Los controles de precio no se aplican ni en Mercal

En el país las regulaciones para el cobro de «precios justos» se han extendido a más de 50 productos y servicios, pero los comerciantes siguen vendiendo a sobreprecio y exigen mayores compras a sus clientes

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Mónica Duarte

«En los mercados todo es muy caro, los negocios ponen todo más alto y los bachaqueros exageran más aun, al final todos abusan», explica Carmen Losada, mientras sale de comprar un par de margarinas de un abasto en San Bernardino. Tiene 60 años de edad, para ella hacer cola no es una opción por problemas físicos. Su rutina es comprar «donde consigue» pero asegura que esto puede significar pagar mucho más por los productos que tienen precios controlados.

“Dos kilos de jabón que estaban en 400 me costaron 700 bolívares hace una semana, un kilo de arroz me costó 300 bolívares y las caraotas están en 800 en Quinta Crespo. Las frutas y hortalizas las compro en la calle, en los camiones o buhoneros que veo, porque salen más baratas”. Para un mercado semanal Losada suele recorrer varios tipos de establecimientos pero su conclusión es la misma: “Uno va a diferentes negocios y ves precios distintos, cada vez más altos, aquí y allá, no importa a donde vayas”.

El testimonio de Carmen Losada coincide con el último informe mensual que realizó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) sobre la Canasta Alimentaria Familiar, donde la diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado para el mes de diciembre de 2015 era de 2.260,04%. Junto con esta cifra el registro señala que al menos 53 productos, de los 58 evaluados, escasean.

Sin ser ajeno a esta realidad el Gobierno Nacional ha intentado mantener los precios al margen deseado a través de una Ley Orgánica de Precios Justos, que cumple ya cuatro años de vigencia con tres modificaciones, y la creación de una Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que desde hace dos años fusionó a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) y al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).

Pero estas instancias poco han hecho para controlar los altos precios o la inflación en el mercado, y los consumidores piden más vigilancia. “Deberían fiscalizar más porque cada quien pone el precio que quiere y no están cumpliendo las regulaciones”, comenta Losada.

Rosa González, dueña de un establecimiento comercial en Caicara de Maturín que se encontraba en Caracas, piensa similar y afirma que a un cierto número de comercios “no se les controla”. “Uno que es honesto lleva sus libros al día y paga sus impuestos, pero otros pagan por debajo de la mesa, no dan facturas y ni se les exige el libro de compra o el margen de ganancia”.

Procedimientos irregulares como estos causaron a finales del mes de Enero la detención de 40 funcionarios de la Corporación Venezolana de Alimentos y la Red de Abastos Bicentenario, entre ellos sus ex directivos Heber Aguilar y Bárbara González, acusados de actos de corrupción con dinero derivado de las ventas en jornadas a cielo abierto y desvío de mercancía a supermercados donde se vendían a “precios especulativos”, según indicó el ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González.

La economista Anabella Abadi afirma que las medidas de controles de precio están caducadas mundialmente y que en lugar de mejorar la economía se traducen en «medidas de desajuste económico» con un alto impacto negativo.

«Como era de esperar los controles no han contenido la inflación pero además ha desincentivado la producción. Las actuales regulaciones de precio han sido las más largas y continuas de la historia, pero también han ido en crecimiento, ya no son unas decenas de productos como al inicio si no que por la Ley de Precios Justos técnicamente todos los precios están controlados».

Hay sobreprecio desde «los chinos» hasta Mercal

En el país existen más de 50 productos regulados que no pueden venderse a un precio mayor al establecido por una providencia administrativa de la Superintendencia de precios. A estos bienes se le suman las listas publicadas por las empresas privadas, como Procter and Gamble y Nestlé, donde se ha fijado el valor al que se deben comercializar en cada instancia sus mercancías.

Estas restricciones deben ser cumplidas por los comerciantes o podrían enfrentar «prisión de ocho a diez años, la ocupación de temporal de su establecimiento hasta por 180 días y una multa de 1.000 a 50.000 Unidades Tributarias», por delitos de especulación contemplados en la Ley de Precios Justos.

Sin embargo, la economista Abadi asegura que las restricciones siempre estarán asociadas con mercados paralelos. «Por lo general hay personas dispuestas a pagar precios superiores por lo que apenas se implementan los controles se suelen traducir en mercados negros, los empresarios van a preferir producir o vender un bien que no le genere pérdidas a vender un producto que no se ajuste a las estructuras de costos».

Sin embargo, las formas de burlar los controles han proliferado. María Alejandra Rodríguez es una cliente frecuente de abastos, panaderías y negocios pequeños. En estos lugares ha sido testigo de ventas con sobreprecio, condicionamiento de las compras a precio justo con el pago de productos no regulados, pago exclusivo en efectivo y la imposición de un «combo de compra» que le obliga a llevar una cantidad y variedad fija de productos.

«Nadie se queja por los combos en los chinos porque suelen ser cosas que escasean mucho, pero he escuchado de lugares en los que te piden que compres hasta más de mil bolívares en otros productos para dejarte llevar los combos», comenta Rodríguez.

«En Mercal te piden que compres otros productos para llevarte los alimentos regulados»

Situaciones similares le han ocurrido a Elena Linares y Carla Romero, quienes dicen que los locales comerciales “ponen los precios que quieren y por eso no dan facturas”. “Cada quién hace lo que quiere, excepto con los productos regulados que la gente ya sabe cual es el precio, pero las autoridades no hacen nada, la mayoría lo aceptan y más bien lo permiten porque para ellos es un negocio”.

