La Comisión de Contraloría investigará el proceso de cierre de la institución financiera, así como “el gran saqueo del sistema cambiario”.
Gabriela González
Desde muy temprano, la Comisión Permanente de Contraloría se reunió para abordar distintos temas.
Uno de ellos, contó con la presencia de varios trabajadores activos y jubilados del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quienes denunciaron la situación irregular bajo la que se tomó la decisión de cerrar la institución financiera. Institución que, por cierto, cumple 79 años.
Varios trabajadores alegaron que la decisión de cierre del banco “no puede tomarse por una decisión de accionistas mayoritarios. Eso no es una empresa privada que se liquida y ya. Es un banco del Estado”.
Además denunciaron que entregaron las filiales de Nueva York, Miami y Curacao y se transfirieron los títulos valores asumiendo la deuda de la casa matriz en el país.
Los trabajadores del BIV exigen saber cómo, cuándo y a quién se le vendieron los bonos, así como exigen saber por qué se tomó la decisión de cierre cuando, según ellos, el banco arrojó balances azules en los últimos meses.
“No somos de un bando ni del otro. Somos Venezuela y queremos respuestas”, decían los trabajadores mientras coreaban “no al cierre”.
Los diputados del Gran Polo Patriótico no intervinieron ni votaron en este punto.
Incluso el presidente de la comisión, el diputado Freddy Guevara, tuvo que pedirle al público presente que respetara a los diputados, ante los gritos y las increpaciones de los trabajadores hacia los diputados.
El diputado Guevara indicó que “en sí misma, la liquidación del banco es un proceso poco transparente” por lo que propuso llevar a la plenaria la creación de una comisión especial conformada por miembros de las comisiones de Contraloría, Política Interior, Desarrollo Social y Finanzas para abordar este tema.
La otra propuesta fue investigar el proceso de cierre y las denuncias de corrupción que pesan sobre las acciones de liquidación del banco. Ambas propuestas fueron aprobadas con el voto de la oposición.
El Banco Industrial de Venezuela cuenta con 2600 trabajadores activos y 1080 jubilados.
“El gran Saqueo”
El diputado Ismael García (MUD) fue el encargado de presentar denuncias relacionadas al sistema cambiario en materia de alimentos y medicinas.
Como “el gran saqueo del sistema cambiario” denominaron a los contratos que se otorgaron a tasa preferencial para traer bienes de primera necesidad.
Con el voto salvado del PSUV se aprobó investigar a Alejandro Andrade, Carlos Erick Malpica Flores, Eugenia Sader, José David Cabello, Jesús Mantilla y Manuel Barroso.
“Para qué van a investigar estos casos si su ley de amnesia perdona casos de malversación de fondos”, esbozaron los diputados del PSUV.
Pueblo vs. la Ley
Ante el recordatorio de que el diputado Pedro Carreño no había entregado su Memoria y Cuenta de la comisión pasada, éste le respondió que ellos “solo le responden al pueblo. No tengo problemas en hacer una concesión graciosa y entregarles el informe (…) Yo no voy a rendir cuentas” y esgrimió la Ley de Reglamento de Interior y Debate.
Además, el diputado Carreño solicitó ante la comisión copia certificada de las denuncias que realizara el diputado Julio Montoya la semana pasada relacionadas al caso Andorra.
Carreño dijo que “está comprobado que el 80% de las denuncias de corrupción en los parlamentos no llegan a ningún lado por falta de pruebas”.
Según Carreño, los diputados Montoya y García realizaron denuncias y sometieron al “escarnio público a venezolanos y yo quiero saber dónde están esas pruebas”.
Recordó que García había denunciado a su hermano en la primera sesión de trabajo de la comisión por unos negocios con cabillas. Carreño le preguntó al diputado García, si «por lo menos» había formalizado la denuncia.
Amnistía a la calle
En la comisión de Política Interior se acordó comenzar la consulta pública sobre la Ley de Amnistía desde este viernes 26 de febrero. La consulta durará dos semanas.
El diputado por el PSUV, Edwin Rojas, señaló que ellos no formarán parte de la consulta porque saldrán a la calle a explicarle a la población lo que, a su juicio, significa la ley que calificó como de “amnesia”.
Sin embargo, el diputado solicitó que se incluyeran a las comunas y al parlamento popular en dichas consultas. Esta solicitud fue negada ya que “son figuras que no se encuentran en la ley”.
De nuevo ausente
Nuevamente la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, faltó a la comparecencia que le hiciera la comisión de Culto y Régimen Penitenciario. Al respecto, el diputado y presidente de la comisión, Richard Blanco informó que la consultoría jurídica activará los mecanismos previstos en la Ley de Comparecencia de funcionarios.
