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La decisión del TSJ fue consecuencia del recurso de interpretación que introdujo ante el máximo tribunal un grupo de movimientos sociales
EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este jueves la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar la «validez» y la «vigencia» del decreto de emergencia económica que lanzó a principios de año y que fue rechazado por el Parlamento y anunció que próximamente activará medidas en el sector.
«Que se acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y yo actuaré en consecuencia, así que tengo en vigencia el decreto de emergencia económica, así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando», dijo durante un acto de Gobierno desde el estado occidental de Carabobo.
El presidente comentó que la decisión del TSJ fue consecuencia del recurso de interpretación que introdujo ante el máximo tribunal un grupo de movimientos sociales «indignados por la decisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de darle la espalda al plan de recuperación económica» contenido en el decreto.
«Ha hablado el TSJ, santa palabra, debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional y todas las instituciones, que no se vayan a poner cómicos (protestar)», pidió.
El gobernante también aseguró que, según lo decidido por el Supremo, el decreto tiene vigencia desde el pasado 14 de enero y por un lapso de 60 días «prorrogables».
Celebró, además, que la magistrado ponente de la interpretación fue la propia presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, que también es presidenta de la Sala Constitucional que se encargó del recurso.
En la sentencia se indica, además, que «el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos».
El 22 de enero pasado la AN, de contundente mayoría opositora, rechazó la convalidación del decreto de emergencia económica aprobado por Maduro días antes para atender la crisis de la nación petrolera por considerarlo un «cheque en blanco» para el jefe del Estado.
La propuesta fue rechazada con 107 votos de la oposición frente a 53 oficialistas que votaron a favor, después de que la comisión especial designada para evaluar el contenido del decreto de excepción recomendara su desaprobación.
Con esta decisión parlamentaria quedaba sin efecto la medida que permite al Ejecutivo, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
Maduro criticó entonces la decisión del Parlamento al calificarla de «inconstitucional» y pocos días después dijo que tomaría acciones legales contra el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup y contra el diputado José Guerra que impulsó el informe para desaprobar el decreto.
