Los representantes laborales denuncian que los contratos colectivos no se discuten, la inamovilidad laboral no se respeta y los sindicalistas son perseguidos
Mónica Duarte
La promulgación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) en 2012 planteaba una mayor protección al empleo y una serie de derechos individuales progresistas que se traducirían en beneficios para los trabajadores. Pero los sectores sindicales y obreros no creen que eso se cumpla actualmente en ningún sector laboral del país.
“El gran violador de la Ley Orgánica del Trabajo es el gobierno”, así resume Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), el cumplimiento de la Ley en el sector público nacional. Y esta opinión no se distancia de lo que dicen otros voceros gremiales. Froilán Barrios, secretario general del Movimiento Laborista de Venezuela, asegura que los trabajadores no se sienten protegidos por la legislación pues no ven su efectividad real. “El gobierno ha pretendido crear una alarma entre los trabajadores diciendo que van a eliminar la Ley del Trabajo pero los que más la incumplen son ellos”, manifiesta.
No es solo la violación de los beneficios contemplados en el texto legal lo que se incumple. Desde que el presidente Nicolás Maduro comenzó a llamarse a sí mismo “Presidente Obrero”, el 9 de abril de 2013, la bandera de la defensa laboral se ha hecho más fuerte en los discursos presidenciales. Un Mercal Obrero, un Barrio Adentro Obrero y la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera fueron alguna de las promesas que vinieron con el nombre y que aún no se han materializado.
Para Zambrano la ley también se violenta constantemente con la falta de políticas públicas que desmejoran la calidad de vida de los trabajadores. “Se señala que el salario básico debe permitir la manutención del trabajador y su familia y hoy ninguno vale nada, ni el salario mínimo ni los tabuladores”, afirma el también secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud).
Otra de las preocupaciones que aqueja a los gremios es la falta de una instancia neutral que interceda en favor de los trabajadores, pues aseguran que el Ministerio del Trabajo actúa como un órgano a disposición del gobierno, que es el empleador, y no como un mediador. “Hay muchos casos de impunidad absoluta de patronos públicos y privados donde los trabajadores no tenemos una instancia a la cual acudir que no sean nuestras movilizaciones de calle”, explica Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores.
Maduro se autodenominó el “Presidente obrero” y ofreció un Mercal Obrero, un Barrio Adentro Obrero y la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, promesas que no se han materializado
Máspero agrega un factor indirecto que atenta contra la estabilidad laboral en Venezuela: la caída en la producción nacional. “Hemos perdido cerca de 100.000 empleos este año entre el comercio, la industria y hasta la pesca, si no hay posibilidad de inversión no va a ser posible el empleo productivo, lo que generaría la paralización de algunas fábricas y mayor desempleo en el año 2016”.
La estabilidad laboral no se respeta
La Ley Orgánica del Trabajo, en sus artículos 47 y 48, daba plazo hasta el 2015 para terminar la tercerización en las grandes empresas y comenzar a incluir en nómina a los empleados con todos los beneficios laborales. Sin embargo, este aspecto no se ha cumplido. “No hay mayor gobierno tercerizador que éste, con las milicias obreras, las falsas cooperativas, empresas de producción social, trabajos voluntarios y toda una serie de mecanismos con los que se ha incurrido en fraude laboral”, manifiesta Froilán Barrios.
Máspero es más específica y asegura que unos 60.000 trabajadores de Barrio Adentro están esperando para ingresar como fijos, mientras que en el sector educativo son 20.000 los maestros en esa situación. “La Ley tiene una serie de derechos individuales que son mejores que otras leyes del trabajo de América Latina pero nada de eso se ha podido cumplir, porque las inspectorías del trabajo lo que ofrecen es generación de injusticia, retardo procesal e impunidad, hay cerca de 10.000 solicitudes de despidos represadas que no han sido atendidas”, afirma.
Otro de los problemas que manifiestan los representantes sindicales es la violación de la inamovilidad laboral, el decreto presidencial que prohíbe el despido de cualquier trabajador sin el consentimiento de las Inspectorías del Trabajo y que se ha mantenido vigente desde el año 2002.
Según las cifras de Barrios los despidos acumulados suman más de 32.000 empleados públicos, contando las destituciones de trabajadores de Pdvsa por participar en el paro de 2002, el personal verificado en la “lista Tascón» con relación al referéndum presidencial en 2004 y, más recientemente, los trabajadores que no firmaron la carta a Obama por su supuesta injerencia en los asuntos nacionales. “El gobierno despide trabajadores a mansalva, violentando al artículo 89 de la Constitución Nacional al igual que el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hablan de la no discriminación”, asegura el gremialista.