Romero es habitante del barrio José Antonio Páez, ubicado en el kilómetro 11 de El Junquito, y afirma que en el Mercal de su comunidad venden con sobreprecio. «Te piden que compres primero cualquier otro alimento, como un kilo de papas, antes de poder optar por los productos regulados. Hace unos meses lo iban a cerrar pero la comunidad lo defendió, dijeron que preferían pagar 50 bolívares de más a no tener nada que comprar”.

Sin embargo, otra usuaria de jornadas de Mercal en Catia dice que en su comunidad sucedió algo parecido con un punto de venta a cielo abierto y se denunció. “Ahora va a ir un coordinador a supervisar que no se venda con sobreprecio«.

Pero las quejas o denuncias no son el común denominador. La mayoría de los clientes prefiere callar o irse con las manos vacías. Linares señala que ha reclamado cuando ve grandes diferencias en los precios pero sabe que no todos lo hacen.

“Vi que me estaban cobrando más de lo que aparece marcado por un paquete de cubitos. Era algo pequeño pero le dije a la dueña del local que por eso se podían meter en tremendo problema. Al final la portuguesa me devolvió la diferencia, pero eso se lo deben hacer a muchos más”.

Se intentó contactar a la Superintendencia de Precios Justos en varias oportunidades, pero alegaron no estar autorizados por el momento para dar declaraciones sobre las denuncias y fiscalizaciones que realizan para combatir los incrementos de precio no autorizados.

Los mayoristas también aumentan

«Lo que está llegando regulado está más caro, cada vez vienen con precio nuevo», dice Roberto Pereira un comerciante de la parroquia Candelaria. Asegura que aunque los clientes se quejan de los costos «saben por lo que pasa en el país y esos son los precios».

Rosa, dueña de un quioscos en la avenida Urdaneta, se suma a esta explicación y dice que los productos para consumir suben semanalmente. 

Algunos negocios se ven forzados a vender a mayores precios porque deben pagar a sus proveedores pagos de servicios y productos adicionales que los comercios compensan con aumentos a sus clientes.

“Esta semana tengo el agua a 60 bolívares pero la semana que viene ya tengo que cobrarlas a 80”, manifiesta Rosa y añade que su proveedor le dijo que ellos también se la están vendiendo “casi a pérdida”.

Esta comerciante, como casi todos los de la zona, compra en el mercado de Catia, aunque ha tenido que cambiar de proveedores en busca de mejores precios. “Compro dependiendo de lo que me vayan diciendo, si en un lugar u otro es más barato. Donde estoy adquiriendo el agua ahora me están exigiendo pagar el transporte hasta el quiosco, además la gente siempre pide pitillos y bolsas, eso también debemos pagarlo y aumentan los costos”.

“Nosotros también necesitamos ganarle algo a lo que vendemos”

Afuera de la estación del metro Los Símbolos los vendedores tienen precios similares en las bebidas. “Nosotros también necesitamos ganarle algo a lo que vendemos”, comenta la encargada de uno de los 10 puestos de chucherías. «El paquete lo están vendiendo en 1500 bolívares, por eso yo necesito vender cada botella de 400 mililitros a 80. Esta vez tengo hasta una marca diferente porque tampoco se consigue lo mismo todo el tiempo».

Las exigencias a los establecimientos también cambian. El dueño de una licorería, que prefirió no revelar su nombre, explicó que por cada caja de agua que compra le obligan a adquirir una caja de refrescos Dumbo, «pero eso nadie los pide y se le quedan a uno allí».

«A veces me obligan a pagar el transporte también y por allí te aumentan mucho. Yo he optado por no vender agua porque no estoy dispuesto a perder con los otros productos», comenta.

Los servicios controlados se pagan más caros

Existe otra ola de denuncias por sobreprecio que no corresponde a alimentos. En las regiones del interior de Venezuela los reportes de especulación van desde los repuestos electrónicos hasta los servicios.

Un usuario de Pdvsa Gas Comunal en Barquisimeto comenta que en la entidad la venta de las bombonas o cilindros para el uso doméstico y comercial son «una mafia».

«La bombona grande de 43 kilos, cuesta 25 bolívares, pero a ese precio no se consigue y si se logra comprar es después de largas colas que comienzan a las 5:00am en la distribuidora y tú mismo debes llevar la bombona. Para que pasen por la casa a surtir hay que llamar varias veces y estar pendiente del camión, pero te cobran a 350 la bombona y si uno se queja le dicen que ellos te la están trayendo hasta tu casa y eso cuesta”.

Los pasajes de transporte público son otro de los costos por servicios que están regulados pero que aumentan sin anuncios oficiales en Gaceta.

Desde el 10 de diciembre de 2015 las rutas urbanas del área metropolitana de Caracas cobran 20 bolívares. Según información publicada en «Últimas Noticias», Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, explicó que en una asamblea con los gremios del sector se acordó unificar a ese monto.

«En otros estados, el pasaje es más caro: en Maracaibo estamos cobrando 25, en Barquisimeto, en horario nocturno y fines de semana, 30 bolívares y en Maturín 25», afirmó.