Nuestro territorio es menos de la mitad del territorio original y pareciera que la fiesta del despojo continuará
Luis Fuenmayor Toro
Desde 1830, Venezuela no ha hecho sino sufrir derrotas diplomáticas con Colombia, las cuales han afectado nuestra integridad territorial. Lo mismo ha ocurrido con otros vecinos, pero a éstos no los hemos llamado permanentemente “nuestros hermanos”. Ha sido una actitud masoquista de los gobernantes, la “clase política” y la burguesía de Venezuela, que existe desde las luchas de la independencia y derivó en contradicciones entre sus líderes, ante el rechazo de algunos de los llamados despectivamente como los “cachacos”. Nuestro territorio es menos de la mitad del territorio original y pareciera que la fiesta del despojo continuará.
El desinterés de los venezolanos sobre su territorio es más que claro a lo largo de la historia. El presidente Chávez estaba preñado de este parecer, de allí su “magnanimidad” con Colombia y con Guyana. En el primer caso, luego de su altercado con Uribe negocia con Santos la libre navegación colombiana por el Río Orinoco, sin importarle que no es un río limítrofe, y el Golfo de Venezuela, sobre el que existen unas pretensiones ilegítimas colombianas. Calma Chávez de esta antinacional manera al gobierno vecino, que en contraprestación retira la acusación de terrorista ante la Corte Penal Internacional, que le había hecho al Presidente venezolano el gobierno de Uribe.
Tampoco le importó a Chávez ofrecerle al Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, congelar la reclamación del Esequibo. Tenía como propósito garantizar el apoyo de Guyana en organismos como la OEA, donde podría levantarse alguna moción de censura hacia el gobierno de Venezuela. En ambos casos, Chávez no tuvo escrúpulos en afectar la integridad territorial venezolana en función de sus intereses personales. Nada de raro tiene hoy que Maduro se comporte en la misma forma, pues fue testigo presencial de las acciones anteriores y ésas fueron las enseñanzas que recibió.
Asistimos a una nueva reunión de Santos con un presidente “bolivariano” de Venezuela. Esta vez, luego que Maduro cerrara las fronteras terrestres con Colombia en Táchira, Zulia y Apure, declarara el estado de excepción en todos los municipios fronterizos y extendiera a los mismos la OLP. Ni Maduro, ni Cabello ni Vielma Mora, principales interlocutores de las medidas, dijeron los objetivos perseguidos las mismas. No hubo ningún comunicado oficial que lo hiciera, por lo que sólo podemos extraerlas de las amenazas proferidas por Maduro, de los discursos agresivos de Cabello y de las finas declaraciones del Gobernador del Táchira.
Suponemos, pero nada más eso, que el cierre de la frontera estuvo dirigido a reducir el contrabando de combustibles y de alimentos y otras mercancías, para garantizarles un suministro normal a los venezolanos andinos y a los del resto del país. El estado de excepción suponemos facilita las acciones represivas y de control de la gente por las fuerzas de seguridad. La extensión de la OLP a las fronteras intervenidas permite combatir al hampa organizada y a los grupos armados paramilitares procedentes de Colombia y dirigidos por el expresidente Uribe. Si éstos eran los objetivos, los mismos han debido aparecer en los acuerdos alcanzados con el presidente Santos en Ecuador.
Pero ¡Oh sorpresa! Los acuerdos de Maduro y Santos no mencionan los puntos señalados. Acuerdan intercambiar embajadores, nombrar una comisión para investigar las supuestas violaciones por Venezuela de los derechos humanos en la frontera, designar otra comisión para indagar la violación del espacio aéreo colombiano por nuestra Fuerza Aérea y, por último, ir abriendo paulatinamente la frontera. Maduro, con la aprobación de los acuerdos, coloca a su gobierno como investigado por la violación de derechos humanos y del espacio aéreo colombiano. Nada se investiga de la actitud del gobierno de Colombia, a pesar de las graves acusaciones hechas por el Gobierno en discursos públicos.
¿Dónde están reflejadas en los acuerdos las denuncias de la complicidad del gobierno colombiano con el contrabando? Se ha dicho que lo favorecen, lo encubren, facilitan la nacionalización de la mercancía ilegal, ayudan en el contrabando de combustibles, pero a la hora de la verdad nada fue reclamado oficialmente. No se pidió una comisión para investigar al alcalde de Cúcuta, quien ha sido acusado por nuestro Gobierno como delincuente. No se exigió la devolución inmediata de los bienes productos del contrabando, que sean hallados por las fuerzas de seguridad colombiana. ¿Y sobre los paramilitares de Uribe qué? Pues absolutamente nada, ninguna mención en los acuerdos.
¿Y qué sobre las enormes diferencias de paridad de nuestros signos monetarios entre Cúcuta y la paridad legal decretada por el Banco Central de Colombia? Se había dicho que se trataba de una conspiración contra el bolívar, llevada adelante por una serie de casas de cambio ilegales con la complicidad del gobierno vecino. Se denunciaba como un fenómeno de intervención de la oligarquía colombiana, una injerencia inaceptable en nuestra economía, una agresión a nuestra nación. Programas de televisión informándonos de la gravedad de la situación, articulistas denunciando el asunto, algunos tontos haciéndolo en sus redes de Facebook. ¿Y qué acordaron al respecto?
¡Pues asombrémonos! Nada… Nada, nada, nada. ¿Y entonces? Un cierre de frontera que no controla el contrabando de combustibles, pues no es por allí por dónde sale. Que no controla el contrabando del 40% de alimentos y productos subsidiados, importados y comercializados sólo por el Gobierno venezolano. O será un estado de excepción para impedir campañas electorales opositoras y consolidar así un ventajismo en circuitos electorales contrarios al gobierno. O quizás para forzar la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
