Especialistas explican que el uso discrecional de créditos adicionales ha incidido en la creación de un prepuesto paralelo que no es fiscalizado; Venezuela obtuvo 8 puntos sobre 100 en el Índice de Presupuesto Abierto
Mónica Duarte
Este miércoles la ONG Transparencia Venezuela dio a conocer los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2015 (OBI por sus siglas en inglés). Esta evaluación mide 102 países y es la única medida independiente de comparación de la transparencia presupuestaria en el mundo.
Venezuela se encuentra en el puesto 95, ocupando el último lugar entre las naciones de América, Unasur y la Alba. Superando únicamente a Camboya, Chad, Guinea Ecuatorial, Líbano, Irak y Myanmar.
En ocasiones anteriores, la opacidad de las cifras oficiales ya ha sido denunciada por diferentes organizaciones ciudadanas que temen que la desinformación impida a los venezolanos tener una magnitud real de la crisis económica.
Christi Rangel, profesora de la Universidad de los Andes y coordinadora regional de Transparencia Venezuela, realizó la Encuesta de Presupuesto Abierto que permitió la elaboración de este índice en Venezuela. La investigadora explicó que en el país no existen canales adecuados para la supervisión ciudadana e institucional. “El gobierno nacional está decidiendo sólo para donde van los recursos. No tenemos acceso a los datos ni a documentos de la Contraloría General, siendo esto un derecho”
Venezuela obtuvo 8 puntos sobre de 100 en el índice de transparencia, número considerablemente más bajo que el promedio global que se ubicó en los 45 puntos. A nivel regional todos los países se encuentran sobre los 50 puntos, exceptuando a Bolivia que obtuvo 17. Brasil es el mejor posicionado de Suramérica y se ubica en el sexto puesto del mundo con sus 77 puntos.
No es la primera vez que Venezuela es medida por este índice pero su desempeño ha bajado considerablemente desde las anteriores tres ocasiones. La primera, en 2008, arrojó un índice de 38 sobre 100, para el año 2010 el número fue de 34 y para el 2012 aumentó a 37 puntos.
[quote_center]El gobierno venezolano no ha sido constante en cuales documentos publica cada año[/quote_center]
Estos indicadores se usan para evaluar si el gobierno central pone a disposición del público los ochos documentos presupuestarios claves de manera oportuna, y si la información que estos documentos contienen es exhaustiva y útil.
De los informes entregados durante el año por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se conoce poca información de uno de ellos, tres se producen únicamente para uso interno y otros tres informes ni siquiera están siendo elaborados. La Ley de presupuesto aprobado es el único documento que cuenta con información divulgada ampliamente. Además, el gobierno venezolano no ha sido constante en cuales documentos publica cada año.
“El presupuesto es la herramienta de planificación fiscal de la administración pública por excelencia”, explicó la economista Anabella Abadi. Anualmente, el gobierno debe presentar una memoria que explique los ingresos y gastos, permitiendo organizar la asignación fiscal del periodo siguiente.
Pero los presupuestos aprobados resultan insuficientes y en el transcurso del año la Asamblea Nacional se ve obligada a aprobar créditos adicionales que cubran las insuficiencias financieras de los diferentes entes. Estos egresos no cuentan con la fiscalización reglamentaria, generando que el ejecutivo maneje discrecionalmente el presupuesto. “Nunca se ha visto un desorden fiscal tan grande”, expresó la diputada Vestalia Sampedro.
El índice también permite medir las oportunidades del participación del público. Venezuela se encuentra un poco mejor en este aspecto, obteniendo unos 23 puntos sobre 100, muy cercano al promedio global de 25. Sin embargo, uno de los grandes faltantes que señalan los especialistas son las consultas públicas y la elaboración de un prepuesto ciudadano.
