La incursión policial en la Cota 905 fue un operativo de naturaleza electoral que golpea principalmente a inocentes habitantes y deja intactas a las organizaciones delictivas
Luis Fuenmayor Toro
El Gobierno sigue sin aprender de la realidad. Sus diferentes cuadros se equivocan y equivocan y no modifican ni un ápice sus conductas. Insisten en el error. Se dicen socialistas, algunos se atreven a llamarse marxistas, pero no tienen en cuenta la realidad a la hora de analizar sus actuaciones, el resultado de las mismas, sus continuos fracasos. Pero es que para ellos no hay fracasos, no yerran, sólo éxitos se encuentran en la senda andada. Cuando aceptan la ocurrencia de algo inadecuado, no son ellos los culpables: es la guerra económica, el golpismo oligarca, el paramilitarismo colombiano, la página “Dólar today”, el imperialismo o la oposición apátrida. Y oposición apátrida es toda la oposición, porque según estos nuevos libertadores quienes se les oponen no pueden ser sino enemigos de la patria. Así lo creen, así lo difunden, así se consuelan.
En las declaraciones más simples, en las situaciones más pueriles, en los casos más insustanciales, está presente siempre el falseamiento de la realidad, la falta de autocrítica y la demagogia usualmente electoral, pues siempre estamos ante alguna contienda de este tipo. Declara uno de ellos, cualquiera, sobre la acción de las bandas delictivas en espacios geográficos urbanos, que han tomado para sí gracias precisamente a la colaboración del Gobierno con la instrumentación “genial” de las llamadas “Zonas de paz”, e inmediatamente dice que son financiadas por el paramilitarismo colombiano, es decir por Uribe. Lo dicen como si nada, sin percatarse de la enorme contradicción que surge de inmediato: si las bandas están financiadas por Álvaro Uribe, enemigo a muerte de la “Revolución” bolivariana, cómo es que el Gobierno llega a acuerdos con ellas. ¿Trabaja entonces la “revolución” con Uribe?
El declarante luego se refiere a la reciente razia efectuada en la Cota 905 y afirma que “hemos visto la liberación de la zona de la Cota 905”. Él sabe que está mintiendo, pero aquí viene lo de la demagogia electoral primero. Vienen unas elecciones y hay que mentir, pues ésa es la única forma de ganar. Nada más las cifras dadas por el comando que actuó durante unas horas en el sector lo dicen todo. Matan a 15 personas, se supone que en enfrentamientos armados, pero recuperan sólo 14 armas, lo que no puede sino significar que por lo menos uno de los asesinados no estaba armado. Apresan a casi 140 supuestos bandoleros, pero sólo encuentran 14 armas. De nuevo, los detenidos estaban todos desarmados; son unos delincuentes sin armas, lo que contrasta con sus acciones previas, cuando hicieron huir a las diferentes policías disparándoles con armas largas y lanzándoles granadas.
La incursión policial en la 905 fue un operativo de naturaleza electoral, al igual que todos los operativos habidos, que golpean principalmente a inocentes habitantes y que deja intactas a las organizaciones delictivas, las cuales, en el caso de la 905, inmediatamente después se movilizaron en motos disparando al aire y lanzando volantes, que les exigían a los vecinos de Los Laureles, El Pinar y Montalbán-Juan Pablo II, la obligación de mudarse o sufrirían las consecuencias. La movilización de estos grupos en El Paraíso y Montalbán quiso dejar claro que las bandas estaban intactas, a pesar del operativo que, repito, tuvo una motivación más electoral que otra cosa. El Gobierno pretendió dar una imagen ante el país de un compromiso de defensa de los sectores pobres y de su decisión de enfrentar al hampa con todos los hierros.
Pero no nos dejemos engañar. Recordemos… Quienes le entregaron al hampa pueblos y barrios enteros de ciudades fueron justamente quienes hoy aparecen como contrarios a este reparto. No puede venir el Gobierno ahora a decirnos que es “inaceptable que una banda criminal pueda dominar un territorio”. Mucho menos hablarnos del bandolerismo en urbanismos de Ciudad Tiuna, Betania, Juan Pablo Segundo, Avenida Bolívar, cuando fueron ellos mismos quienes entregaron las viviendas a delincuentes e indocumentados en lugar de otorgarlas a venezolanos honestos necesitados. Tampoco aceptamos el invento creado alrededor de la muerte de Robert Serra, pues el delincuente “El Colombia” había sido entregado por las autoridades del vecino país a las nuestras y éstas, no sólo lo dejaron libre sino que le otorgaron una vivienda a él y a varios miembros de su banda, a través de la Misión Vivienda. Basta de mentiras y demagogia barata.
