Este miércoles se aprobó en segunda discusión la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas a Jubilados y Pensionados
Gabriela González
Con pancartas y carteles, muchos del 2006 que demostraban cuánto tiempo tienen «luchando por este beneficio», los adultos mayores ocuparon unos palcos que llevaban semanas sin público, tras los hechos ocurridos durante el debate sobre el proyecto de ley de Producción Nacional.
Con este público al que todos los diputados le demostraron su respeto inició un debate sobre los 14 puntos contentivos del informe final que duró poco más de dos horas.
En ese tiempo, los «viejitos» gritaban «unanimidad», «lo logramos» e incluso se pararon y dieron la espalda durante la intervención de Hector Rodríguez (PSUV) en señal de desaprobación por salvar el voto.
En un ambiente muy diferente al de la sesión en la que se aprobó la Ley de Amnistía, los diputados Héctor Rodríguez y Miguel Pizarro compartían «amenamente». Pero las acusaciones de populismo por parte de Rodríguez fueron respondidas con contundencia por Pizarro.
¿Se acabó la luna de miel en el GPP?
El informe final presentado este miércoles para la segunda discusión de este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el seno de la comisión de Desarrollo Social. Y aunque la lógica indicaría que sería aprobado por unanimidad por el pleno de los diputados, no fue así.
Comenzando el debate, el diputado oficialista Víctor Clark tomó la palabra para indicar que su bancada salvaría el voto en esta Ley.
¿El argumento? No hay dinero.
Sostuvo que sería «demagógico y politiquero» aprobar una ley sin tener claro cuál sería la forma de sustentarla y hacerla viable.
Argumento cuya respuesta por parte del bloque opositor fue: «si hay dinero para empresas militares y aviones chinos tiene que haber dinero para garantizarles alimentos y medicinas a las personas mayores«.
Mientras transcurría el debate un movimiento extraño se daba en la bancada conformada por el Gran Polo Patriótico. Se observaban caras largas y señales de desaprobación por parte de los diputados Oscar Figuera y Yul Jabour.
Héctor Rodríguez, jefe de fracción, y Víctor Clark se acercaban a los curules de Figuera y Jabour a conversar y luego los dos diputados hacían lo propio acercándose a los curules de Rodríguez y Clark.
Radiografía de la Ley
- Beneficiarios: pensionados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o por algún ente público y jubilados por entes públicos y privados (mujeres mayores de 55 y hombres mayores de 60).
- El monto del beneficio es equivalente a 67 Unidades Tributarias mensuales.
- El bono se hará efectivo en el momento en que se pague la pensión o jubilación.
- El bono podrá ser efectivo o en cupones, tickets o tarjetas electrónicas.
- Las multas, infracciones y obligaciones para establecimientos de expendio de alimentos y medicinas así como las empresas que administran la gestión de beneficios sociales se regirán por la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras.
¿Cuánto cuesta?
La incidencia económica estimada en el proyecto establecía que el bono estaba tasado en Bs. 10.000 por mes. Monto que representa un 22,8% del valor promedio de la Canasta Alimentaria Familiar.
Asimismo estima que existen 3,1 millones de pensionados, siendo la incidencia presupuestaria en el primer año de Bs 372.000 millones, un 0,82% del Producto Interno Bruto.
También se tomó en cuenta una inflación promedio mensual de 15% (435% anualizada).
Teniendo esto en cuenta, se prevé que los excedentes por concepto de pago de impuesto sean utilizados para dar viabilidad a la ley, una viabilidad cuestionada por la bancada oficialista que propuso crear impuestos especiales para «poderla sostener». Propuesta que fue negada por la mayoría opositora.
Haciendo un ejercicio comparativo, en 2014 el Legislativo aprobó 168 millones de bolívares (26,6 millones de dólares al cambio oficial para el momento y poco más de un millón al paralelo) Para el festival Suena Caracas.
Para la segunda edición de este festival en 2015, la Alcaldía del municipio Libertador, aprobó un crédito adicional de Bs 215.913.491,3.
Ahora el Ejecutivo contará con 10 días para promulgar esta ley.
Al «apagón» le queda un halo de luz
Más temprano, el diputado por la MUD, Jorge Millán, integrante de la Comisión de Energía y Minas, informó que fiscales en Estados Unidos y Brasil facilitarán datos relacionados a las investigaciones que se siguen por actos de corrupción y que involucran a empresas que operan en Venezuela en el sector eléctrico como Odebrecht.
Criticó la «poca seriedad» con la que, desde el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec se maneja la crisis eléctrica, y el hecho de que a lo único que apuesten como solución es que llueva.
Recordó el nivel crítico de agua de la represa El Guri pero descartó que ocurra un «inminente» apagaron como circula en redes sociales.
El diputado, que considera a Corpoelec como un «gran elefante de corrupción», reiteró la posibilidad de eliminar el ente en el proyecto de reforma de la Ley del Sistema Eléctrico, proyecto que aspira entre en primera discusión la próxima semana.
De igual forma no descarta que desde la comisión se planteen proyectos que permitan proveer energía de otras fuentes como la eólica y solar.
Además informó que se citará a todas las empresas vinculadas al sector así como a los exministros de la cartera.
