser los referentes legitimados y formales del orden establecido, para convertirse en mecanismos de poder que los actuales gobernantes utilizan de la manera más autoritaria y brutal para imponerse de forma totalitaria, arbitraria e injustificada a la mayoría de la sociedad.

Esa es la función que se cumple desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde la Fiscalía General de la República, desde la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el CNE, la Defensoría del Pueblo, el BCV, el INE, etc.

A eso se debe, por una parte, el grado de descomposición a la que ya están sometidas esas instituciones; y por otra, la indiferencia y el descrédito que hoy se observa en contra de ellas.

Todo esto tiene entre sus consecuencias más inmediatas, la inevitable profundización de la crisis institucional que hemos vivido históricamente; que en una primera instancia asumió la característica de una carencia casi total de instituciones producto de nuestro inveterado atraso estructural heredado de la colonia y de la ausencia absoluta de democracia, impuesta por el ya tradicional autoritarismo militarista.

Más adelante, sobre todo después de la muerte de Gómez, el problema dejó de ser la carencia de instituciones; pero las que formal y progresivamente se establecen no logran en realidad asentarse y constituirse en los referentes políticos, jurídicos, ideológicos, etc., con capacidad suficiente para guiar el reordenamiento general de la sociedad venezolana. Son diversas las causas que así lo determinan: – El fuerte arraigo de los resabios autoritarios y militaristas activos en nuestra sociedad. – El atraso y la pobreza social generalizada. – Los golpes de Estado militares contra los gobiernos democráticos de Medina Angarita y Rómulo Gallegos que bloquean el proceso de democratización del país que se venía dando desde 1936. – La imposición de la dictadura Pérez Jimenizta por casi una década. – La introducción del populismo adeco-Betancourista (periodos 1945-1948, 1959-1999) del cual no sólo se ha nutrido el populismo chavista sino que al agregarle nuevos elementos, lo supera con creces, como veremos en una próxima entrega. Sin embargo, adelantándonos un poco podemos decir que ni el populismo adeco-Betancourista, ni el chavista han contribuido realmente a la consolidación institucional de la sociedad venezolana, puesto que su interés (como en todos los populismos viejos y nuevos) ha estado más centrado en el objetivo de procurarse el apoyo de los de abajo para mantenerse en el poder, que en la realización de planes y/o medidas dirigidas a resolver los grandes y graves problemas nacionales. Lo ocurrido con los “Planes de la Nación” del puntofijismo y los planes chavistas, que nunca se cumplieron, son un buen e incontrovertible ejemplo a este respecto.

[quote_box_right]La naturaleza extremadamente autoritaria y militarista que el chavismo ha puesto de manifiesto en el ejercicio del poder es lo que explica la tendencia a gobernar como verdaderos autócratas[/quote_box_right]

No obstante lo ajustado de esa apreciación, es preciso reconocer que los daños provocados por el chavismo gubernamental a la estructura Institucional del país, pueden ser calificados sin exageración, de catastróficos. La naturaleza extremadamente autoritaria y militarista que el chavismo ha puesto de manifiesto en el ejercicio del poder es lo que explica la tendencia, primero de Chávez y ahora de Maduro, a gobernar como verdaderos autócratas, sin sujeción a ningún ordenamiento legal y/o constitucional, y sin someter su gestión como funcionarios del Estado a la actuación contralora y fiscalizadora del mismo.

En esas circunstancias, el lugar de la Ley, de la Constitución y de las Instituciones en general, es ocupada por la voluntad omnímoda del autócrata, quien todo lo decide de manera autoritaria y sin tomar en cuenta, para nada, los intereses generales de la ciudadanía en su conjunto y los derechos que le son inherentes.

En tales circunstancias, como siempre se ha afirmado, no sólo la verdad se convierte en una de las primeras víctimas, también a la justicia le ocurre igual; la cual o desaparece o se le corrompe en extremo. Esto último es lo que con tanta frecuencia se observa en la conducta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando aparece públicamente actuando bajo instrucciones o mandatos del Poder Ejecutivo; cuando invariablemente declara inadmisible cualquier solicitud ante el Tribunal que involucre a representantes del gobierno, o cuando, por el contrario; si se le da cabida a solicitudes en contra de sus opositores; cuando no actúa de oficio o por noticias criminis ante denuncias que igualmente implican a representantes oficiales, tal como ha ocurrido con las denuncias que se han hecho sobre el narcotráfico, el peculado, corrupción, etc. Cuando la Fiscalía General de la República actúa de la misma manera. Cuando un tribunal con jueces provisorios condena a largos años de prisión por presuntos delitos políticos con pruebas que “jurídicamente” no tienen ninguna fuerza. Cuando la Contraloría General de la República no cumple con sus funciones de organismo contralor del Estado. Cuando el BCV y el INE ocultan, maquillan o falsean informaciones sobre la situación económica-social del país. Cuando el CNE cambia los circuitos electorales y pone en ejecución toda una gama de otras maniobras fraudulentas para favorecer al gobierno y al chavismo en general. Cuando la Defensoría del Pueblo en lugar de asumir la defensa de la sociedad ante la violación de sus derechos por el gobierno, actúa más bien como defensora de éste.

Se comprende perfectamente que nuestro país ha sido convertido por el chavismo en un perfecto ejemplo de lo que el escritor uruguayo Eduardo Galeano ha llamado: “el mundo al revés”. De más está decir que a todos nos corresponde, como en otras oportunidades, tratar de ponerlo en su justo lugar.