Ajustan y reimprimen Decreto 1.787 sobre la Zodimain Atlántica

El Decreto 1.787 publicado en la Gaceta Oficial del 27 de mayo fue rectificado en el punto referido a la Zodimain Atlántica, aclarando que existe un área marítima por delimitar, entre Guyana y Venezuela, según el Acuerdo de Ginebra de 1966

Patricia Marcano

La Gaceta Oficial 40.677, del lunes 8 de junio de 2015, volvió a publicar el Decreto presidencial 1.787 sobre las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain), que ya había sido divulgado en la Gaceta Oficial 40.669 del 27 de mayo. Según se lee en la primera página de la gaceta, “se reimprime por fallas en los originales».

El ajuste se enfoca en la Zodimain Atlántica, cuya delimitación causó un impasse entre Venezuela y Guyana durante esta semana. No se hizo ningún cambio en las especificaciones de las longitudes y latitudes de los puntos geográficos de la delimitación de este espacio marítimo, sino que se agregó un párrafo a modo de aclaratoria.

“Sin embargo existe un área marítima por delimitar, que será determinada una vez se resuelva la controversia pendiente entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana según el acuerdo de Ginebra de 1966, la cual está definida por los puntos “T” “U” “V”, dice textualmente.

No es un nuevo decreto sino el mismo 1787, firmado por el presidente Nicolás Maduro, pues conserva la misma fecha de edición (26 de mayo de 2015) y los 21 artículos.

[quote_center] “Los Estados pueden tomar posiciones unilaterales que si no son protestadas quedan firmes. Y si son protestadas, te obligan a una negociación»[/quote_center]

Consultado sobre cómo se interpreta este cambio, el secretario general de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa), vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, señaló que “con esta aclaratoria Venezuela lo que hace es ratificar la Zodimain Atlántica porque no se modifican las coordenadas; reafirma la jurisdicción, soberanía territorial y defensa sobre ese espacio y hace la acotación de que existe un acuerdo. Deja abierta la posibilidad de que ambas partes se sienten, como dice el Acuerdo de Ginebra, para definir cuál será la delimitación final. Mientras no nos sentemos, la línea es esa, la que dice el Decreto 1.787”.

Inciarte además explicó que este documento es un decreto unilateral de Venezuela, donde define su jurisdicción en materia de seguridad y defensa, y que este tipo de acciones están contempladas dentro del derecho internacional.

“Esto es un procedimiento normal, los Estados pueden tomar posiciones unilaterales que si no son protestadas quedan firmes. Y si son protestadas, te obligan a una negociación, a buscar un acuerdo. Yo creo que el gobierno se cansó de seguir poniendo la otra mejilla por la vía diplomática y comenzó a tomar medidas de hecho en la zona en reclamación. Lo importante, con la republicación de este decreto, es que seguimos apegados al acuerdo firmado en 1.966 por los dos países interesados, indicando que urge sentarse a delimitar esa área. Pero si Guyana no está dispuesta, la Zodimain seguirá definida en esos términos”, aseguró Inciarte, quien es capitán de la marina nacional.

Sobre los puntos T, U, V de la delimitación trazada y que están sujetas a negociación, el secretario general de la Onsa detalló que el “T” resulta ser una extensión del último punto límite suscrito en el tratado limítrofe con Trinidad y Tobago. “Vemos positivamente ese paso, unas millas más allá del punto S”.

El “U” es nuevo, no se había planteado antes en una demarcación. “Ese es el que está más sujeto a discusión, ahí tenemos que conversar con Surinam, no solo con Guyana”, acotó Inciarte.

Mientras que el punto “V” no es nuevo -recordó- sino que ratifica el Decreto presidencial 1.152 firmado por Raúl Leoni en 1.968, que fijó la línea de base recta hasta el río Esequibo.

¿Error?

El secretario general de la Onsa, organización gubernamental que se ha encargado de difundir los mapas venezolanos con las nuevas Zodimain, no ve nada más allá de un error que fue resarcido. “Según entiendo, y dice la Gaceta, fue un error material, de imprenta. Oficialmente es el mismo decreto. La Ley de Publicaciones Oficiales prevé que cuando se incurra en un error en una publicación se reimprima con el contenido completo, indicando el error material”, dice Inciarte.

El ex embajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini, considera que el cambio hecho al decreto es un control de daños. “El decreto es evidentemente una aberración porque si además de delimitar aguas no se menciona al Acuerdo de Ginebra, Guyana tenía toda la razón en rechazar la presencia de militares en parte de su territorio. Para evitar acusaciones de ese tipo se hizo este control de daños, con ese párrafo adicional que evidentemente no tenía el original”.

Garavini destaca el hecho de que el próximo 2 de julio se realizará una cumbre de jefes de Estado del Caricom, en Barbados, a la que asistirá el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y donde no duda que Guyana se refiera al conflicto y acciones de Venezuela.