Estiman que con la caída en la producción nacional se han perdido cerca de 100.000 empleos en 2015 en el comercio y la industria
Las denuncias sobre las práctica discriminatorias han aumentado luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La Unión Nacional de Trabajadores y otros sindicatos han denunciado que se les está desconociendo un bono de desempeño, que representa un 40% del salario, al aplicárseles una evaluación sobre su participación política, donde se le premia o no si es reconocida su militancia partidista. “Estas prácticas se han venido realizando con regularidad con las amenazas electorales y ahora hay mensajes de amedrentamiento para endosarnos la culpa del gobierno, utilizan la alimentación, salud y pensiones como mecanismo de mercancía electoral”, explica Máspero.
Contratación colectiva pública en deuda
Entre los gremios la mayor denuncia es la imposición de los contratos colectivos, que conlleva la desmejora de los beneficios laborales. “El ejecutivo nacional es quien decide lo que le va a dar a los trabajadores, eso lo que sucedió en el Contrato Marco de los empleados públicos, fue una notificación porque nadie conoce qué se discutió ahí, lo mismo está pasando en el sector petrolero, los derechos que no fueron consultados en el sector de la salud y magisterial. Los profesores universitarios son los únicos que han dado una dura lucha en el marco del contrato universitario”, manifiesta la coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores.
Froilán Barrios explica que en este contrato, que afecta a más de dos millones de empleados, no se reconoció ningún tipo de reivindicación inmediata sino que fueron postergadas para 2016, “todo fue un acto de campaña”.
El sindicalista asegura que lo mismo pasa en el sector petrolero y se manifestó igual en el contrato de Sidor (la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro). Este último texto tenía cuatro años vencido, hace dos se introdujo una propuesta para una nueva firma pero el contrato que terminó imponiéndose este año no fue consultado y la lucha para su aprobación dejó una huelga con numerosos heridos y tres trabajadores detenidos.
“Cuando aprueban los contratos desmantelan, en el caso petrolero esto implicó la pérdida del comisariato que era una reivindicación que establecía una serie de pautas para la determinación del salario del trabajador, las cláusulas de empleo, salud y educación en el sector de contratistas. También el de los educadores ha sido similar, los trabajadores vieron desaparecer el tabulador que es el que establece una cuantificación acorde con los años de servicio y los niveles de estudio”, detalla Barrios.
Aseguran que el Ministerio del Trabajo actúa como un órgano a disposición del gobierno, que es el empleador, y no como un mediador
Zambrano, vocero de Mosbase, suma a estas quejas el incumplimiento del pago de las prestaciones que establece la contratación. La Ley contempla cinco días luego de la salida del trabajador (por renuncia, despido o jubilación) para la cancelación de los beneficios pero “hay personas que mueren esperando”, dice el sindicalista.
También reclama que hay órganos que se niegan a abrir las cuentas correspondientes para el depósito o no pagan los intereses moratorios que señala la normativa. Agrega que en esos casos siempre acuden al ministerio, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía “pero ninguno responde, la única medida de presión que tenemos es la denuncia pública”.
Exigen revisión del derecho colectivo
León Arismendi, directivo del Instituto de Altos Estudios Sindicales y abogado laboral, explica que la Ley del trabajo tiene el inconveniente general de no haber sido discutida por los actores sociales y tener un déficit de entendimiento. “Debe ser revisado el capítulo del derecho colectivo, la libertad sindical y la negociación, que son los instrumentos básicos para que los propios implicados puedan resolver sus problemas. Lamentablemente en Venezuela lo que tenemos es una intervención exagerada de la actividad sindical”, explica Arismendi.
Además, los gremialistas rechazan el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (Renos) que consideran una comisaría del Estado venezolano para ilegalizar los sindicatos, violentando el convenio 87 de la OIT y que tiene apresadas más de 400 organizaciones de trabajadores desde hace más de 3 años.
Los sindicalistas han visto sus funciones usurpadas y sus dirigentes perseguidos, por ello proponen la revisión de 111 artículos de la Ley que corresponden al derecho colectivo. Aunque no es la primera vez que asoman esta necesidad, en diciembre del 2014 introdujeron un recurso ante el TSJ para solicitar la nulidad a todos aquellos artículos que atentan contra los convenios internaciones sindicales firmados por el gobierno, pero nunca recibieron respuesta.
Para contactar a la autora de este trabajo escribe a monicaduarte@larazon.net
