Ni una sola de las medidas emergentes beneficia a los venezolanos. Todas, en su conjunto, llevan el veneno del malestar
Absalón Méndez Cegarra
El Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el partido político oficial, el Psuv, hicieron todo lo posible para evitar la instalación de la Asamblea Nacional, en la fecha establecida por la Constitución de la República. Posterior a la instalación han alegado cualquier falsedad, revestida de juridicidad, para impedir el funcionamiento de la Asamblea. La última de las jugarretas, al parecer, no les resultó del todo bien. La Procuraduría General de la República, órgano obediente del Presidente de la República, solicitó al TSJ la interpretación del artículo 237 de la Constitución, el cual establece la obligación del Presidente de la República, dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, de presentar, personalmente, “un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”. La jugada de la Procuraduría estaba orientada a lograr una decisión judicial favorable a los fines de evitar la comparecencia del Presidente a una Asamblea Nacional, considerada inconstitucional, ilegal e ilegítima. El TSJ se pronunció, no quedaba otro camino, señalando, que no existía impedimento alguno para que el Presidente no acudiera a cumplir con su deber constitucional de presentar su mensaje anual ante el Poder Legislativo, es decir, ante el pueblo de Venezuela, electo el 6D, con respaldo popular abrumador. La decisión del TSJ no sólo dejó sin armas jurídicas al oficialismo sino que legalizó y legitimó a la Asamblea Nacional, sí, es que tales pasos eran necesarios.
El Presidente, compareció a la Asamblea Nacional, como buen hijo de Hugo Chávez, utilizó más de tres horas, en una cháchara de mentiras, dejando ver que los venezolanos vivimos en un paraíso terrenal. Más de un tercio del discurso, mitad leído, mitad improvisado, lo dedicó a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ese fue su estribillo, su caballito de batalla. El pecho se le infló cuando dijo que el gobierno de él, y, naturalmente, el de su padre, había construido en cuatro años más viviendas en el país que durante toda la historia de la Venezuela republicana. Por falta de conocimiento histórico se le olvidó la labor del Banco Obrero, posteriormente Inavi; Vivienda Rural; Coracrevi; y el Sistema de Entidades de Ahorro y Crédito y la Banca Hipotecaria. Pero, bueno, no se puede negar el esfuerzo gubernamental y, a decir, verdad, han sido construidos, de mala forma, miles de viviendas en todo el país, a un costo que los venezolano ignoran y, además, sepultando la industria de la construcción nacional.
Al Presidente de la Asamblea Nacional le resultó suficiente menos de treinta minutos para refutar las mentiras presidenciales y poner en su lugar a los militares y a las ramas del Poder Público Nacional cuya legitimidad de origen no emana de la voluntad popular, del poder originario, sino del poder derivado.
Ahora bien, lo que más llamó la atención de la discursiva presidencial, fueron sus contradicciones. En la primera parte del discurso pintó un país maravilloso. En la segunda parte, tuvo que admitir que tal país no existe, que estamos sometido a una muy grave emergencia económica. El Estado-gobierno-partido, que, obtuvo la mayor riqueza del mundo, la dilapidó enriqueciendo a un pequeño grupo de “revolucionarios”. Ante este hecho ha tenido que confesar que está en ruinas, quebrado; pero, quebrado fraudulentamente. Es decir, vendió a crédito, nadie le paga y, además, está endeudado y sin dinero ahorrado para asumir el cumplimiento de las obligaciones.
Toda quiebra, sobre todo la fraudulenta, obedece a algunas razones delictivas. La quiebra gubernamental, que se traduce en la quiebra de la empresa que llamamos sociedad nacional, tiene motivos, factores y responsables. Entre los motivos, no hay otros que el modelo económico impuesto, el ataque al sector privado, la confiscación de propiedades, el robo descarado de los dineros públicos, la incompetencia gubernamental y la destrucción del aparato productivo nacional. Los responsables, simplemente, quienes al igual que J.V. Gómez, desde hace 17 años, convirtieron la Hacienda Pública Nacional en su hacienda personal.
El gobierno nacional, con el mayor descaro del mundo, con una cara bien lavada, le presenta a la Asamblea Nacional un Decreto de Emergencia Económica, para que el Poder Legislativo lo considere y ayude al Ejecutivo a salir bien librado del desastre al cual nos ha conducido a todos los venezolanos. El Presidente, ha podido, perfectamente, incluir este Decreto en el conjunto de decretos con rango, valor y fuerza de ley, que dictó, en uso de las facultades habilitantes, a última hora, para distorsionar, aun más, la actividad del Banco Central de Venezuela, el Impuesto sobre la Renta, la Actividad Aseguradora y el Mercado de Valores, entre otras materias. No lo hizo, porque el propósito es lanzarle un globo de ensayo a la Asamblea Nacional. El gobierno, ante el fracaso con todos los enemigos artificiales creados: guerra económica, guerra mediática, el imperialismo norteamericano, el imperialismo guyanés, el contrabando hacia Colombia, el paramilitarismo colombiano, la burguesía nacional apátrida, la derecha recalcitrante, el dólar paralelo, etc, sigue buscando un culpable a quien atribuirle sus errores, fallas, corruptelas, mediocridad e incapacidad. Nada más apetecible que lanzarle el Decreto a una Asamblea Nacional opositora para que corresponda a ésta asumir el fracaso gubernamental. Para el momento que este artículo salga a la luz pública, es posible, que, la Asamblea Nacional haya decidido qué hacer con el Decreto, seguramente, no lo aprobará o modificará, y, tal decisión será el argumento esperado por el gobierno para decirle al país, que él quiere resolver el desastre que tenemos, causado por él y sólo por él; pero, la Asamblea Nacional opositora, enemiga del pueblo, se lo ha impedido.
La emergencia económica actual es del gobierno, pues, los venezolanos llevamos 17 años en emergencia y el gobierno no lo sabía. El gobierno desea y aspira por la vía de este Decreto que se le entregue un cheque en blanco para seguir desangrando el país, suerte de nueva ley habilitante; pero, con nombre diferente. Ni una sola de las medidas emergentes beneficia a los venezolanos. Todas, en su conjunto, llevan el veneno del malestar. El gobierno quiere salir del fango donde sepultó a los venezolanos cargando sobre sus hombros el peso del desgobierno. Esperemos que el ensayo no resulte y el globo se desinfle.