“Por ello quisieron hacer esta enmienda, aclarando que falta la delimitación definitiva según el acuerdo. Ese es el juego”, manifestó el ex embajador. De esta manera, la delimitación se mantendrá pero Venezuela se salvaguarda un poco con esa acotación.

[quote_center]»Guyana actuaba considerando que el status quo la favorecía. Pero esta crisis por las áreas marinas y submarinas le ha hecho entender a Guyana que el status quo no le favorece»[/quote_center]

Sin embargo, para el coordinador general de la ONG Mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, abogado Ricardo De Toma, la reimpresión del Decreto 1.787 “demuestra que pudiera haber una falta de comunicación plena entre las Fuerzas Armadas y la Cancillería, o que quizás existan posturas que no vayan en común”.

A su juicio, el decreto presenta características eminentemente militares, que en su primera versión no incluyó la referencia al litigio territorial de la Guayana Esequiba, sujeto al Acuerdo de Ginebra, pero luego en la declaración dada por la canciller Delcy Rodríguez el martes, en respuesta a las declaraciones de Guyana, se notó un acercamiento entre la Cancillería y el campo militar. “Están tratando de recular y eso se evidencia con la modificación. Tratan de rectificar algo que ya se hizo”, expresó De Toma.

El abogado agregó que este decreto les parece extraordinario porque se sale de la actuación regular del gobierno venezolano, de los últimos 15 años, “caracterizado por la omisión e inacción frente a las concesiones entregadas por Guyana a empresas petroleras y que permitió que Guyana trazara de manera unilateral líneas para la extracción de recursos, llegando a afectar proyecciones naturales en Delta Amacuro y zonas indiscutiblemente venezolanas que no están en reclamación”.

Recordó que según el acuerdo de 1966, hasta que no se resuelva el litigio en tierra no puede haber avance en las delimitaciones marinas.

Mapa con pretensiones de Guyana — En rojo está el área marítima que Guyana pretende y que dejaría a Venezuela sin salida al Atlántico

[quote_center]»En los mismos términos que Guyana instaló la plataforma, Venezuela puede desinstalarla»[/quote_center]

Urge negociador

El ex embajador Sadio Garavini considera necesario que Venezuela nombre a un negociador a tiempo completo, junto a un equipo especial, que se encarguen de solventar el conflicto con Guyana pues “es demasiado importante para dejarlo en manos de un embajador que además tiene cuatro cargos”. Hacer esto sería asumir el tema con seriedad.

Además sostiene que por primera vez Guyana está interesada en la solución definitiva del litigio limítrofe y presionará al secretario general de la ONU para que aborde el caso. “Antes a Venezuela simplemente no le interesaba y a Guyana tampoco, y actuaba considerando que el status quo la favorecía. Pero esta crisis por las áreas marinas y submarinas le ha hecho entender a Guyana que el status quo no le favorece”.

Garavini cree que Guyana presionará a Ban Ki-Moon para que el caso llegue a la Corte Internacional de Justicia pero duda que ocurra así. “Nosotros pediremos otra cosa, por eso es que necesitamos a un negociador que pueda hablar con el secretario general de la ONU. Es muy difícil llegar a la Corte, lo más probable es que el secretario pida la mediación”.

Retiro inmediato

Mientras las negociaciones se dan, hay otras acciones que pudieran pasar. El vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, de la Onsa, informó que al ser el Decreto 1.787 un documento oficial que debe cumplir el ministro de la Defensa (lo establece el artículo 19), “se puede ordenar el retiro inmediato de la plataforma Deepwater Champion, y de no hacerlo podrá ser apresada por las autoridades de la Armada venezolana. En los mismos términos que Guyana instaló la plataforma, Venezuela puede desinstalarla”.

Inciarte hace esa observación considerando que Guyana ha violado flagrantemente el Acuerdo de Ginebra, a pesar de haber sido suscrito por el presidente de ese país en 1966 y con lo cual reconocieron la existencia de irregularidades en el laudo de 1899.

deepwater-champion — El Deepwater se mantiene explorando

Insistió en que las acciones de Venezuela siempre han sido diplomáticas y aunque “es posible que hallamos fallado en las técnicas, nunca hemos irrespetado el Acuerdo de Ginebra”.

En cambio, asegura que desde 2011 las acciones de Guyana han sido de hecho, no de derecho. Ni jurídicas ni diplomáticas. “Ellos violaron el acuerdo al otorgar unilateralmente las concesiones. Ahora poco puede reclamar Guyana por las acciones que Venezuela haga en ese espacio. Sus acciones se orientaron a la explotación pero nosotros nos orientamos a la seguridad y defensa, lo cual es totalmente legítimo. En vez de reclamar Guyana debería venir a negociar”.

El vicecomodoro comentó que la Onsa respalda el Decreto 1.787 porque “Venezuela está actuando históricamente como no se ha hecho en los últimos 50 años”, y aclaró que la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela es un ente no gubernamental, sin financiamiento ni filiación partidista, que representa los intereses de la comunidad relacionada con los espacios acuáticos de Venezuela.