La ausencia de desarrollo industrial del país es la consecuencia de más de medio siglo de políticas equivocadas, que han privilegiado el rentismo
Luis Fuenmayor Toro
Ante las crisis económicas de carácter cíclico que hemos vivido varias veces, es prioritario conocer sus causas para luego definir un programa de recuperación económica a corto, mediano y largo plazo, que no se limite sólo a atender los efectos de la crisis sino que, al mismo tiempo, intervenga en lo más profundo de sus raíces, tomando en cuenta la gravedad de la situación, su complejidad, sus filiaciones nacionales e internacionales y su desarrollo histórico. Hay que entender que la ausencia de desarrollo industrial del país es la consecuencia de más de medio siglo de políticas equivocadas, que han privilegiado lo que se ha llamado el rentismo petrolero, que en sus momentos estelares se acompaña de una economía totalmente importadora, que arrastra consigo un deterioro de la escasa producción nacional existente, así como especulaciones cambiarias delictivas y corrupción generalizada.
Hemos reiteradamente dicho desde finales del siglo pasado, que el problema fundamental del país reside en su economía extractivista, que se circunscribe únicamente a la venta de petróleo crudo, combustible fósil, materia prima, sin mayor producción de derivados de alto valor agregado; una materia prima muy necesaria y muy bien cotizada, pero al fin y al cabo materia prima, que fluye desde el subsuelo y que es vendida sin mayores modificaciones. El precio de mercado del crudo está generalmente bastante por encima de su costo de producción, incluso en aquellos momentos de bajos precios internacionales, alcanzando en ciertos períodos magnitudes gigantescas, que le dan al Estado unos ingresos fabulosos, como el billón de dólares recibido por el chavecismo entre 2004 y 2012 y la también enorme, aunque de menor magnitud, riqueza recibida por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
La dilapidación de estas riquezas se da con la misma facilidad y mayor rapidez que la de su obtención. Desaparece en jugosos negocios con las importaciones mercantiles y las manipulaciones cambiarias, en mantener una numerosísima burocracia estatal superflua, en la ejecución de actividades propagandísticas permanentes del Gobierno, en la marcha de estructuras partidistas y clientelares demagógicas, como las misiones sociales; en gastos elevados y ostentosos de la alta burocracia gubernamental y partidista. Lo que reste será para financiar los programas ordinarios del Gobierno y programas sociales de carácter remedial, que no modifican la situación de ignorancia, sumisión y dependencia del pueblo pobre, ni las capacidades nacionales de producción de ciencia y tecnología, que pudieran cambiar nuestras limitaciones productivas.
El consumo mundial de petróleo está alrededor de 90 millones de barriles diarios; de allí la importancia de tener grandes reservas petroleras probadas, que garanticen su uso en nuestro desarrollo y el de otras naciones. Los países con mayores depósitos en el mundo son Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán, Libia y Nigeria, la mayoría en oriente medio donde las potencias imperialistas se han establecido, para garantizarse la materia prima necesaria para el funcionamiento de sus aparatos industriales. Otros países con grandes depósitos son Rusia, Kazajistán, Brasil y México. Más del 70 por ciento de las reservas venezolanas están en los 55 mil kilómetros cuadrados de la Faja del Orinoco. Es un petróleo pesado, que requiere ser procesado para utilizarlo, por lo que dominar esta tecnología debería ser una obligación de nuestros gobiernos, materia para ser legalmente asumida y supervisada por la Asamblea Nacional.
Venezuela debe cambiar radicalmente el modelo de explotación petrolera que realiza desde hace 90 años y pasar a generar mercancías de mucho mayor valor agregado. Debe asumir el desarrollo inmediato de la industria petroquímica, con grandes inversiones de PDVSA, y de la industria de químicos orgánicos, en la cual deben participar empresas privadas venezolanas. A partir del petróleo se elaborarían fertilizantes, herbicidas, pesticidas y precursores para la producción de plásticos y derivados. Se trata de mercancías de mayor valor y de gran utilidad en la industria química, alimenticia, textil y farmacéutica. El desarrollo petroquímico garantizaría la elaboración de combustibles purificados como el metano, butano, propano, gasolina, gasoil, queroseno y combustible de aviación; las olefinas ligeras: etileno, propileno y butenos; el hidrógeno, el amoníaco, el metanol y productos aromáticos como el BTX: benceno, tolueno y xilenos.
Una legislación que obligue al desarrollo petroquímico y químico orgánico de la industria petrolera y del gas natural es una iniciativa para llevar a la próxima Asamblea Nacional, que impulsará el despegue del subdesarrollo. Ésta contempla también el desarrollo aguas arriba con la construcción de la flota petrolera nacional, de manera de dejar de regalar el flete como hacemos ahora, y que compañías venezolanas y no extranjeras asuman los seguros y reaseguros de la carga transportada. Se impulsaría entonces la aparición de las industrias, entre ellas la metalmecánica, para el funcionamiento de las nuevas plantas industriales. Se estimularía la demanda de ingenieros, químicos, físicos y otros profesionales, así como las ciencias y la tecnología requeridas por las nuevas industrias. Las universidades pasarían a jugar su papel.
Este crecimiento industrial conlleva la creación de innumerables puestos de trabajo formal, calificado, sustentable y bien remunerado. PDVSA sería una empresa de energía, que aseguraría el financiamiento nacional de todo el conocimiento que requiere para funcionar y para la obtención futura de energías limpias. Y no habría que destinar más del 30 por ciento de la actual producción a la petroquímica y la química orgánica industrial, por lo que se puede seguir vendiendo combustible fósil. Esto sí sería realmente un cambio revolucionario.
El autor es candidato a diputado voto lista por Caracas en elecciones de diciembre
