El neoliberalismo, primero; y, luego, la llegada de Hugo Chávez al poder, dieron al traste con el sindicalismo que enalteció a la clase trabajadora
Absalón Méndez Cegarra
Una de las tantas pérdidas que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos ha sido la de su dirigencia sindical y la organización del movimiento de los trabajadores. Venezuela, desde las primeras décadas del siglo pasado, logró estructurar y consolidar una organización sindical de primera línea con una dirigencia formada en el fragor de la lucha por la defensa y protección de los derechos de la clase trabajadora. Cuatro grandes confederaciones reunieron todo el espectro político, ideológico y de lucha del movimiento de los trabajadores, conformado en sindicatos de distinta entidad y naturaleza. Al frente de estas organizaciones sindicales descollaron dirigentes sindicales a carta cabal, fervientes defensores de los trabajadores, sin entreguismos de ninguna naturaleza. Desafortunadamente, el neoliberalismo, primero; y, luego, la llegada de Hugo Chávez al poder, dieron al traste con este sindicalismo que enalteció a la clase trabajadora venezolana y contribuyó enormemente a la modernización del país. En sustitución, ha nacido un sindicalismo subordinado, dependiente del Poder Público, alimentado con los recursos del Estado, el cual se ha convertido en enemigo de los trabajadores y su causa reivindicativa, que castra y secuestra cualquier iniciativa distinta, como ocurre con las fuerzas sindicales que procuran recuperar un cierto espacio y con el gremialismo profesional, representado, por ejemplo, en FADESS y en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
La Asamblea Nacional, mediante acuerdo, pésimamente redactado, invita al resto de los Poderes Públicos a intervenir la Universidad Autónoma, culpándola de hechos imputables al gobierno y a su militancia partidista. La Universidad venezolana no lleva tres años cerrada. Lleva años sufriendo la incompetencia y mediocridad de gobiernos que no entienden ni comprenden el significado que tiene la educación para el desarrollo y prosperidad de los pueblos. El actual “conflicto universitario” tiene su razón de ser en tres hechos gubernamentales, al cual más irracionales, a saber: asignación de una cuota presupuestaria para el año 2016 insuficiente para atender las necesidades institucionales; asignación unilateral de cupos que abulta considerablemente la matrícula, sin considerar su incidencia en los recursos físicos y de capital humano, académicos, de las Universidades; y, aprobación de unas tablas salariales de los miembros del personal docente y de investigación que los condena a la muerte por hambre y obliga a huir del país en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de vida. En estos tres hechos, básicamente, se encuentra el epicentro del malestar universitario actual. La II CCU, llegó a un acuerdo sobre tablas salariales que la FAPUV rechazó por su precariedad; pero, interesada en el diálogo, ha mantenido firme su disposición a conversar con el gobierno para llegar a un entendimiento mínimo, razón por la que el profesorado, a decir, verdad, se ha reincorporado, funciona el cogobierno universitario y se cumple con actividades académicas y administrativas ordinarias y especiales. En consecuencia, sólo está suspendido el reinicio del nuevo período académico; pero, este reinicio de clases de pregrado es una decisión que corresponde adoptar a las autoridades universitarias y decanales y, llegado el momento, el profesorado evaluará sí están dadas las condiciones mínimas de trabajo para llevar a cabo la docencia en aula. No es facultad del profesorado llamar al inicio o reinicio de actividades académicas. En este momento, importa clarificar las aguas. Nos inclinamos por un Universidad abierta, aunque, con problemas; y, no, cerrada, con problemas.
Ahora bien, la Universidad, efectivamente, no ha reiniciado las clases de pregrado; pero, tal situación no es imputable exclusivamente al profesorado como equívoca y malintencionadamente lo hace ver la Asamblea Nacional. La serie de paros por 24, 48 y 72 horas los ha declarado el sindicalismo oficial universitario, el mismo que suscribió la II CCU, ignoró a su empleador directo y engañó a las bases de los trabajadores diciéndoles que la II CCU era la mejor contratación lograda en toda la historia universitaria nacional. Sin embargo, la Asamblea Nacional no hace referencia alguna a estos hechos, lo que evidencia su complicidad militante, pues, le resulta más fácil agredir a la Institución y al profesorado, al parecer, el débil jurídico de la relación laboral universitaria. Empleados y obreros, convocado por sus sindicatos oficialistas, han parado y cerrado la Universidad por incumplimientos gubernamentales que tienen su origen en la II CCU; pero, la reclamación no la ejercen con violencia contra el autor del incumplimiento, es decir, el gobierno nacional, sino contra la Universidad indefensa y desguarnecida, curiosamente, patrono ignorado en las discusiones contractuales.
La II CCU, al igual que la I CCC, ha maltratado al profesorado universitario, y, todo ha sido obra de un sindicalismo rastrero, que, inclusive, ha presionado a la representación gubernamental, como contraparte, para que suscriba cuanto perjudique al profesorado. Posición mucho más digna ha sido la sostenida por los voceros gubernamentales quienes han mostrado mayor y mejor disposición para atender los reclamos del profesorado, de hecho, la presencia de la FAPUV en la mesa de negociaciones de la II CCU fue por invitación expresa del Ministro y del Vice- Ministro de Educación Universitaria, en contra de la posición férrea del sindicalismo oficial, el que, ahora, cierra la Universidad y, demagógicamente, para crearle más problemas a la Universidad, y, también, al gobierno, aunque no lo crean, instiga a un numeroso grupo de hombres y mujeres, nobles y honestos, trabajadores de empresas de limpieza y mantenimiento, contratadas por la Universidad para prestar este servicio, para, que, bajo la excusa de la tercerización, violencia de por medio, exijan a la Universidad su incorporación como trabajadores universitarios, todo con el fin de pescar en río revuelto y obtener dividendos políticos-electorales. El resultado ha sido el despido de los trabajadores por parte de las empresas de mantenimiento. ¿Quién asume la responsabilidad por este hecho laboral? La Asamblea Nacional, en la que hacen vida otrora universitarios defensores de la autonomía, lejos de condenar y censurar esta conducta contraria a la moral sindical, la auspicia y elogia, bajo la falsa creencia que con ello hacen daño a la Universidad y a los profesores universitarios. Lo que se está destruyendo es el presente-futuro de la sociedad nacional.
