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Cofavic manifiesta su preocupación por las «presuntas desapariciones forzadas» y «presuntas ejecuciones extrajudiciales» ocurridas en el pueblo de Tumeremo en marzo de 2016
Redacción La Razón/ Nota de prensa
El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) del 27 de febrero de 1989, ONG dedicada a la protección de los derechos humanos, ha manifestado su preocupación por las «presuntas desapariciones forzadas» y «presuntas ejecuciones extrajudiciales» ocurridas en el pueblo de Tumeremo, el pasado 4 de marzo de 2016.
Tras una visita al estado Bolívar los días 8 y 9 de marzo del año en curso, Cofavic ha recopilado información de distintos actores en la zona que aseguran que son muy frecuentes los enfrentamientos entre bandas, y el modus operandi que suele usarse es la presunta ejecución extrajudicial. «Estos grupos sepultan los cadáveres dentro de las minas y usan presuntamente motosierras para desmembrarlos con el uso de la desaparición forzada como un mecanismo que garantiza la impunidad», destacan en el documento.
El mismo texto explica que en Tumeremo han ocurrido anteriormente varias masacres que «no han sido suficientemente investigadas por las autoridades ni se han sancionado a los responsables».
A juicio del Comité estos hechos, en su mayoría, «han quedado silenciados por el miedo y porque una parte importante de las víctimas presuntamente es de origen extranjero».
«Las bandas organizadas ligadas a la minería ilegal ejercen el control social de la zona, en gran medida con la aquiescencia y la tolerancia plena de las autoridades», destaca la nota.
Tras los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2016 se denuncian presuntas desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales. La cifra de las víctimas no es definitiva pero la ONG ha podido consolidar un listado de 17 personas presuntamente desaparecidas forzosamente (15 hombres y 2 mujeres). Mientras que el Ministerio Público confirma que pudieron identificar a 16 presuntos desaparecidos y la Defensoría del Pueblo ha confirmado la desaparición de 27 personas.
De acuerdo a la la información recopilada por la ONG, se indica que el 4 de marzo en una alcabala o punto de control apostada a 45 minutos aproximadamente de Tumeremo, y a cargo de hombres fuertemente armados, fueron detenidas y agrupadas todas las personas que se dirigían a la Mina ‘Atenas’. Según indicaron varios sobrevivientes, esta acción se desarrolló desde muy temprano y se extendió hasta las 8 de la noche aproximadamente. Asimismo, los testigos relataron que en el lugar permanecieron en calidad de secuestrados alrededor de 600 personas, a quienes no se les permitía moverse bajo amenaza de muerte.
El grupo de hombres fuertemente armados, de acuerdo a testimonios de sobrevivientes, estaba conformado por aproximadamente 60 hombres vestidos de civil mientras que otros portaban chalecos presuntamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), todos coordinados por un sujeto a quien apodan el ‘Topo’, conocido en el lugar como el líder de una banda organizada dedicada a la explotación minera, que deseaba tomar el control de la mina, según informaron los lugareños.
Luego de varias horas, según relata un testigo, la gente retenida fue obligada a presenciar presuntas ejecuciones extrajudiciales y presuntas torturas, señalando que estos hombres armados preguntaban los nombres de los privados de libertad, formulaban preguntas e iban disparando. Del mismo, presuntamente un grupo de los detenidos ilegalmente fue obligado a cargar a las víctimas y las motos de los fallecidos y a colocarlos en un camión de volteo. Los testigos relatan que una vez apilados los cuerpos, escucharon sonidos de motosierra. Un sobreviviente contó que los hombres amarraron a un hombre a un vehículo y lo arrastraron hasta perder parte de su piel por diversas escoriaciones.
Posteriormente, en horas de la noche, cerca de las 9, algunas de las personas ilegalmente detenidas fueron obligadas a regresar al pueblo pero bajo amenaza de muerte. Desde su detención, se les habían despojado sus identificaciones (cédulas de identidad), y de acuerdo al testigo, les dijeron que el que denunciara «es persona muerta”.
Otros testimonios confirman que, ese mismo día, se desarrolló otro evento directamente en la zona de la mina entre las 4 y 6 de la tarde, en el que se reportó un número aún indeterminado de personas heridas y asesinadas. Estos restos también fueron retirados del lugar del suceso presuntamente por los mismos autores de los asesinatos.
Según ha podido conocer Cofavic, lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Quinta del segundo circuito del estado Bolívar, el domingo 6 de marzo de 2016.
Los familiares de las víctimas y sobrevivientes expresan un profundo temor a sufrir represalias ulteriores y una muy lamentable pérdida de confianza en las instituciones encargadas de hacer justicia.
Responsabilidad del Estado venezolano
Por la magnitud de los hechos y por el temor que sembró este caso en la población civil, se puede determinar «la consolidación del control de grupos armados civiles en esa zona del país e ilustra las consecuencias de las múltiples omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del Estado con grupos armados civiles», así como la impunidad y la crueldad con la que desarrollan los crímenes estas bandas armadas, concluye la nota.