Pero este no es único estudio internacional que “raspa” al gobierno. Venezuela es el octavo país más difícil para hacer negocios según Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina, además es el país más corrupto de Suramérica de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, y ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho 2015 elaborado por El Proyecto Mundial de Justicia.
Faltan las estadísticas más elementales
Para al elaboración del presupuesto los entes gubernamentales se basan en supuestos macroeconómicos como los grandes contextos que permiten hacer las estimaciones , entre ellos el Índice de Precios al Consumidor que no se publica desde diciembre de 2014.
Abadi asegura que el índice de inflación es uno de los más relevante por ser el dato más utilizado en la cotidianidad por los venezolanos para hacer el cálculo de su presupuesto familiar. “Es necesario para hacer el ajuste de los salarios, contrato de alquileres, indexaciones, discusión de contratos colectivos y ajustes de las tasas de interés. No hay razón para que el BCV no lo pueda publicar”, añade.
Al esconder estas cifras aumenta la percepción de la corrupción. El economista, José Guerra, explica que el peligro de que no se publiquen estas cifras es que se sustituya por información no oficial incorrecta proporcionada por otros medios.
La ley del Banco Central de Venezuela, Ley para la función pública de la estadística y la Ley anticorrupción son algunas de las medidas normativas que establecen la importancia y obligatoriedad de la difusión de las cifras económicas. Sin embargo, pocas de ellas se cumplen y los índices nacionales salen cada vez con más retraso.
Las obras inconclusas son una expresión visible de este problema. Durante el evento de presentación del estudio Bárbara Lira, economista consultora, recomendó como ejercicio de contraloría ciudadana contrastar la falta de presupuesto con hospitales no entregados o con escuelas en mal estado para entender las implicaciones reales del tema.
Vigilancia insuficiente
La entidad superior encargada de la labor fiscalizadora en el país es la Contraloría General de la República. Por su marco jurídico sólido este ente recibió un puntaje de 67 sobre 100 en la evaluación presupuestaria. En la práctica, sin embargo, sus recursos son insuficientes para llevar a cabo su mandato e implementar un sistema de aseguramiento de calidad.
La relación entre los 736 funcionarios de la Contraloría con los más de 1 millón 606 mil empleados públicos obliga a que cada uno de los oficiales de la Contraloría tengan que supervisar a 2.182 empleados, según informaron los representantes de Transparencia Venezuela.
A su vez, la vigilancia por parte de la legislatura es considerada como “limitada” por el estudio. No se llevan a cabo consultas regulares sobre cuestiones presupuestarias ni se ejercen todas las funciones de vigilancia legislativa.
La diputada Sampedro expresó que “la Asamblea juega un papel importante en la construcción del presupuesto nacional pero más aún la participación ciudadana. La Constitución garantiza que los ciudadanos conozcan el Producto Interno Bruto, inflación, políticas de cambio pero no se cumple”.
[quote_center]Al esconder estas cifras aumenta la percepción de la corrupción[/quote_center]
Pero los panelistas expresaron un problema mayor. Desde hace unos años los créditos extras aprobados han superado por mucho el presupuesto regular que se asigna a comienzos de año. En 2014, el presupuesto fue de 552.633 millones de bolívares, mientras que los créditos extras fueron 585.440 millones. Esta cifra se ha sobrepasado en el primer semestre de 2015 con 552.000 millones de bolívares en créditos adicionales.
La economista Abadi explica que estos créditos se han convertido en la regla y no en la excepción. “La Asamblea Nacional se ha dedicado a aprobar estos mecanismos pero no les hace seguimiento ¿Qué está pasando con esos recursos?”.
Los especialistas reclamaron que deben existir canales formales para participar en la formulación presupuestaria. Aseguran que la única forma que el proceso presupuestario sea más transparente es publicar los documentos y fomentar la participación ciudadana, para contrastar la falta de instituciones que verifiquen o monitoreen los recursos.
Si quieres contactar a la autora de este texto, escribe a monicaduarte@larazon.net
